Fracturas y reacomodos en los bloques redibujan el poder en el Congreso

El primer periodo de sesiones del Poder Legislativo entra en su recta final con cambios, recomposición y divisiones, tras la fractura de algunas alianzas y acuerdos entre las bancadas.

Carlos Gómez

12 de mayo de 2025

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00:09h

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Interacción entre los diputados de diferentes bloques el 8 de de mayo, antes de continuar con la interpelación al ministro de Salud. (Foto Prensa Libre: Congreso de la República)

El Congreso cuenta con 16 bloques, y al menos ocho integran la alianza de oposición. No obstante, las pugnas y divisiones internas hacen que no todos los integrantes de las bancadas voten en el mismo sentido.

La votación para modificar el orden del día de la décimo novena sesión ordinaria, el pasado 29 de abril, permite identificar a los bloques que comparten el interés por concretar cambios en la primera secretaría del Congreso, en las presidencias de comisiones de trabajo y en la representación ante la Junta Monetaria.

El diputado Elmer Palencia, del partido Valor, propuso un cambio en el orden del día, que contó con el apoyo de 89 diputados de 12 bancadas. Los bloques Elefante, Nosotros, Todos, Unionista, Valor, Vamos y Vos votaron de forma unánime a favor.

En ese punto, la sesión se levantó por falta de quórum, aunque la oposición señala al presidente Nery Ramos de actuar de forma irregular, por lo que acudieron ante la Corte de Constitucionalidad para que se reanude la sesión. Este extremo deberá cumplirse mañana, 13 de mayo.

UNE: entre reconciliaciones y rupturas

El desglose de los votos aporta datos sobre fracturas, como la del bloque UNE, que se ha dividido en dos grupos. El jefe de la bancada, Inés Castillo, forma parte del grupo afín a Sandra Torres —secretaria general del partido—, pese a que, a inicios de la décima legislatura, en 2024, Torres promovió su expulsión del bloque UNE, en represalia por el respaldo que Castillo y otros diputados le concedieron a Bernardo Arévalo para que tomara posesión como presidente y para que se eligiera una junta directiva afín al Poder Ejecutivo.

Este año parece que se han limado asperezas y se buscaría un fin común dentro del Legislativo, al apoyar la agenda impulsada por la alianza de bancadas opositoras en el Congreso. Cabe recordar que, en las últimas legislaturas, Torres ha incidido en las decisiones de la bancada UNE con la finalidad de mantener cuotas de poder al apoyar ciertas iniciativas.

El segundo grupo de la UNE está encabezado por el diputado Adim Maldonado, quien ha expresado inconformidad con las acciones y directrices de Torres. Esto se evidenció en enero de 2024, cuando Maldonado había sido propuesto como primer vicepresidente del Legislativo dentro de la planilla conformada por bancadas afines al oficialismo; sin embargo, al final tuvo que desistir, debido a que la dirigencia de la UNE solicitó su expulsión del bloque.

Vamos mantiene fortaleza numérica

“Los votos están y están cada vez más firmes y, ojo, cada vez están viniendo más diputados”, afirmó el diputado Héctor Aldana, del bloque Vamos, en referencia a que la alianza entre los bloques opositores se mantiene firme y no hay divisiones de algún tipo.

El bloque Valor, encabezado por el diputado Elmer Palencia, tampoco se ve exento de estas divisiones, ya que en la continuación de la décimo novena sesión ordinaria, del pasado 6 de mayo, algunos de sus integrantes no apoyaron la continuación de la lectura de la moción privilegiada que había sido presentada por Palencia. Esto se reflejó en el marcaje de la asistencia de los diputados a dicha sesión.

“Las fuerzas se están poniendo más sensatas; vemos que va perdiendo el grupo presidido por Allan Rodríguez, por el partido Todos, por el partido Valor. El partido Valor se ha partido en sus votaciones. Entonces, de alguna forma, está privando la sensatez”, afirmó el diputado Julio Héctor Estrada, integrante del bloque Cabal y presidente de la Comisión de Finanzas del Congreso.

Sobre las posibles diferencias en la bancada Valor, Palencia afirmó que todo lo que está sucediendo en el Congreso, así como la conflictividad partidaria e interpartidaria, ha generado un estancamiento en el Legislativo, debido a los conflictos entre los propios partidos políticos y entre los bloques legislativos. “El bloque Valor, los 10 diputados, nos mantenemos unidos, y nuestros conflictos y situaciones los resolvemos de manera interna y salimos como bloque a las sesiones plenarias”, afirmó el congresista, descartando cualquier tipo de divisiones.

