Denuncias por trata de personas se triplican y rescatan a 162 víctimas menores de edad

El Ministerio Público investiga más de mil denuncias que ha recibido en lo que va del año por delitos relacionados a trata de personas; la mayoría de víctimas son menores.

Rubén Lacán

26 de octubre de 2024

|

05:01h

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MP señala que 162 menores de edad, víctimas de trata de personas, han sido rescatados durante el años. Uno de los casos que investiga es una red de explotación sexual en las cárceles del país. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL).

Las denuncias por el delito de trata de personas se triplicó durante el 2024, según cifras del Ministerio Público (MP), y la mayor cantidad de víctimas rescatadas durante operativos han sido menores de edad.  

“Ha sido un año histórico en el tema del aumento de las denuncias”, pues hasta el 25 de octubre el MP contabilizaba mil 35, tres veces más que años anteriores.  Carlos Alfredo Figueroa, de la Fiscalía contra la Trata de Personas, afirmó las denuncias aumentaron, pero no los casos.

Agregó que la fiscalía investiga hechos relacionados a la pornografía infantil, explotación laboral, explotación sexual y adopciones irregulares.  

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“La mayoría de los casos lamentablemente tienen a la niñez como víctima”, recalcó el fiscal, quien refirió que hasta el segundo trimestre del año se contabilizaban -en casos- seis niños y 37 niñas menores de 13 años, 15 adolescentes hombres y 104 adolescentes mujeres. 

Recalcó que en las diligencias también han rescatado a 34 mujeres y 11 hombres mayores de edad. 

Datos de la Policía Nacional Civil (PNC) demuestran que en los departamentos donde más operativos han realizado por estos delitos son Guatemala, Escuintla, Sacatepéquez y Quetzaltenango.  

Las autoridades han ejecutado 393 allanamientos durante el 2024, y han comparecido a audiencia de primera declaración 196, de los cuales 165 fueron ligados a proceso penal. 

El MP ha detectado un aumento del delito de pornografía infantil, pero a esto se suman la explotación sexual, las adopciones ilegales y trabajo infantil.  

“La trata de personas es un delito muy complejo, tiene muchas máscaras, tiene muchas formas. La pornografía infantil es un es un mal en crecimiento en Guatemala que no le hemos todavía dado como sociedad el enfoque y la importancia necesaria”, afirmó Figueroa.  

Casos contra la niñez 

Las víctimas de explotación sexual son diferentes, afirma el fiscal “generalmente es cuando entramos en allanamiento, tenemos sospechas de que hay menores de edad y lamentablemente se confirma en la diligencia.” 

Dijo que el MP conoce casos donde los padres de familia obligan a las menores de edad a prostituirse. 

“Es una captación a través de la presión psicológica, la presión emocional, donde le dicen a la niña: ‘mira, si no traes dinero no entras a esta casa, te quedas sin cenar’, le golpean y amenaza”, añadió Figueroa.  

Los líderes religiosos, familia cercana a la víctima, maestros o padres de familia se han visto involucrados en los casos de pornografía infantil. 

En las adopciones ilegales se han visto médicos involucrados, según la fiscalía. Las investigaciones detallan que se percatan de este delito cuando los menores son hospitalizados o cuando intentan inscribirlos en el Registro Nacional de las Personas (Renap). 

De la explotación laboral Figueroa comentó que es uno de los problemas más latentes “por la cultura y la sociedad”. 

“Ver vemos que los niños trabajan en horarios desde las cinco de la mañana hasta las nueve de la noche en una tortillería y con temperaturas muy altas. Niños manejando químicos como la cal, la gente lo ha normalizado”, dijo el fiscal.  

Comentó que trabajan para investigar a negocios como tiendas y tortillerías que explotan laboralmente a la niñez y adolescencia.  

“En Guatemala la gente se preocupa más que su quetzal de tortillas es del canasto o del comal, en lugar de que la niña tiene 12 años y le está atendiendo”, enfatizó Figueroa. 

