En la ciudad o la provincia el agua es un bien vital que cuando escasea trae graves problemas que  ya están causado ingobernabilidad.

Lo paradójico es que ese recurso abunda en Guatemala. Del 2011 al 2020, según reportes de 13 estaciones meteorológicas del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), cayeron en promedio mil 680 milímetros (mm) de lluvia,  al año.

Algunos aguaceros fueron tan intensos que dejaron promedios mensuales muy elevados, como en el 2011 —dos mil 228 mm—,  2013 —mil 898 mm— o  2020 —mil 794 mm—, y en algunas estaciones como las de Retalhuleu; Puerto Barrios, Izabal, y Cobán, Alta Verapaz, llovió en varios meses más de tres mil y hasta tres mil 700 mm.

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El promedio anual de agua de lluvia en Guatemala es superior a la totalidad de los países europeos y mucho mayor del de naciones de Oriente Medio, norte de África o Israel,  donde puede llover tan poco como 50 mm al año. Sin embargo, muchos de esos países no afrontan  escasez de agua y algunos destacan por su manejo del sector agrícola.

Además, Guatemala tiene unos 20 lagos y 38 ríos principales, que recorren cientos de kilómetros y  a su paso son alimentados por una infinidad de afluentes de menor caudal y riachuelos hasta desembocar en  el Pacífico, el Atlántico y el Golfo de México.

De acuerdo con datos del Instituto Privado de Investigación sobre Cambio Climático (ICC), Guatemala cuenta con una oferta hidrográfica de más de 97 mil millones de metros cúbicos al año, pero el 90 por ciento de esa agua se desaprovecha.

El promedio per cápita en el país es de seis mil 875 metros cúbicos, casi siete veces el valor considerado de riesgo hídrico por persona, que es de mil metros cúbicos. El promedio por persona en el país es más bajo que Costa Rica —25 mil— o Nicaragua —23 mil—, pero  superior a España —cuatro mil—, Alemania —tres mil— o Israel —50—.

Se calcula que el país utiliza en todas sus actividades cerca del 10 por ciento de ese recurso hídrico, unos nueve mil 956 millones de metros cúbicos. La producción agropecuaria consume el 77 por ciento, los usos domésticos, 16, y la industria, 7, según el ICC.

El estudio del instituto calcula que una persona, en promedio, consume al año 54.75 metros cúbicos de agua en todos sus quehaceres, lo que da como resultado que para satisfacer el derecho humano al agua de sus casi 17 millones de habitantes el país requiere de 930.7 millones de metros cúbicos de agua por año,  apenas el 1 por ciento del total de la oferta hídrica.

¿Pero qué  se hace con toda esa agua? Las cifras de cuántas personas tienen acceso al recurso contrastan con esa abundante cantidad de agua que hay en el territorio nacional. El Censo Nacional de Población del 2018 reveló que el 59 por ciento de los hogares recibía el líquido a través de una tubería en su vivienda.

Del resto, el 14 por ciento la recibe de una tubería instalada fuera de su hogar, y el 12.2 por ciento a través de un pozo público o privado. Asimismo, 201 mil hogares se abastecen de algún río, lago o manantial, y 36 mil familias  deben comprar el agua  por toneles a camiones repartidores.

Alta Verapaz es el departamento cuya población tiene menos acceso al agua potable —28 por ciento—, pese a que es uno de los que más lluvia recibe y de los que más cuerpos  de agua posee.

La respuesta para este departamento, así como para el resto del país, de la razón de tanta dificultad para acceder al agua entubada cuando hay suficiente disponibilidad, se resume en el mal manejo del recurso.

El país ocupó el último lugar, junto con Belice, en el informe Estado de la implementación de la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos en Centroamérica y República Dominicana al 2020, elaborado por la Asociación Mundial del Agua.

En este ranquin, que evalúa los avances en cuatro aspectos —leyes, políticas y planes, instituciones y participación, instrumentos de gestión y financiamiento—, el país obtuvo 21 puntos, lo que se considera una calificación baja en cuanto a la Gestión Integral del Recurso Hídrico (GIRH). Los primeros lugares los ocupan Costa Rica —51— y muy atrás, República Dominicana —36—.

Los aspectos en los que Guatemala salió peor calificada son los que se relacionan con leyes, políticas y planes, y financiamiento para mejorar la gestión.

1. El manejo

El director general del ICC, Alex Guerra, compara el mal manejo del agua con una enfermedad en la cual los síntomas que se presentan deben alertarnos para sanarla.

Considera que el mal manejo que se hace del recurso hídrico podría deberse  a su abundancia, ya que los países con mucha escasez se han visto obligados a adoptar medidas para optimizar el uso del líquido.

En ese sentido, el especialista atribuye estos problemas de mal manejo de agua a las deficiencias en la administración del recurso, lo cual “hemos abandonado históricamente”, refiere.