“Las divisiones de los partidos políticos siempre han existido, pero se consideraban problemas internos y era papel del comité ejecutivo nacional mantener al partido unido. Aunque en la bancada pensaran de manera distinta, se mantenía unida, y el que no estaba de acuerdo con el partido se iba. Pero eran partidos fuertes, con mucho respaldo popular. Así era como se pagaba el costo de irse de un partido”, afirma el constitucionalista y exdiputado Roberto Alejos.

También opina que hoy en día los partidos políticos son tan débiles que a los diputados no les cuesta nada salirse de ellos. Además, dice que la creación de la instancia de jefes de bloque ha debilitado mucho a las direcciones de los partidos. Eso se nota en las divisiones que hay actualmente en el Congreso.

Cabal: Apoyos divididos entre el oficialismo y la oposición

“Las fuerzas se están poniendo más sensatas; vemos que va perdiendo el grupo presidido por Allan Rodríguez, por el partido Todos, por el partido Valor”, expresó Julio Héctor Estrada, diputado del bloque Cabal.

En un video publicado el pasado viernes en redes sociales, el diputado Luis Aguirre, jefe de la bancada Cabal, afirmó que los diputados que integran las diferentes bancadas no deben dejarse influenciar por los problemas personales que existen entre él y el diputado Allan Rodríguez, los cuales vienen desde el año anterior, cuando se tuvo conocimiento de un altercado entre ambos congresistas, aparentemente por reclamos hechos por parte de Rodríguez sobre el apoyo que Aguirre brindó a la ampliación presupuestaria presentada por el Ejecutivo en agosto, y para reformar la Ley Orgánica del Ministerio Público.

“Ya los números no están como estaban, ya hay alguna intención de enderezar el camino que traía bien establecido el Congreso el año pasado. Entonces, vamos a empezar a tener reuniones con los diputados para poder plantearles una agenda enfocada”, afirmó Aguirre.

Las divisiones no alcanzan solo a las bancadas opositoras, ya que también se han observado entre los diputados electos por el Movimiento Semilla, quienes no son reconocidos como bloque a partir de una orden judicial. Ese grupo de 23 diputados constituye la mayoría entre los 34 diputados independientes.

En la sesión ordinaria del 29 de abril, el diputado Samuel Pérez presentó una moción para llevar a cabo la discusión de las reformas a la Ley Orgánica del Ministerio Público. Sin embargo, sus colegas José Carlos Sanabria, Brenda Mejía y Mirna Godoy no apoyaron la propuesta. Oficialmente, los diputados de Semilla han negado divisiones internas.

La propuesta de Pérez tuvo el respaldo de 41 congresistas, entre ellos 11 de Cabal, 2 de la UNE y 3 de Vos, además del apoyo de los bloques minoritarios.

Bancadas pequeñas: el peso estratégico de las minorías

El bloque Nosotros, que inició la décima legislatura con tres diputados, se fraccionó desde inicios de 2024, cuando los diputados Vivian Preciado y Rudy Pereira fueron expulsados del bloque porque no estaban afiliados al partido. Únicamente Nadia de León Torres, hija de Sandra Torres, quedó como representante de dicha agrupación, y también se ha aliado con la oposición.

Los bloques minoritarios como Viva, Victoria, Creo, Unionista, Elefante, Winaq y Cambio se han mantenido en su línea y juegan un papel importante en las negociaciones, ya que los votos que aportan pueden hacer la diferencia en la aprobación de leyes y decretos.

Sus opciones se reducen a los abogados Melvin Geovani Portillo, Giovanni Francisco Soto y José Alejandro Córdova, quienes fueron preseleccionados por la Comisión de Derechos Humanos el pasado martes 5 de julio.

Incluso la terna de candidatos ya fue presentada ante el Pleno del Congreso de la República, y se presume que la Comisión Permanente planea convocar para hacer la elección de PDH la próxima semana.

La votación no será sencilla ya que para que exista un futuro magistrado de conciencia se requiere que el Pleno del Congreso consolide, al menos, 107 votos a favor.

Cantidad que la alianza oficialista ha demostrado que es capaz de conseguir, al menos eso ha sido claro cuando se ha tratado de reajustes presupuestarios, préstamos y medidas de excepción requeridas por la presidencia.

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El próximo magistrado de conciencia estará en el puesto de 2022 a 2027, un periodo constitucional de cinco años en el que deberán velar por la defensa de los Derechos Humanos.

Actualmente este puesto está a cargo de Jordán Rodas, quien ha sido cuestionado por el Congreso por presuntamente parcializar su rol y enfrascarse en intereses de índole político.

Ahora con la integración de la terna cada uno de los 19 bloques legislativos tiene que analizar los expedientes, para luego apostar por uno de los tres candidatos para liderar la PDH.

Sin un favorito

Algunos de los bloques de oposición en el Congreso afirman que no han electo a un favorito para la futura votación, destacan que analizan cada uno de los perfiles para tomar la mejor decisión.