Casos contra adultos  

La fiscalía contra la trata de persona ha determinado que existen “dos factores importantes de vulnerabilidad”, que se aprovechan las estructuras criminales para poder explotar sexualmente a mujeres.  

“Quiero enmarcar dos aspectos principales, el tema del género, el tema del machismo en Guatemala”, detalló la fiscalía. 

Agregó que a esto se suma la condición de pobreza de la víctima. “Miramos muchas formas de reclutamiento, formas de captación donde les ofrecen ingresos económicos atractivos”, recalcó.  

Enfatizó que la cultura de denuncia ha aumentado y les permite investigar a los criminales. 

“La población está visibilizando más el delito de tratar de personas, está concientizándose que hay temas como explotación laboral en tiendas, en tortillerías. Que hay tema de explotación sexual en la calle, en spa, en lugares escondidos como casas cerradas, y entonces la denuncia sí ha aumentado”, recalcó Figueroa.  

Las autoridades hicieron un llamado a la población a continuar denunciando a través del 110 de la PNC, al 1572 del Ministerio Público, en la página www.cicelti.mp.gob.gt o acercarse a cualquier estación policial o sede del MP.  

EL fiscal afirmó que constantemente hay diligencias en negocios como spas, tiendas, abarroterías, clubs nocturnos o en lugares donde se sospecha que haya víctimas de trata en cualquiera de sus modalidades.  

“Esta no es una fiscalía que se queda esperando en el escritorio que la denuncia llegue, sino que en ocasiones en trabajo multidisciplinario e interinstitucional con otras instituciones sale a las calles y hace los operativos en la búsqueda de detectar víctimas”, enmarcó el MP. 

Durante el último operativo del 19 de octubre, denominado “Libertad SOS”, la fiscalía rescató a 27 mujeres víctimas de explosión sexual y capturaron a tres personas.  

Guatemalteco es sentenciado a cadena perpetua en EE. UU. por secuestro y explotación

El connacional pasará el resto de su vida en prisión y dos de sus hermanas también purgan cárcel por por secuestro y trabajos forzados cometidos contra tres víctimas a las que ofrecían mejor vida en Estados Unidos.

Julio Román

10 de abril de 2024

|

09:14h

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Domingo Francisco Juan, de 44 años, y su hermana Lorenza Domingo Castañeda, 35, sentenciados en Estados Unidos por varios delitos. (Foto Prensa Libre: Macon County Sheriff's Office)

El guatemalteco Domingo Francisco Juan, de 44 años, fue sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos, por secuestro, trabajos forzados y conspiración para cometer secuestro y trabajos forzados, según informó el pasado 8 de abril el Departamento de Justicia de ese país.

El tribunal también ordenó a Francisco Juan a pagar US$50 mil en restitución a una víctima.

El reporte de la Oficina de Asuntos Públicos del Departamento de Justicia de EE. UU. señala que Lorenza Domingo Castañeda, 35, también fue sentenciada a 20 años de prisión por trabajos forzados y conspiración para cometer trabajos forzados, y se le ordenó pagar más de US$80 mil en restitución a tres víctimas.

Se explica que una tercera acusada en el caso, Catarina Domingo Juan, 41, fue sentenciada previamente el 18 de diciembre de 2023 a 240 meses de prisión por trabajos forzados y conspiración para cometer trabajos forzados, y se le ordenó pagar más de US$80 mil en restitución a tres víctimas.

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El Departamento de Justicia señala que los tres condenados ​​son hermanos y de nacionalidad guatemalteca.

Cómo operaban

Según documentos judiciales, a los que hace referencia el Departamento de Justicia, los guatemaltecos conspiraron para trasladar a una víctima menor de Guatemala a los Estados Unidos para trabajar en las casas de Domingo Castañeda y Domingo Juan entre diciembre de 2015 y enero de 2021.

Se señala que Francisco Juan acompañó a la menor a Estados Unidos después de asegurar falsamente a la madre de la víctima que esta recibiría una mejor educación y oportunidades dentro de los Estados Unidos si se le permitía viajar con él.

