El estado de calamidad permite realizar compras sin necesidad de cumplir con los procesos de licitación y cotización que establece la Ley de Contrataciones del Estado (LCE) para adquirir bienes, suministros, obras y servicios que sean indispensables para solucionar situaciones derivadas de emergencias públicas.

Esto, aunque permite mayor agilidad en las compras, genera suspicacias en diputados de oposición, organizaciones de sociedad civil y tanques de pensamiento dado que en el pasado ha habido múltiples denuncias de cómo los estados de calamidad son aprovechados para hacer compras sobrevaloradas y que a menudo no tienen relación alguna con la emergencia que se trata.

No obstante, el Ejecutivo insiste que es necesario.

“(…) Se han tenido impactos negativos en la vida, medios de vida y líneas vitales de diferentes regiones del país, por lo que es necesario emitir el decreto gubernativo en Consejo de Ministros que contenga la declaratoria de Estado de Calamidad pública con la finalidad de tomar las medidas oportunas que coadyuven a mitigar los efectos adversos provocados por dichos ciclones tropicales”, refiere el decreto gubernativo 5-2022 publicado en el Diario Oficial.

Mientras tanto, algunos legisladores rechazan la solicitud presidencial y piden que se atienda la emergencia cumpliendo la legislación.