El diputado Rodolfo Neutze, integrante de la bancada de Compromiso Renovación y Orden (Creo), explicó que respetan a todos los candidatos y que su bancada tiene que analizar a detalle cada perfil.

“La característica más importante del próximo PDH es poder profesionalizar la institución con un solo objetivo: Explicarle a los guatemaltecos que son los Derechos Humanos, que no son solo para proteger a algunos cuantos sino a todos, que el protagonismo debe de ser de los Derechos Humanos y no del Procurador”, señaló.

De una forma similar opinó el diputado Manuel Rivera del bloque Victoria, quien asegura que se hizo un trabajo técnico y ahora deben de buscar a la mejor opción.

“Nosotros creemos en los perfiles que se hicieron en la tabla de gradación, a final es un magistrado de conciencia que implica un razonamiento jurídico acertado, imparcial y objetivo. Los tres perfiles han recibido notas importantes”, indicó.

Pero quienes ven algunas dudas en la recta final del proceso son los diputados Bernardo Arévalo de Movimiento Semilla y Walter Félix de URNG – Maíz, sobre todo por un receso en el evento de votación.

El primero de ellos considera que la acción fue innecesaria, mientras que el segundo señaló que esto tan solo despertó dudas y que puede generar hasta impugnaciones legales.

“Nosotros nos opusimos porque no consideramos que fuera correcto que se parara una votación solo porque algunos diputados no se habían puesto de acuerdo con su maniobra, ya la terna la tenían pues pero más de algo les falló, pero así como lo hicieron despierta mucha sospecha”, argumentó Félix.

El abogado Erick Castillo accionó por ese receso receso, que de llegar a complicar la elección de PDH dejaría un vació en la institución poco claro, ya que algunos opinan que el actual magistrado de conciencia no podría dejar el cargo sin tener un sucesor.

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Defiende el trabajo

Por su parte el diputado Aníbal Rojas, vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos y quien solicitó dicho receso, explicó que no hubo ninguna violación legal, y que simplemente se está tratando de manchar el trabajo de la Comisión.

“No hubo ninguna ilegalidad, no peligra la terna, no se interrumpió ninguna votación. Siempre habrá gente que busca como hacer que las cosas parezcan malas cuando realmente no lo son”, señaló.

Rojas también dijo que su bancada analiza los perfiles para tomar la mejor decisión posible para el país, y considera que cualquiera de los integrantes de la terna podría desempeñar un buen papel.

Mientras tanto el diputado Carlos Calderón, jefe de la bancada oficial Vamos, señaló que aún están analizando los expedientes de los tres aspirantes al cargo de PDH.

“Se busca un representante objetivo, que actué conforme a derecho. Y hoy, el país necesita un procurador que de conformidad con el principio de transparencia garantice un actuar orientado al bienestar ciudadano”, explicó Calderón.

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Poca información

Organizaciones que integran Alianza por las Reformas no tienen mayor información de los integrantes de la terna, aspecto que consideran un poco peligroso porque no se sabe a qué atenerse con cada uno de ellos.

Las organizaciones de la sociedad civil estarán haciendo un proceso de investigación, para encontrar la mayor cantidad de antecedentes posibles de los tres profesionales.

Pero Álvaro Montenegro, integrante de la alianza, señala que aunque no se sepa mucho de los integrantes dela terna, mantiene sus dudas y reservas.

“No tenemos información de los candidatos, pero todo parece una elección bastante controlada por el Congreso porque no hay indicios que tengan motivación para elegir a un PDH independiente”, puntualizó.

Por su parte María José López, analista de Guatemala Visible, opina que la Comisión tuvo fallas al momento de hacer la integración de la terna, destacan que no hubo entrevistas y que solamente se basaron en una grabación audio visual.

“Ahorita tenemos una oportunidad y es investigar bien los perfiles, tenemos que investigar quienes integran la terna. Los diputados tienen el deber de hacerlo y nosotros como ciudadanos tenemos el derecho y responsabilidad de informarnos”, explicó López.

La experta añadió en sus conclusiones que la Comisión de Derechos Humanos pudo hacer un trabajo más transparente, debido a que daba la impresión que los diputados llegaban con acuerdos que no eran discutidos de manera pública.

De candidato ofreció declarar terroristas a los pandilleros, permitir a las fuerzas de seguridad aplicar la legítima defensa y eliminar la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia (Saas). A la mitad de su Gobierno esos temas siguen como promesas.

Ahora al ya relegado paquete de iniciativas presidenciales podría sumarse la que anunció el pasado 14 de enero, durante su informe de segundo años de Gobierno, que busca aumentar las penas de cárcel a los coyotes, en un intento por frenar la migración irregular a los Estados Unidos.

