En los proyectos se está analizando la incorporación, si no contraviene la legislación nacional, de algunos elementos que contempla la Ley Modelo para Combatir el Comercio Ilícito y la Delincuencia Transnacional Organizada, aprobada por el El Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino) en febrero pasado, añadió.
Este último se trata de un marco legal que busca ofrecer a los países de la región una herramienta contra el comercio ilícito, el contrabando y otros delitos vinculados como las operaciones en el ciberespacio y el blanqueo de capitales.
La primera propuesta en mención sustituiría el decreto 58-90, que contiene la ley respecto de la materia que está en vigencia en la actualidad.
Nuevas penalidades propuestas
- Para casos de defraudación aduanera se proponen penas de prisión que van de 7 a 10 años para autores y de 4 a 6 años para cómplices. Además, se elimina la figura de encubridor por estar contemplada en el Código Penal.
- Se incluye el delito de incumplimiento de requisitos no arancelarios, que se sancionará con prisión de 1 a 3 años.
- En el caso de contrabando aduanero se proponen penas que van de 10 a 12 años de cárcel para autores y de 6 a 8 años para cómplices.
- Para casos especiales de contrabando aduanero las penas van de 11 a 13 años para autores y de 6 a 8 años para cómplices.
- La introducción de mercancías de contrabando aduanero se sancionará con 11 a 14 años de prisión para autores y de 6 a 8 años de prisión para cómplices.
- Se crea el delito informático en aduana, el cual se sancionará con prisión de 6 a 8 años para autores y de 4 a 6 años para cómplices.
Se establece la obligación de proporcionar información a la SAT para el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) para verificar la frecuencia de ingreso y salida del país a quienes se aplican exenciones de conformidad al Código Aduanero Uniforme Centroamericano, CAUCA), además del Registro Nacional de las Personas respecto de las defunciones.
“Es de resaltar que dentro de las reformas que se proponen a nivel nacional ya se está incluyendo el abordaje del delito informático y la creación de un fondo para el financiamiento de acciones para la prevención y combate estos ilícitos”, expresó el intendente.
La segunda propuesta plantea modificar la Ley Nacional de Aduanas (decreto 14-2013) las Disposiciones Legales para el Fortalecimiento de la Administración Tributaria (decreto 20-2006) y el Código de Comercio (decreto 2-70), refirió Ovalle.
Entre los cambios están:
- Incrementar las multas a 600 pesos centroamericanas (equivalente a US$600) en la Ley Nacional de Aduanas, decreto 14-2013.
- Incluir a los ministerios de la Defensa Nacional, de Agricultura y de Salud Pública como miembros del Coincon, con reformas al decreto 20-2006.
- Propone inclusión de nuevos requisitos del endoso en el Código de Comercio (2-70).
- Además, la inclusión de requisitos para obtención y renovación de licencias con reformas al decreto 109-97, Ley De Comercialización De Hidrocarburos
Con estas modificaciones, se busca mejorar la coordinación interinstitucional, la actualización de las sanciones administrativas, el mecanismo para mejorar el control y trazabilidad de las mercancías, fortalecer la integración del Coincon, entre otras, dijo Ovalle, al exponer que “las propuestas elaboradas coadyuvarán a mejorar el control en aduanas en la certeza de la trazabilidad de la carga, los documentos que se utilizan para garantizar la propiedad de la misma, fortalecer el trabajo interinstitucional y por ende, disminuir el riesgo de defraudación y contrabando aduaneros, lo cual incide directamente en el incremento de la recaudación”, expresó el funcionario.
En la actualidad, las propuestas se están evaluando en el Coincon y el cual es el canal adecuado para trasladar al Congreso, añadió.
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¿Qué le falta a la propuesta?
Axel Romero, gerente de gestión de la Comisión de Defensa del Comercio Formal de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), indicó que el sector empresarial está analizando en una mesa de trabajo la propuesta de ley contra el contrabando y ya tuvieron la primera reunión con la SAT, en la actualidad están en proceso de diálogo para consensuar posturas.
El directivo dijo que consideran de mucha importancia la actualización de la ley, incluir el tema de tecnología y generar regulaciones para que no haya facilidad para cometer algunos delitos por medios electrónicos, ya que en la actualidad no se pueden perseguir.
También ven la necesidad de que la ley sea más específica con el fin de que los jueces no tengan una interpretación antojadiza en aspectos de que acciones son delitos.
Comentó que la ley tiene puntos positivos como actualizar la ley y aumentar las penas, pero hay algunos puntos en los que hay visiones distintas entre el sector privado y la administración pública.
Uno de estos es el tema de la destrucción de la mercadería de contrabando ya que el sector empresarial sí apoya que sea destruida porque entra por al país por medio de un delito, pero la SAT busca la opción de que se dé en donación a instituciones benéficas, lo cual daría una visión de que se le está viendo ese ilícito como algo benéfico, explicó.