Se agrega que Domingo Juan tomó la custodia de la víctima menor después de afirmar falsamente ante funcionarios del gobierno que ella era pariente de la víctima menor.

Explicaron que en lugar de brindarle a la víctima menor acceso a una educación y mejores oportunidades dentro de los Estados Unidos, los acusados ​​separaron a la víctima menor de su familia y la obligaron a trabajar las 24 horas del día para su beneficio.

Domingo Castaneda y Domingo Juan tomaron el dinero que la menor víctima ganaba trabajando fuera de sus hogares, y Francisco Juan se benefició recibiendo los servicios domésticos de la víctima en los hogares.

Los documentos judiciales también muestran que Domingo Castaneda y Domingo Juan conspiraron para obligar a otra víctima menor de edad y a una víctima adulta a realizar trabajos y servicios en sus hogares y en negocios del área entre diciembre de 2018 y marzo de 2021.

Al igual que la primera víctima menor, Domingo Castañeda utilizó falsas promesas de una vida y educación mejores dentro de los Estados Unidos para alejar a la víctima menor de su madre y atraerla a viajar a los Estados Unidos. En lugar de cumplir sus promesas, Domingo Castañeda, junto con Domingo Juan, obligaron a la víctima menor y a la víctima adulta a proporcionar servicios domésticos en sus hogares y exigieron a ambas víctimas que les dieran todos los ingresos que obtenían mientras trabajaban en el área.

El caso fue investigado por Seguridad Nacional con la asistencia del Departamento de Policía de Champaign, la Oficina del Sheriff del Condado de Champaign, el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos y la Oficina del Fiscal Estatal del Condado de Champaign.

La abogada litigante Kate Alexander de la Unidad de Procesamiento de Trata de Personas de la División de Derechos Civiles y el fiscal federal Auxiliar Bryan Freres para el Distrito Central de Illinois procesaron el caso.

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Condena histórica

“Los delitos relacionados con el trabajo forzoso explotación a los niños y a algunos de los miembros más vulnerables de la sociedad que atacan el corazón de la dignidad humana”, dijo la fiscal general adjunta Kristen Clarke, de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia.

“La sentencia de Francisco Juan es histórica y marca la primera cadena perpetua en más de una década en un caso de trabajo forzoso bajo la Ley de Protección a Víctimas de la Trata. Estas víctimas, dos de ellas niños, fueron sometidas a abusos físicos y sexuales para obligarlas a trabajar como empleadas domésticas, camareras de hotel y obreras de fábricas. Agradecemos a los sobrevivientes de estos crímenes por su tremendo coraje al presentarse y denunciar la violencia y el abuso que sufrieron. Las sentencias impuestas en este caso deberían enviar un mensaje a los traficantes de personas de todo el mundo de que sus acciones tendrán graves consecuencias y que el Departamento de Justicia está dispuesto a responsabilizarlos por sus planes violentos y coercitivos”, se lee en el comunicado.

“Las asociaciones en todos los niveles de gobierno fueron imperativas para llevar a estas personas ante la justicia”, dijo el fiscal federal Gregory K. Harris para el Distrito Central de Illinois.

“Apreciamos la dedicación y el tiempo que todas las agencias policiales federales, estatales y locales involucradas han dedicado a este caso. También felicitamos a las diversas organizaciones de servicios a las víctimas, tanto públicas como privadas, que brindaron apoyo y servicios a las víctimas en este caso. Los traficantes de mano de obra son insidiosos en la forma en que controlan a sus víctimas, y continuaremos la lucha para proteger a los miembros de nuestra sociedad en peligro de estos horribles crímenes”, expresó.

“Las sentencias de hoy arrojan luz sobre la presencia muy real de delitos relacionados con el trabajo forzoso en nuestras comunidades”, dijo el agente especial a cargo Sean Fitzgerald de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Chicago.

Agregó que los agentes especiales de HSI continuarán luchando contra la explotación de los vulnerables y apoyando a las víctimas brindándoles recursos y servicios críticos. “Enhorabuena a los agentes especiales de HSI y a nuestros socios comunitarios encargados de hacer cumplir la ley por llevar a estos depredadores ante la justicia”, comentó.