El ahora expresidente del Congreso, Allan Rodríguez, también presentó una iniciativa que busca cumplir con el pago de resarcimiento a veteranos militares que prestaron servicios durante el Conflicto Armado Interno.

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Nuevas propuestas oficialistas que se suman a los paquetes de promesas de campaña que no logran arrancar en el Congreso, a pesar que la bancada oficial ha demostrado que es capaz de retener las presidencias y aprobar presupuestos.

Para Hans Quevedo, analista político independiente, las recientes propuestas son coyunturales y refiere que las dinámicas legislativas no deben pasar por alto, ya que muestra como la bancada oficial va apilando sus prioridades.

“Hay que ponerle mucha atención pero también se debe ver lo que muchas veces se ha dicho, que el oficialismo parece tener una buena bancada pero en algunos casos o momentos todo eso no se traduce, Ejecutivo y Legislativo para algunas cosas si hablan el mismo idioma pero en otras no lo hacen”, explicó.

Quevedo estima que una alianza política tan grande como la que se vio para la aprobación del presupuesto 2022 y la elección de la nueva Junta Directiva permitirían, sin problemas, aprobar las iniciativas que ha presentado el ala oficial.

“Creo que acá también se marca y se visualiza la verdadera voluntad política por querer hacer algunas cosas, en algunos temas entran con más ganas y en otra serie de temas no. Estas iniciativas les sirven para salir ante los medios y decir que están haciendo algo pero en las realidades vemos otra cosa, porque teniendo una buena bancada y una buena alianza muchas leyes deberían de caminar”, refirió.

Buscarán consensos

La bancada oficial Vamos por una Guatemala Diferente (Vamos) explicó por medio de Carlos Roberto Calderón, su nuevo jefe de bloque, que la propuesta de Giammattei busca evitar los abusos contra los migrantes, mientras que la de Rodríguez, dignificar a los veteranos que defendieron la soberanía y la libertad de Guatemala.

El congresista estima que pese a que los dos proyectos buscan beneficios para la población difícilmente tendrán el apoyo de la oposición, destacando que una de las prioridades actuales es frenar la migración irregular.

“En mi opinión personal, la oposición nunca estará satisfecha con las medidas que plantee una alianza oficialista o el Ejecutivo, creo que es parte del rol de cada uno en este momento. Lo más importante es que nuestros actos beneficien a la población.  Nuestros esfuerzos deben estar encaminados a disminuir la migración irregular a los Estados Unidos  de América”, argumentó.

Así mismo por todas las iniciativas del presidente que están varadas en el Congreso señaló que estudian cuales son las más importantes, y pese a la postura de la oposición buscarán llegar a consensos.

“Estoy haciendo junto a mis asesores y con el acompañamiento de mis compañeros diputados un análisis de lo que tenemos pendiente. Debo resaltar el interés por la actual presidente del Congreso por llevar una agenda de país que nos permita cumplir metas que tengan una repercusión positiva.  Estoy seguro que en este año 2022 habrán sorpresas agradables, el compromiso de este servidor y la bancada Vamos es trabajar arduamente y repito lograr los consensos necesarios para que los resultados sean los mejores”, precisó.

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“Propuestas populistas”

Quien no comparte las intenciones de las iniciativas presentadas es el diputado Orlando Blanco, integrante del Grupo Parlamentario de Oposición, quien estima que las sugerencias de ley antes citadas tienen fines políticos de fondo y no encontrar soluciones.

Señala que es inviable decir que se le dará una cantidad económica a los veteranos del Ejército sin conocer cuántos son los beneficiarios, mientras que la propuesta enfocada en migración no resuelve el problema de fondo.

“Son propuestas populistas, muy coyunturales que no tienen mayor sustento técnico, básicamente persiguen objetivos políticos; todo lo anterior las hacen inviables y hay que entender que todas estas iniciativas son intentos de quienes las están presentando para desviar la atención o generar algún tipo de empatía, Giammattei con los gringos y Allan con los grupos de militares”, criticó el diputado.

Por su parte Rodolfo Neutze, diputado de Compromiso Renovación y Orden (Creo), considera que si se quiere atacar realmente el problema de la migración  se deben de impulsar propuestas que generen oportunidades de trabajo en Guatemala.

“En paralelo de poner penas más fuertes, creo que el Gobierno lo que tiene que hacer es aprovechar la invaluable oportunidad que se tiene ahorita de mejorar la economía de todos los guatemaltecos, creo que es intereses de Estados Unidos, nuestro mayor socio comercial lograr fuente de trabajo aquí para que los guatemaltecos no las salgan a buscar”, fundamentó.

Neutze considera que el Congreso ya tiene propuestas económicas para mitigar la migración, siendo algunas de ellas la ley para fomentar el trabajo marino mercante, la que busca reactivar al sector turismo, así mismo la que busca fomentar el empleo en personas mayores de 50 años.