Además, destaca Guerra, se requiere una ley de aguas, pues aunque en la actualidad existe legislación relacionada, tiene vacíos y contradicciones. En otros casos se trata de acuerdos gubernativos o ministeriales que carecen de la fuerza de una ley y con facilidad son modificados o derogados con los cambios de mandato.

La ley podría constituirse en el primer paso hacia el objetivo de mejorar la gestión integral del agua, pero no tendría que ser el único, puesto que se necesita financiamiento e información sobre los planes de manejo de cuencas e inventarios del recurso hídrico que hay en el país.

El investigador y especialista en cambio climático y sostenibilidad, Wener Ochoa, dijo que al dato de la abundante lluvia que cae en el país se deben agregar los casi 33 mil metros cúbicos de agua subterránea con que cuenta el país, según datos oficiales.

Por tal razón coincide en que, “sin duda”, el problema no es la disponibilidad del recurso sino “la mala gestión que se hace con poca transparencia y honradez, y que impide que se  dé un uso eficiente y sostenible al agua y que permita el acceso a toda la población”.

Al enumerar los grandes problemas en el manejo del líquido, Ochoa se refirió al incremento poblacional y desordenado de las ciudades, lo cual genera mayor contaminación, pero también a la falta de investigación científica  relacionada con el agua.

Ochoa asevera que el país no ha sido capaz de aplicar las leyes vigentes que ya exigen un uso eficiente y sostenible del agua, y que quienes más consuman sean quienes más paguen. Hacer cumplir estas normativas debería ser lo primero, para después aprobar una ley de aguas “de urgencia nacional”.

El artículo 127 de la Carta Magna dicta que “una ley específica regulará esta materia”, “su aprovechamiento uso y goce”; sin embargo, este mandato constitucional ha sido ignorado por distintas legislaturas del Congreso.

Ochoa hace ver que debe existir una institución rectora del agua, pero no solo en el papel o de nombre, sino que además tenga el financiamiento adecuado y lineamientos técnicos y científicos para orientar las políticas públicas relacionadas con el agua, y que no sea “un espacio institucional más para el pago de favores politiqueros donde ponen a gente sin el perfil técnico deseado”.

Guerra coincide en que “es necesario y urgente” que exista esta institución, pero enfatiza que debe ser autónoma, técnica y libre de influencias políticas, para “que no esté sujeta a la remoción de personal cuando haya cambio de gobierno”.

A su vez, Ochoa añade a la corrupción como otro de los problemas en el manejo integral del agua, que se pueden manifestar desde lecturas manipuladas de contadores, extracción de aguas y perforación de pozos sin control, hasta evitar sancionar a entes que contaminan los recursos hídricos.

“Es evidente que si no se combate la epidemia de la corrupción, todas las leyes, reformas y procesos participativos que se intenten implementar, fracasarán”, subrayó.

2. Cambio climático

Los problemas de disponibilidad de agua se han acentuado por el cambio climático, porque el agua de lluvia ya no se distribuye de manera homogénea en el espacio y el tiempo. Antes, durante la época lluviosa  casi todos los días había precipitaciones de forma regular, pero ahora deja de llover por mucho tiempo y luego se intensifican en pocos días.

“El cambio climático ha exacerbado la distribución heterogénea de las lluvias a lo largo del año”, explicó Juan Carlos Rosito, ingeniero agrónomo en Recursos Naturales.

Otro problema que ha contribuido a que  empeore el acceso al agua es el uso inadecuado de los suelos que regulan el ciclo de lluvia. Por ejemplo, una cuenca deforestada no favorece la captación de lluvia y, por lo tanto, la recarga de los mantos freáticos —subterráneos—.

Al final de cuentas, afirma Rosito, el agua en abundancia termina siendo “un mito” porque no se distribuye de manera adecuada. El problema, agrega, pasa más por la deficiente administración pública de este bien natural. Por ejemplo, hay muy poca infraestructura de captación de agua que podría aprovechar el líquido que cae en la temporada lluviosa para ser utilizada en la estación seca.

3. Contaminación

Los especialistas consideran que el manejo del recurso hídrico no se ha priorizado porque no hay una conciencia de la importancia de este ni se valora en su justa dimensión.

No se reconoce que todos deberíamos ser responsables del agua que ensuciamos y pagar por su limpieza de manera proporcional.

El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marn) estima que cerca del 95 por ciento de las aguas superficiales están contaminadas, y  menos del 5 por ciento de la que se utiliza se trata antes de verterse a los cuerpos acuíferos. Esto se suma  a que entre las que reciben tratamiento, muchas veces dicho proceso no es óptimo.

Por otra parte, la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales al parecer está estancada.

