Erika Aifán, jueza de Mayor Riesgo D, inició la audiencia de primera declaración a cuatro sindicados, entre ellos el expresidente Otto Pérez Molina, quien antes de la audiencia dijo: “Son las últimas patadas de ahogado de la Cicig -Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala-”.

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A la cita también comparecieron el empresario farmacéutico Gustavo Adolfo Alejos Cámbara, su esposa, Beatris Jansa Bianchi de Alejos, el arquitecto Rafael Escobar Pereira y el expresidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), Juan de Dios de la Cruz Rodríguez López.

El único ausente fue Gustavo Adolfo Espina Salguero, quien fue vicepresidente del 14 de enero de 1991 al 1 de junio de 1993. Durante la audiencia Aifán explicó que a las 9 horas había entregado un memorial para estar ausente, sin aportar más detalles.

Sigue en prisión

Alejos, exsecretario privado del expresidente Álvaro Colom Caballeros, frustró su intensión de que le otorgaran arresto domiciliario a pesar de haber argumentado que al saber que existía un nuevo caso en su contra se había puesto a disposición de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci).

Aifán negó la petición de arresto domiciliario con el argumento que existieron inconsistencias en un acta que firmó el notario Brayan Corado cuando compareció junto con su papá, el diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen) Roberto Alejos Vásquez, a la sede central del Ministerio Público (MP), el 25 de julio pasado.

Incluso, la jueza ordenó que se abra un expediente contra el notario Corado debido a que el acta explica una hora de inicio -13:15 horas- y de finalización -55 minutos después- y el documento se refiere a que fue entregado ante la fiscal General María Consuelo Porras, a las 14 horas.

También que el abogado Ranferí Díaz -quien defiende a Alejos- se refirió a que había comparecido ante la Feci el 30 de julio pasado y después, el 1 de agosto último, se reiteró la petición para ser citado. Aifán explicó que las fotografías que le mostraron carecían de la identificación del día y la hora en que fueron captadas.

Otro aspecto que valoró Aifán para dejar en prisión a Alejos fue la argumentación del fiscal Carlos Videz, quien refirió que el pasado 6 de agosto el fiscal Andrei González compareció a la vivienda de Alejos en el residencial Premier Campestre, en el kilómetro 22.5 de la ruta a El Salvador, en la casa 27.

“Uno de los hijos del señor Alejos -Gustavo Andrés Alejos Jansa- explicó que su papá estaba en una finca, en el occidente, cuando tiene prohibición de salir del departamento de Guatemala”, mencionó Videz.

Dicen sus datos

Al estrado compareció cada señalado para decirle a la juez su nombre, edad, profesión y los hijos que procrearon.

Pérez Molina recordó que desde hace “casi cuatro años” está en la cárcel militar Mariscal Zavala y que tiene 68 años.

Alejos al estar en el banquillo se refirió a que su profesión es agricultor y omitió que es empresario farmacéutico. Se refirió a que está procesado en los casos Cooptación del Estado de Guatemala, Negociantes de la Salud y Transurbano.

Jansa Bianchi de Alejos explicó que es comerciante y Pereira dijo que es arquitecto.

Por su parte, Rodríguez de la Cruz mencionó que es abogado y administrador de empresas.

Seguirá a fin de mes

Aifán suspendió la audiencia y notificó que la misma continuará el 26 de agosto próximo. Ese día el fiscal Videz deberá explicar los hechos del caso.

El caso

Según el MP y la Cicig, exfuncionarios, constructores y abogados habrían integrado una red para beneficiarse con recursos producto de comisiones ilícitas para quedarse con contratos millonarios u obtener el pago de deudas.

Esa red tenía por objetivo “apoderarse del Estado y sus distintas instituciones con el fin de obtener y controlar el poder, extraer recursos a través de los particulares que mantenían contratos o vínculos con el Estado y enriquecerse ilícitamente, asegurando su impunidad y la de los demás partícipes”, citaron las dos entidades.

En esta red, supuestamente, habrían participado  Gustavo Alejos Cámbara, exsecretario privado de la Presidencia de 2008 a 2012; el expresidente Otto Pérez Molina (2012-2015), Juan de Dios Rodríguez, exsecretario Privado de la Presidencia de Pérez y expresidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), Acisclo Valladares Urruela, ministro de Economía, así como el empresario José Maynor Palacios Guerra.

“Para el cobro/pago de comisiones, se utilizaba el sistema bancario guatemalteco y el sistema bancario internacional, particularmente el panameño, como consecuencia de la compra de sociedades off shore en ese país, lo que permitía el manejo de dinero producto de las coimas acordadas. Mediante la elaboración de contratos de préstamos, simulaban ante las entidades bancarias la realización de una actividad económica inexistente, dando apariencia de legalidad al dinero que ingresaba al sistema financiero”, señala la pesquisa.

Así se determinó que Alejos recibió US$7 millones 297 mil 650 de Palacios Guerra y sus empresas, entre el 9 de febrero de 2011 y el 24 de abril de 2012, entre el último año de gobierno de la UNE y el primero del Partido Patriota.