Algunas de estas iniciativas ya están en el Congreso con dictamen favorable y podrían comenzar su paso para eventualmente ser aprobadas, pero todo se reduce a uno de los puntos expuestos por Quevedo, y es que se necesita verdadera voluntad política para hacer las cosas.

Lo anterior pondría en entredicho el sistema de pesos y contra pesos que establece la propia Constitución, a criterio de las fuentes consultadas, quienes indican que los artículos en cuestión son claros y no necesitan de un margen de interpretación amplio.

La convocatoria que emitió la CC señala que se dará respuesta a tres opiniones requeridas por la presidencia que buscan conocer los alcances de los artículos constitucionales 161 en su literal “b”, 166 y 168.

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El primero de ellos, el 161 literal “b”, relativo a la irresponsabilidad de la que gozan los diputados al emitir sus opiniones. En los dos años de la novena legislatura ha sido frecuente que los congresistas de oposición critiquen con firmeza las decisiones del Ejecutivo.

Mientras el artículo 166 explica lo relativo a las interpelaciones, señalando que “los ministros de Estado, tienen la obligación de presentarse al Congreso, a fin de contestar las interpelaciones que se les formulen por uno o más diputados”.

Durante la administración Giammattei han sido interpelados sus ministros de Desarrollo Social, Gobernación, está en curso un juicio político al titular de Energía y Minas, y en lista de espera una más al ministro de Comunicaciones.

Por último el artículo 168 relacionado a las invitaciones o citaciones de funcionarios del Ejecutivo ante el Congreso señalando lo siguiente: “Asistencia de ministros, funcionarios y empleados al Congreso. Cuando para el efecto sean invitados, los ministros de Estado están obligados a asistir a las sesiones del Congreso, de las Comisiones y de los Bloques Legislativos”.

De esta forma, el máximo tribunal decidirá si existe obligatoriedad de los ministros de asistir y rendir cuentas al Congreso.

Desde el Gabinete

En junio del año pasado el Ministro de Trabajo Rafael Rodríguez y el Secretario Privado de la Presidencia, Janio Rosales, fueron cuestionados por un grupo de diputados de oposición, liderados por Carlos Barreda, por una reunión de gabineteque habría sido celebrada el 22 de mayo en la Finca Santo Tomás, en Escuintla.

Según los parlamentarios, en esa reunión se solicitó a los funcionarios documentos que evidenciarán las citaciones legislativas para, presuntamente, accionar legalmente ante la CC por las acciones de los diputados.

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Durante la citación, el ministro Rodríguez admitió que había hecho una presentación al resto del Gabinete sobre la obligatoriedad de los funcionarios de asistir a las convocatorias de los diputados, sin embargo, negó que se haya hecho con el fin de presentar alguna acción constitucional.

“Había desconocimiento en la norma y ahora ocupando el cargo les ofrecí compartir mi experiencia previa”, respondió Rodríguez al diputado Barreda, cuando le cuestionó por qué había hecho un análisis sobre cuántas veces pueden ausentarse los ministros de las citaciones legislativas.

La CC finalmente fue consultada por el Ejecutivo y este jueves 13 de enero se conocerá su respuesta.

Buscan evadir la fiscalización

Dos expertos en Derecho al ser consultados por la vista pública de este jueves consideran que, pese a que no se tiene por escrito las preguntas puntuales del presidente, da la impresión que buscan una justificación para evitar las citaciones del Congreso.

Edie Cux, director de la organización Acción Ciudadana (AC), señala que la postura del presidente es obvia. “Ya está clara la postura del presidente en realmente tener el poder a toda costa, esto implica que hacer una consulta de este tipo es que él (Giammattei) quiere manejar un poder absoluto con lo que podría buscar impunidad, ningún control y manejar la política a su antojo”.

Cux, estima que el simple hecho de formular consultas por temas obvios representa un peligro al sistema democrático y “se estaría atentando contra el sistema de pesos y contra pesos que plantea la misma Constitución, poco a poco se van eliminando esos límites que tiene la Presidencia”.

Por su parte la abogada Leily Santizo, analista independiente, considera que a pesar de cualquier intención que lleven esas opiniones requeridas por el Ejecutivo es imposible que se limite el trabajo parlamentario.

“La CC no podría limitar esa obligación que está establecida dentro de la Constitución y además ese mecanismo de control y transparencia que se tiene incorporado en la Carta Magna, se trata de un tema de rendición de cuentas y corresponde al Congreso ejercerlo”, explicó.

Santizo considera que por la forma en que están redactados esos tres artículos constitucionales no cabe el espacio a las dudas, ya que son claros en cuáles son las obligaciones que tienen funcionarios y ministros ante el Organismo Legislativo.