También consideran que es necesario establecer claridad en el dolo o intencionalidad de la comisión de los hechos ilícitos y diferenciarlo de un error involuntario y que éste último no sea perseguible.
Otro punto donde se debe lograr consenso en la cuantía o límite en el valor de la mercancía con lo cual es considerado como un caso administrativo o uno penal.
Romero explicó que, en la actualidad, se considera por la vía administrativa el contrabando de mercadería por hasta US$3 mil, y la SAT no ha promovido cambiarlo.
“Nuestra postura es que se baje a US$500. Consideramos que más de US$500 no es consumo personal”, indicó el ejecutivo de la Comisión de Defensa del Comercio Formal de la CIG.
“Debe categorizarse como crimen organizado”
Enrique Lacs, director ejecutivo de la Cámara de Guatemalteca de Alimentos y Bebidas (CGAB), dijo que desconoce el contenido de las reformas mencionadas por la SAT y comentó que ese ente ha pedido desde hace dos años que se modifiquen tanto la ley como la política de defraudación y contrabando.
Explicó que la legislación debe ser más amplia y no tratar exclusivamente el contrabando aduanero, porque al trasegar productos también se violan regulaciones y leyes sanitarias, agropecuarias, ambientales y de control de alimentos, entre otras, por lo que dicha organización considera que debe hacerse una consolidación.
Con la ley actual, hay participación del ministerio de Salud y de Agricultura, pero es muy débil, criticó.
Recomendó “eliminar esa aberración de considerar como una infracción de contrabando el paso de productos por valor de hasta US$3 mil (alrededor de Q23 mil)” ya que a una persona que pasa productos hasta por ese monto solo se le pide pagar los impuestos y la multa por estos, pero el trasiego no ha sido por error, que se la haya olvidado, sino lo hacen de forma premeditada.
Lacs dijo que están en desacuerdo con la postura de la SAT y del Ministerio Público, ya que esas entidades argumentan que perseguir a personas que trasiegan productos por esos montos “se volvería demasiado trabajo y se deben enfocar en estructuras más grandes”.
Y, el tercer punto mencionado por la CGAB es que se debe corregir la ley para enfocarla y categorizar el contrabando aduanero como un delito de crimen organizado y un asunto de seguridad nacional, pues las penas y acciones legales cambian y son mayores tienen que ser mayores, expuso Lacs a diputados que tienen a su cargo analizar ese tipo de tema en el Congreso, además a ministros de finanzas e intendentes de aduanas, pero no han prosperado las peticiones.
En el 2020, la recaudación anual de la SAT fue de unos Q59 mil 500 millones, pero si a ese monto se le sumaran los Q17 mil millones que se estima deja de recibir el fisco debido al contrabando, los ingresos por impuestos alcanzarían los Q76 mil 500 millones, según un análisis efectuado por el Observatorio Contra el Contrabando (OCC) en febrero pasado.
¿En qué puede apoyar una Ley Modelo regional?
En el marco de la ley modelo, esta se adapta en algunos aspectos, principalmente lo descrito en el capítulo VIII relacionado a Educación, y Conocimiento de los Consumidores y Usuarios, a otros instrumentos nacionales para la prevención de la defraudación y el contrabando, como lo es la Política Nacional de Prevención y Combate a la Defraudación y el Contrabando Aduaneros 2018-2028, aprobada en agosto de 2018.
El intendente indicó que se continúa con el análisis interno de la Ley Modelo aprobada por el Parlatino porque también debe verificarse su contenido con otras leyes guatemaltecas según las competencias del órgano investigador como el Ministerio Público, y el Organismo Judicial.
Sin embargo, hay algunos puntos que se adaptan a las propuestas en mención que se trabaja en el país, como el abordaje de la problemática del comercio ilícito de una forma integral y como un fenómeno global, también se enfoca en el comercio ilícito, contrabando y falsificación de productos.
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También promueve la cooperación y asistencia multisectorial, intergubernamental e internacional y busca que las autoridades procuren la aplicación coordinada de esta ley con otros instrumentos normativos internos e internacionales
Además, cuenta con un capítulo exclusivo para el tema de comercio electrónico, prevé la creación de un fondo especial resultante de los montos obtenidos de las sanciones pecuniarias para financiar acciones de prevención y combate del comercio ilícito, contempla agravantes para los ilícitos e incluye el tipo penal de “contrabando fraccionado” cuando se determina que se ha incurrido en diversas infracciones administrativas
Finalmente, aborda el intercambio de información para garantizar la transparencia en la cadena de valor y su monitoreo y promueve la creación de un consejo público-privado similar al Coincon.