En mayo del 2006 se emitió el acuerdo gubernativo 236-2006, Reglamento de las descargas y reúso de aguas, residuales y de la disposición de lodos, el cual  obliga a las comunas a construir estos mecanismos de limpieza, pero su entrada en vigor ha sido aplazada en varias oportunidades.  La última vence en mayo del 2023.

El artículo 68 del Código Municipal establece que dentro de las competencias de cada municipio está la gestión del agua, en  abastecimiento y alcantarillado, así como la formulación y coordinación de planes, políticas y programas relacionados  con la recolección, tratamiento y disposición final de desechos y residuos sólidos hasta su disposición final.

Asimismo, el artículo 15 de la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente señala que el Gobierno debe ejercer el control para que el aprovechamiento y uso de las aguas no cause deterioro ambiental, para lo cual deberá revisar de forma permanente los sistemas de disposición de agua servidas o contaminadas, para que cumplan con las normas de higiene y saneamiento ambiental.

La Asociación Nacional de Municipalidades (Anam) reconoce que es imperativo tratar las aguas residuales y asegura que la construcción de plantas de tratamiento es una de las prioridades de la actual junta directiva (2022-2024).

Con el fin de alcanzar ese objetivo buscan acercamientos con el Marn para que de forma conjunta se pueda asesorar a las comunas en torno a qué tipo de planta es la que necesitan instalar en sus municipios.

En la actualidad están por concluirse los estudios de caracterización de aguas residuales por cada municipio, manifestó el secretario ejecutivo de la Anam, Gerson López. No obstante,  precisó  que la responsabilidad técnica y financiera de la construcción de las plantas de tratamiento debe ser compartida entre comunas y Gobierno.

“Estamos conscientes de que es un compromiso y responsabilidad de las municipalidades por mandato legal, y si no se ha cumplido es por falta de recursos”, justificó López.

El acuerdo gubernativo 236-2006, añadió, debe implementarse de manera gradual “porque los costos son muy elevados y para muchas comunas instalar una planta de tratamiento significaría una inversión de todo su presupuesto anual, y las municipalidades también deben atender otros servicios”.

4. Escasez en la capital

Vecinos de  colonias de las zonas 6, 7, 18 y 21 han protagonizado en los últimos años manifestaciones por la falta de suministro de agua entubada.

El problema tiende a agudizarse en los últimos meses de la época seca, cuando empieza a bajar el caudal de las fuentes de agua subterráneas.

En el 2020, el alcalde Ricardo Quiñónez declaró alerta amarilla por la escasez de agua e hizo un llamado a los vecinos a racionalizar su uso. Dos años más tarde, residentes de algunas colonias señalan que persisten algunos problemas.

“La parte baja de Nimajuyú sigue sufriendo por falta de agua”, señaló Edwin Ortega, residente de esa colonia de la zona 21, que hace dos años se vio seriamente afectada por la falta de suministro. Estos problemas, aseguró, se replican en otras zonas de la capital.

“El agua, por lo regular, siempre se nos ha escaseado por estos meses de mucho calor”, dice Carmen Hernández, vecina de la colonia El Limón, zona 18, quien vive allí hace  más de 40 años. El día que habló con Prensa Libre para este reportaje, los vecinos de esa colonia llevaban tres días de no recibir agua.

La Fundación para la Conservación del Agua de la Región Metropolitana de Guatemala (Funcagua) expone que la demanda del recurso hídrico se ha incrementado en la medida que crece la población. Esto hace que las municipalidades, los grandes complejos residenciales y el sector comercial e industrial perforen pozos para satisfacer su demanda, sin que exista una normativa que regule dicha práctica.

Según el Censo Nacional de Población y Vivienda del 2018, solo en el departamento de Guatemala vivían tres millones de personas, el 20 por ciento de habitantes del país, lo cual da una idea de la presión que existe en esta región sobre el recurso hídrico.

“Nos estamos gastando el agua del subsuelo. En Mixco, antes hallaban agua al cavar pozos, a 200 metros de profundidad. ¡Ahora excavan a 500, 600 y hasta 700 metros!”, exclamó María José Iturbide, directora ejecutiva de Funcagua.

Perforar pozos es una solución temporal, destaca. “Tenemos que buscar alternativas como cosechar agua de lluvia en hogares, residenciales y escuelas”, expresa.

Iturbide subraya que la responsabilidad del manejo del agua es de todos. Por lo tanto, simpatiza con la idea de que en el cobro mensual del agua se incluya una tarifa “por el agua que ensucio”, lo cual ayudaría a las municipalidades a instalar plantas de tratamiento y también invertir en la recuperación de cuencas.

No obstante, el problema es que pocos alcaldes parecen estar dispuestos a aumentar el valor del servicio del agua en sus municipios, porque esa decisión les podría representar costos políticos.