“Desconozco los términos en que el presidente habrá planteado las preguntas a la CC, pero sí le puedo decir que no pueden limitar esta institución de la interpelación; además es prudente identificar que si se leen los textos constitucionales son bastante claros y no hace falta ir o utilizar mecanismos de interpretación más allá de lo que dice el texto, la CC no podría contravenir con la obligación que establece el texto constitucional”, puntualizó.

Sin respuesta

Se consultó a Comunicación Social de la Presidencia cuál fue la razón por la que el mandatario requirió esas opiniones y si sería él quien personalmente acuda a la vista, sin embargo a este momento no se ha obtenido una respuesta.

Por su parte el equipo de Comunicación Social de la CC no ha podido compartir la fecha en que ingresaron las inquietudes del presidente, así mismo informó que la vista pública no será transmitida por sus redes sociales

En las últimas dos semanas, el Congreso ha detenido sus sesiones plenarias, con lo que el debate para la aprobación de nuevas leyes o reformas ha quedado en suspenso, aunque analistas consultados consideran que esta ha sido una característica de la actual legislatura.

Los entrevistados advierten que podría verse un patrón en el trabajo parlamentario que se extienda al final del período legislativo, y el tema que acapara más interés es la aprobación del Ppresupuesto del 2022.

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Además, el control oficialista podría marcar la pauta para un 2023 sin mucha actividad legislativa o con agendas controladas por intereses particulares, con menos espacios de discusión ante grupos opositores.

El próximo año, aunque cambia la Junta Directiva, seguirá en manos de las mismas bancadas, encabezadas por la oficialista Vamos, lo que sugiere que la dinámica de trabajo no será distinta.

“No hay una oposición fuerte, no hay verdadero balance a lo interno, y esto no sería malo si lo que uno encontrara en la Junta Directiva fueran verdaderos logros y acciones que no estuvieran desprestigiando más la legislatura de los primeros años de esta alianza; no se ven logros, sino un desgaste”, comentó Hans Quevedo, politólogo y docente universitario, sobre el actual Congreso.

Por ahora el interés se centra en la aprobación del presupuesto del 2022, el cual debe conocerse antes del 30 de noviembre, cuando termina el período de sesiones, aunque por ahora se sabe que será sometido al pleno en las próximas dos semanas.

Agendas legislativas

La elección de la junta directiva del 2022 dejó claro que la oposición no tiene la fuerza necesaria para influir en la dinámica legislativa, y esto permite a los oficialistas impulsar la agenda que necesitan. Como muestra, la reciente ratificación del estado de Sitio en El Estor.

Con la fuerza necesaria, el oficialismo podría controlar el Congreso con las agendas que necesite, lo que no necesariamente pasa por el interés general, según los analistas.

Para que el Congreso logre modificar una ley de rango constitucional o incluso la propia Carta Magna, necesita mayoría absoluta, como mínimo 106 votos, una cantidad que los oficialistas podrían conseguir sin mucho esfuerzo.

Ante esa situación, Quevedo estima que sí hay peligro de que esa alianza legislativa aspire a modificar leyes de este rango, entre las cuales quizás la más beneficiosa para ellos sea la Ley Electoral y de Partidos Políticos (Lepp).

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“Sí está abierta la puerta de peligro, principalmente por las reformas a la Ley Electoral, aquellos cambios que no van a trascender para la población; seguramente hablarán de los diputados tránsfugas y la pauta en medios, no serán cosas de fondo para controlar el financiamiento electoral. Creo que sí habrá algunas reformas, pero minúsculas”, afirmó.

Lo mismo opina Jorge Wong, politólogo y analista independiente, quien considera que aunque la alianza oficialista pueda conseguir una mayoría absoluta, difícilmente correrá el riesgo de hacer cambios drásticos, para evitar un estallido social como el de noviembre del año pasado.

“Claro que está presente este peligro, y seguramente lo vamos a ver más adelante con este tipo de leyes. La única cuestión es que si intentan promover una ley demasiado polémica es muy fácil que la población se junte y cambie la agenda, algo donde crucen la línea, pero si todo va bien y si nadie protesta, prácticamente pueden hacer lo que quieran con las leyes, proponerlas y reformarlas”, señaló.

Presión social

Un factor que sí podría influir en la dinámica parlamentaria son los conflictos sociales. Por ejemplo, el grupo de veteranos militares que exige un pago por los servicios prestados al Estado durante el conflicto armado incendió las instalaciones del Congreso.

Sin embargo, según Wong, estas demandas sociales que redundan en conflictos no necesariamente serán resueltas. El analista estima que ahora el Congreso solo aguantará lo suficiente para cargar las responsabilidades a las futuras autoridades del Gobierno, ya que, a su criterio, no desea dar soluciones de fondo a los problemas.

