Revista D

El caso de María Isabel Véliz

El asesinato de mujeres por el hecho de ser mujeres es la definición más extendida de una realidad que existe en todo el mundo. 

El caso de Véliz Franco fue el primero en llegar a la CIDH por temas de femicidio. Su mamá, Rosa Elvira Franco Sandoval —en la imagen— aún está a la espera de que el Estado de Guatemala acate la sentencia de la Corte.

El caso de Véliz Franco fue el primero en llegar a la CIDH por temas de femicidio. Su mamá, Rosa Elvira Franco Sandoval —en la imagen— aún está a la espera de que el Estado de Guatemala acate la sentencia de la Corte.

María Isabel Véliz Franco desapareció el 16 de diciembre del 2001, luego de salir de su trabajo. Para esa fecha, tan solo tenía 15 años. 

Dos días después, su cuerpo fue encontrado en un terreno baldío, en Ciudad San Cristóbal, zona 8 de Mixco. Aparte de su asesinato, la adolescente fue torturada y violada.

Desde entonces, su mamá, Rosa Elvira Franco Sandoval, ha emprendido una fuerte y consecuente lucha para que se haga justicia, cuestión que no ha sido fácil, pues ha recibido amenazas de muerte por parte de desconocidos.

Ya han pasado 14 años y no existen investigaciones sobre los hechos, mucho menos captura de sospechosos ni sentencias.

De hecho, en los días posteriores al crimen, Franco Sandoval denunció la indiferencia de las autoridades. “Llegaron a decir que mi hija era pandillera o prostituta, y que por eso la habían matado”, expresa, vía telefónica. “Nada de eso era cierto; ellos, además, tenían la obligación de investigar, cosa que jamás hicieron”, declara.

Por ello, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Organización de Estados Americanos, juzgó al Estado de Guatemala por denegar justicia a la familia de la quinceañera.

De esa cuenta, la 28 de julio del 2014, esa institución emitió una sentencia que dejó a la luz pública la impunidad que existe en el sistema de justicia guatemalteco.

La Corte dictaminó que la investigación del suceso no cumplió con las debidas pautas de diligencia —los detectives llegaron al sitio donde fue encontrada María Isabel, pero hasta un año después— y refirió que en Guatemala existen prejuicios y estereotipos sobre el rol social de las mujeres.

Frank M. Afflitto, doctor en Criminología, Derecho y Sociología por la Universidad de California, quien ha seguido el caso de la adolescente, indica en un documento que “el femicidio es una forma de genocidio, porque pretende aniquilar a la población joven, con total saña, y que trata a las mujeres como objetos desechables (…) Asimismo, es una forma de terror estatal, cuyo comportamiento se aprendió durante la guerra contrainsurgente”.

Escribe, además, que el femicidio depende de la complicidad e impunidad de las autoridades competentes.

En su sentencia, la CIDH determinó que hubo omisión de búsqueda, lo cual implica que el Estado, en perjucio de María Isabel, faltó en su deber de prevenir violaciones a los derechos a la vida e integridad personal, lo cual está contemplado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con los derechos del niño. Afflitto también detalla que el Estado incumplió en su deber de prevenir la violencia contra la mujer.

Ante ello, el Tribunal ordenó al Estado de Guatemala reconducir las investigaciones de forma eficiente y abrir los procesos penales correspondientes; efectuar un acto de disculpas públicas; fortalecer al Instituto Nacional de Ciencias Forenses; aplicar de forma correcta la Ley contra el Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer; capacitar a los funcionarios del sector Justicia —entre ellos fiscales y agentes de la Policía Nacional Civil—; brindar atención médica o psicológica a Rosa Elvira Franco Sandoval; y pagar las indemnizaciones por daños materiales e inmateriales.

El plazo para su cumplimiento finalizó el 28 de julio de este año. El Estado de Guatemala no ha hecho nada.

La madre de María Isabel afirma que aún no se le ha pagado el resarcimiento ordenado por la CIDH, ni se le ha brindado atención médica y psicológica.

Tampoco se han dado las disculpas públicas, las cuales, según Franco Sandoval, las debería dar el presidente Otto Pérez Molina. “He tratado de comunicarme con él en tres ocasiones y no ha atendido. La Comisión Presidencial de Derechos Humanos —el ente encargado de coordinar el acto— se ha escudado en la crisis política que atraviesa el Gobierno, pero eso no tiene nada que ver con el caso de mi hija”, refiere.

“Pérez Molina solo respondió que anduvo ‘preocupado y afligido’”, añade Afflitto en su texto titulado Los cuatro jinetes: el femicidio, el genocidio, el terrorismo y la impunidad, el cual hizo llegar a la Redacción de este diario vía electrónica.

Hasta ahora, Rosa Elvira Franco Sandoval espera que se haga justicia después de casi 14 años del crimen perpetrado contra su hija María Isabel.

*Para esta nota contribuyó Frank M. Afflitto, doctor en Criminología, Derecho y Sociología por la Universidad de California  y escritor independiente radicado en Estados Unidos.

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