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Según la investigación, la menor era llevada a diferentes centros nocturnos y casas particulares con la finalidad de sostener relaciones sexuales por Q300.

Producto de las violaciones, la víctima resultó embarazada, pero por su corta edad perdió al bebé.

Junto a la madre de la menor también fueron capturadas otras seis personas señaladas de trata de trata personas.

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Autoridades indicaron que la trata de personas es considerada la esclavitud del siglo 21, por privar de su libertad a sus víctimas.

Finaliza operativo contra la Trata de Personas en Escuintla y Jutiapa, se dessrticula por completo al grupo criminal que vendía por Q.300 a menores de edad que eran ultrajadas. pic.twitter.com/WUpZJnKtFN

— Pablo Castillo Vocero PNC (@P_CastilloPNC) August 20, 2019

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Sentenciado por violación amenazaba con matar a padres de la víctima si lo delataba

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que ha recibido las denuncias, pero solo en una ocasión hablaron con el niño, quien dijo tener 12 años y ser originario de Escubillal, Jocotán.

En esa ocasión, el menor aseguró a los policías que había sido asaltado por dos sujetos que viajaban en una motocicleta sin placas, por lo que las fuerzas de seguridad efectuaron un operativo, pero no logran dar con los supuestos delincuentes que este describió.

Además, ningún otro testigo ha logrado respaldar la versión de la supuesta víctima.

Después de haber atendido la denuncia del supuesto robo, policías y vecinos apoyaron económicamente al niño y luego lo encaminaron a la terminal de buses de Chiquimula, a donde   llegarían familiares con los que retornaría a su vivienda.

“He visto al niño con sus bolsas de pita, pero lo raro es que se le acerca un hombre y parece que le da instrucciones de cómo actuar y relatar la misma historia. Creo que hay un adulto que lo motiva para aprovecharse de la buena voluntad de las personas”, manifestó el vecino Nelson Arévalo.

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Añadió que las autoridades tienen que investigar si se trata de un posible caso de mendicidad.

En otros municipios

Yesenia Sandoval, delegada de Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), informó que tuvieron información de que el niño ha estado en Esquipulas, Camotán, Jocotán y en Zacapa, donde relata que lo asaltaron.

“Nosotros como PDH nos comunicaremos con el presidente del Consejo Comunitario de Desarrollo Urbano y Rural de Escubillal, Jocotán, para confirmar si los padres lo están explotando para conseguir dinero fácil”, agregó Sandoval.

La Policía afirmó que colaborará con las entidades encargadas de velar por la integridad de los menores.

Investigarán el caso

Claudia Morales, delegada de la Procuraduría General de la Nación, informó que no han recibido información del Juzgado de la Niñez sobre este caso, pero que investigarán si el niño es explotado por los padres o por terceras personas.

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“Por favor necesitamos el apoyo de la población para que haga las denuncias respectivas y podamos actuar eficazmente para combatir la explotación infantil, la cual constituye un tipo de violencia contra el menor, ya que es utilizado para fines mezquinos”, manifestó Morales, quien añadió que las denuncias las reciben en el número 7942-0415.

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Jorge De León, de la Comisaría de la PNC en Chiquimula, informó que en el lugar también se rescataron a cinco menores de16, 13, 12, 10 y 9 años, quienes eran explotados laboral y sexualmente.

De León agregó que la captura se logró gracias a la denuncia de los pobladores, quienes indicaron que en el referido negocio se explotaban a niños.

Según investigaciones, a la menor de 16 años la explotaban sexualmente, mientras que los otros eran explotados laboralmente por Gutiérrez, quien  era la encargada del negocio que funcionaba de forma ilegal; Cetino era el que custodiaba a los cuatro menores para que no escaparan.

Los tres aprehendidos fueron  puestos a disposición del juzgado de turno, para dilucidar su situación jurídica,  mientras que  los menores fueron remitidos a la  delegación de la  Procuraduría General de la Nación en Chiquimula.