“Lo que generalmente se hace es darle largas a las discusiones, para que sea el siguiente gobierno el que vea cómo arregla la situación. Esto es lo que se visualiza, porque a todas las personas que están ahora manifestando no se les ha dado respuesta. Este es el último año de Giammattei, prácticamente ya solo debe aguantar otro año sin dar resultados y cargar al siguiente gobierno”, analizó.

El entrevistado considera que la mejor opción es que la ciudadanía fiscalice al Congreso, ya que en este organismo no se cuenta con una oposición lo suficientemente sólida para hacerles frente.

Pero esta vigilancia social no será la prioridad de los guatemaltecos, opina Geidy de Mata, directora del área política del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac).

De Mata considera que la pandemia aún mantiene a las personas en una crisis que parece pasar inadvertida para muchos, pero que en realidad tiene a miles de familias preocupadas por qué llevarán a la mesa.

“Ahorita las personas tienen muchas necesidades básicas urgentes. Se necesita una reactivación económica de país; hay mucho desempleo. El mayor porcentaje de la fuerza laboral está en la informalidad, que es uno de los sectores más golpeados por la pandemia; hay una gran inflación y se ve con el precio de la gasolina, que encarece el nivel de vida”, exlicó.

La presidencia de Allan Rodríguez, por segundo año consecutivo, también da muestras de desgaste y de conducir un debate legislativo muy cerca de la ilegalidad, ante las críticas de la oposición, que aprovecha la ocasión para evidenciar el desgaste y magnificar los problemas.

Un Rodríguez que en la sesión del miércoles no daba la palabra a diputados de oposición, una Junta Directiva invadida por opositores que con uso de la fuerza arrebataban micrófonos y hojas son signos de ingobernabilidad, al menos así lo juzgan dos expertos en el Organismo Legislativo consultados por Prensa Libre.

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Un Congreso dividido y con dudas debe ratificar el estado de Calamidad

Alejandro Quinteros, de la organización Congreso Transparente, y Roberto Alejos, constituyente y expresidente del Congreso, coinciden en que las últimas sesiones rozan en la ilegalidad, y la Junta Directiva mantiene un continuo irrespeto a las normas parlamentarias.

A continuación, el análisis de tres momentos puntuales durante la última sesión, el pasado miércoles.

Sin voz a la oposición

La diputada Samanta Figueroa, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), pedía el micrófono para exponer su punto de vista ante el pleno, ya que según ella el decreto bajo análisis es ilegal porque el Ejecutivo se tardó más de los tres días que manda la ley para remitirlo.

Rodríguez no le dio la palabra, y luego de haber insistido a gritos desde su curul, Figueroa subió al espacio que ocupa la Junta Directiva a arrebatarle el micrófono al secretario Jorge García Silva, quien leía el documento al pleno.

Lo anterior denota que “cuando la Junta Directiva comete un acto ilegal o un acto anómalo, como no darle la palabra a un diputado que la está pidiendo, abre las puertas a que los otros diputados sigan con la dinámica: gritar sin el micrófono, llegar hasta la Junta Directiva para buscar el único micrófono encendido, incluso en muchos congresos del mundo diputados en ocasiones llevan pancartas para expresarse ante una junta directiva que está rompiendo las reglas del debate parlamentario. Creo que por primera vez estamos viendo actos de verdadera oposición”, dijo Roberto Alejos sobre ese episodio.

Quinteros, por su parte, señaló que existen reglas, y estas se deben cumplir.

“El primero de los derechos es que todos los diputados puedan expresar o externar su opinión sobre lo que se está discutiendo. Lo que decían algunos miembros de la oposición es que no se les dejó hablar; eso no debería  pasar. Ahora bien, la respuesta debería ser hacer las solicitudes, hacer ver las inconformidades, pero se dejaron ver algunos eventos más fuertes que podrían ser faltas de respeto”.

Arrebata papeles

Orlando Blanco, también de la UNE, subió hasta el palco de la Junta Directiva cuando la Figueroa no consiguió el micrófono, e intentó arrebatar el decreto que seguía leyendo el secretario Jorge García Silva. Abajo, diputados de otras bancadas de oposición intercambiaban insultos con los directivos.

Sobre ello, Alejos es claro: se debieron sancionar las acciones violentas de los diputados, pero no sucedió, porque también los directivos estaban incumpliendo las normas.

“Existe una amonestación verbal, por escrito o hasta una suspensión; la ley de régimen lo contempla. El presidente del Congreso tuvo que llamar al orden, suspender la sesión, pero como él la había desordenado antes, no tuvo tampoco la solvencia moral para amonestar a los diputados. Bastaba con apagar el micrófono y decir que se negaba a seguir con la sesión hasta que pidieran la palabra en orden, pero como él no dio la palabra los diputados, se tuvieron que levantar”, explicó Alejos.