5. Más demanda

La Empresa Municipal de Agua (Empagua) abastece a 225 mil cuentas en la ciudad y en partes de algunos municipios vecinos. Para satisfacer la demanda cuenta con cuatro plantas de procesamiento que se abastecen de ríos: Lo de Coy, en Mixco; Ojo de Agua, San Miguel Petapa; El Cambray, en el límite entre Guatemala y Santa Catarina Pinula, y Las Ilusiones, en la zona 18. Además, dispone de 100 pozos mecánicos.

La empresa asegura que al 80 por ciento de los usuarios se les abastece  de agua con regularidad, lo que significa todos los días, aunque no las 24 horas. Al  15 por ciento de usuarios les llega el líquido cada dos días, y el 5 por ciento tiene problemas de abastecimiento.

“Las partes más cercanas a la fuente de producción, ya sea pozo o planta, van a estar mejor abastecidas que las lejanas, así como las partes bajas tendrán más que las altas”, explicó el vocero de Empagua, Carlos Flores.

“No es que nosotros digamos ‘a este 5 por ciento lo vamos a tener mal’. Se trata de las características geográficas de ciertas partes de la ciudad”, agregó, puesto que la red hidráulica funciona por gravedad.

Flores puntualizó que el crecimiento poblacional presiona los recursos hídricos en la capital, y “si hay más demanda, lógicamente la cantidad de agua para todos va a ser menor”. “La gente cree que Empagua tiene el poder de decidir cuánta agua les da a las personas, pero si tengo un pichel de agua y nos lo tomamos entre dos, alcanzará para dos o tres vasos cada uno; si somos cinco, tal vez un vaso, ¿pero y si somos 20?”, cuestionó.

El funcionario reconoce que el país tiene una oferta enorme de agua, pero si se quisiera tomar el recurso de los ríos lejanos el servicio sería mucho más caro y es probable que la gente no pueda pagarlo.

Empagua cobra  Q2.5 por metro cúbico de agua, que produce a un promedio de  Q5 o Q6, dijo.

El peor ejemplo

A menos de 30 km de la capital se encuentra uno de los cuerpos de agua más extensos de Guatemala: el Lago de Amatitlán, que podría ser un reservorio de líquido perfecto para miles de familias en el área metropolitana. El problema es que sus aguas están contaminadas por toda la basura y aguas residuales que llegan desde el sur de esta región.

Hace unos años en ese lugar funcionaba una planta que trataba las aguas antes de ser vertidas  al lago, y en el vertedero del km 22 había una planta de tratamiento de desechos sólidos que procesaba los residuos de los municipios aledaños hasta su disposición final, asegura el director de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la cuenca del lago de Amatitlán (Amsa), Edgar Zamora.

Pero con los cambios de gobierno y el constante desmantelamiento de los cuadros técnicos de la entidad, Amsa estuvo a punto de colapsar  el año pasado. Los problemas estallaron con un incendio de grandes proporciones que alarmó a la población y a las autoridades.

El lago aún tiene vida. Durante un paseo en lancha, por las mañanas se puede observar  gran número de aves de distintas especies que llegan a alimentarse. La pesca aún se practica y las familias llegan a compartir a sus orillas.

Pero las autoridades de Amsa, trabajadores que limpian el lago y los pobladores saben que al finalizar la estación seca, con  las lluvias llega lo peor de los municipios cercanos. Toneladas de desechos de todo tipo inundan las  aguas y transforman el lago en uno de los grandes vertederos  de basura del área metropolitana.

El otro ejemplo es el río Motagua, que lleva sus propias toneladas de basura hasta las playas del Caribe guatemalteco y hondureño. Esto es el reflejo del mal o nulo manejo que se hace de la basura, manifiestan los especialistas consultados.

Marn prioriza el agua

El titular del Marn, Mario Rojas, expresa que su cartera “ha dado un papel muy importante a los recursos hídricos”, y citó la aprobación del Acuerdo Gubernativo 19-2021, que establece las disposiciones generales para promover la protección y conservación de las cuencas hidrográficas, como una de las acciones destacadas.

También, prosigue el funcionario, la creación del Viceministerio del Agua y la aprobación del Reglamento para la Gestión integral de los residuos y desechos sólidos comunes, y la puesta en funcionamiento del laboratorio de calidad de agua, en el Marn.

Rojas dijo que en fecha reciente se solicitó al Consejo Nacional de Cambio Climático crear una mesa técnica para elaborar una propuesta de ley para abordar el tema del agua en Guatemala, y se espera que el Congreso la apruebe.

“La falta de un ordenamiento en la utilización del recurso hídrico limita el acceso en cantidad y calidad del agua, por lo que impulsando una normatividad que regule su uso, aprovechamiento y goce, conllevará una adecuada utilización y aprovechamiento”, concluyó Rojas.