Para Quinteros, hay responsabilidad compartida, porque “ambas partes caen en dejar de lado las normas. Lo importante es no continuar ese círculo vicioso. Los diputados de la oposición deberían  buscar otra forma para hacer valer sus derechos y manifestar las irregularidades que el director de debates pudiera estar cometiendo al no dar la palabra, pero arrebatar un micrófono y arrebatar unos papales no es la forma, eso simplemente genera más tensión y discusiones innecesarias”.

¿Fue legal la primera lectura?

Las dudas sobre la legalidad del estado de Calamidad se desataron desde el martes, cuando diputados aseguraban que el plazo constitucional —tres días— para aprobarlo había vencido. El miércoles las dudas fueron más, cuando el presidente Rodríguez levantó la sesión con 70 diputados, y ayer suspendió la sesión por ausencia de parlamentarios.

Para Alejos, el primer debate solo es efectivo si existe por lo menos la mitad más uno de legisladores en el pleno, es decir 81; de lo contrario, no se puede dar como aprobada la primera lectura.

“Ya el trámite es ilegal; peor aún, ya es inconstitucional. La ley es clara. Dice que se deberá de conocer a los tres días. El estado de Calamidad no es cualquier cosa”, precisó Alejos.

Quinteros apela al beneficio de la duda, y pudo aprobarse la primera lectura cuando todavía había quorum, ya que fue hasta después que se pidió el reporte de asistencia.

“La ley no es precisamente clara. Se podría tomar como que el decreto se conoció cuando todavía había quorum, y que luego se rompe ya en la discusión”, apuntó Quinteros.

Este 30 de noviembre se espera la última sesión plenaria del Congreso dentro de su periodo ordinario, en la que espera conocer una solicitud de antejuicio contra los magistrados Constitucionales, Gloria Porras y Francisco de Mata Vela.

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Diputados de oposición señalan a OEA sobre posible cooptación de instituciones del Estado por parte del gobierno y sus aliados

El tema fue avalado por los jefes de bloques de las bancadas afines al oficialismo, en una reunión celebrada este domingo. Los congresistas afirmaron que incluyeron el tema dentro del orden del día para cumplir y respetar los plazos legales.

Pero diputados de la oposición no están de acuerdo y afirman que no acudirán a dicha sesión plenaria. Se trata de los bloques Movimiento Semilla, Urng – Maíz, Winaq, Victoria, así como la fracción de Carlos Barreda de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Eduardo Zachrisson del Partido de Avanzada Naciona (PAN), junto a las diputadas Andrea Villagrán y Evelyn Morataya de Bienestar Nacional (Bien).

“El Congreso envió una copia certificada haciendo una argucia que le permite continuar en conocimiento de este antejuicio, a pesar de que legalmente no podría por un amparo que tiene la CC, por lo anterior los bloques consideramos, además de que no vamos a  participar para legitimar una sesión que contiene un punto claramente ilegal, solicitar a la Junta Directiva su renuncia y hacer un nuevo proceso de elección”, explicó Bernardo Arévalo, jefe de bloque de Movimiento Semilla.

Por su parte Sonia Gutiérrez, jefa de bancada Winaq, considera que existen serias posibilidades que el amparo sea dado con lugar, lo que vendría a demostrar lo que ella considera como vicios legales en la convocatoria de este lunes.

“Hay un expediente de amparo que ha presentado el Procurador de los Derechos Humanos, este Congreso no entregó el expediente original, por lo tanto no tendría materia para conocer una Comisión Pesquisidora como ellos lo quieren consumar el día de hoy, por supuesto que esta robustecido de ilegalidades (la sesión), es muy posible que la misma CC así lo determine”, refirió.

El equipo de comunicación social de la CC informó que hoy se estará reuniendo el pleno Constitucional para conocer la acción de amparo, misma que busca frenar el trámite de dicho antejuicio programado para este lunes en el Congreso.

Interpelarán al Mingob

Así mismo la bancada de Movimiento Semilla, respaldada por los diputados de oposición, presentó una solicitud para interpelar a Gendry Reyes, titular del Ministerio de Gobernación.

Afirman que los hechos violentos que se han registrado al margen de las manifestaciones sociales, que comenzaron el pasado 21 de noviembre, tienen por objeto deslegitimizar el movimiento ciudadano.

El diputado Walter Félix, jefe de bloque de Urng – Maíz, manifestó que también apoya el juicio político, “hoy están como en el tiempo de la contrainsurgencia, implementando estrategias perversas, están provocando a la población, ya lo hicieron en el pasado, infiltrar en las manifestaciones grupos de provocadores para después justificar la represión contra el pueblo”.