El 15 de febrero de 2011, agrega la pesquisa, Palacios Guerra le transfirió US$1 millónes 421 mil 650 a Dolansea Worlwide Corp. para pagar las acciones de la sociedad Deckner Assets Inc., pero sus activos (apartamentos en Casa Margarita) los recibió y acabaron en poder de Alejos. Dos años más tarde las acciones de las sociedades propietarias de esos apartamentos aparecieron en manos de Acisclo Valladares Urruela, actual ministro de Economía y para quien habrá una solicitud de retiro de inmunidad.

Beatriz Jansa Bianchi, esposa de Gustavo Alejos, explica que es comerciante al pasar al estrado. pic.twitter.com/BDMd9WBWiv

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) August 16, 2019

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Por ser improcedente y por el riesgo en influir en la averiguación de la verdad el juez de Mayor Riesgo negó la petición a los procesados en el caso Cooptación del Estado de Guatemala, en el evento denominado La Cooperacha.

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Manuel López Ambrosio, quien fue ministro de la Defensa Nacional, y Juan de Dios de la Cruz Rodríguez López, quien fungió como presidente de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), deberán seguir en prisión preventiva en la cárcel militar Mariscal Zavala.

“Es prudente negar la petición. No han variado las condiciones y existe el riesgo a la averiguación de la verdad que es lo más relevante en cualquier proceso penal”, manifestó Gálvez, en la sala de audiencias del Juzgado de Mayor Riesgo B.

El juez rechazó la petición que hizo Rodríguez López, quien fue señalado el martes recién pasado en el caso Asalto al Ministerio de Salud, en el que están señaladas más de cien personas y serán planteados 10 antejuicios contra diputados por actos de corrupción y desvío de fondos millonarios.

El abogado de Rodríguez López había argumentado que la prisión preventiva era excesiva y recordó que su cliente ya tenía más de tres años en prisión. Incluso recordó la reciente apelación especial que otorgó la Sala Tercera de Apelaciones Penal que anuló la sentencia de seis años de cárcel a Rodríguez López en el caso IGSS-Pisa Chiquimula.

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Aún así el juez no vio fundamentos para otorgarle el arresto domiciliario. Mientras Gálvez resolvía, Rodríguez López leía la Biblia.

Gálvez también decretó sin lugar el pedido de López Ambrosio centrado en que el 28 de agosto de 2015 -un año antes de que se conociera el caso Cooptación del Estado de Guatemala– había llegado a la sede central del Ministerio Público (MP) a declarar y ponerse a disposición para colaborar con la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci).

“Mi cliente brindó declaración previa a su captura”, dijo el abogado Héctor Montenegro, quien lo defiende. El juez le dijo que ya se acercaba la etapa intermedia y ahí se podían volver a discutir nuevos pedidos de revisiones.

Ninguno de los militares retirados brindó declaración al respecto de lo resuelto por el juez.

El señalamiento

El MP y la Cicig señalan a los militares de haber aportado miles de quetzales para lujosos y ostentosos regalos para los cumpleaños del entonces presidente de la República Otto Pérez Molina y la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti.

Entre los regalos habían yates, inmuebles, vehículos y hasta un helicóptero, un avión y una lujosa vivienda en Roatán, Honduras.

#CooptaciónGT | El juez Miguel Gálvez niega el arresto domiciliario que solicitaron los procesados Manuel López Ambrosio -exministro de la Defensa- y Juan de Dios de la Cruz Rodríguez López. pic.twitter.com/aTPTqvYI45

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) July 17, 2019

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Pasaron 14 meses y 92 audiencias para que terminara el debate en contra de 21 implicados en un supuesto fraude en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) por la atención a los enfermos renales, el caso fue denominado IGSS-Pisa-Chiquimula.

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El juicio inició el 11 de agosto del 2017 recordaron algunos abogados y comentaron que a la investigación “le faltó sustento”.

https://twitter.com/kmonzon_pl/status/1039582553739538432

La última jornada

Durante la audiencia el tribunal rechazó la incorporación de cuatro familiares de pacientes renales que pretendían ser incluidos como querellantes.

Eran Claudia Figueroa Gozález, Reyna Elizabeth Santos Morales, Miriam Consuelo Ramos Morales y Elizabeth Pérez Cruz, quienes comparecieron a la sala de audiencias.

“Es extemporáneo y además, renunciaron a cualquier petición”, resolvió el Tribunal.

Tribunal Undécimo Penal rechaza la petición del @MPguatemala que intentaba incluir a cuatro familiares de pacientes renales en el juicio del caso IGSS-Pisa-Chiquimula.
"Es extemporáneo", resolvieron. pic.twitter.com/04VEKbjDzF

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) September 11, 2018

Pedidos en el evento Chiquimula

Los últimos cinco sindicados en el evento Chiquimula pasaron al estrado para plantear su petición a las juezas. El primero fue Francisco Cortez Bocaleti, quien dijo: “El MP me agarró como piñata por la forma de tratar a la gente, pero así he sido siempre”.

El procesado Francisco Cortez Bocaleti hace su último requerimiento al Tribunal Undécimo Penal debido a la acusación por fraude en el caso IGSS-Pisa-Chiquimula. pic.twitter.com/yQnUC14wd3

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) September 11, 2018

Los otros que manifestaron ser inocentes fueron Salvador Rolando Álvarez Mérida, Lester Daniel Ortiz Lima, Jorge Mario López Pellecer y Alma Judith Méndez.

El caso

La investigación del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) involucra a la exjunta directiva del IGSS, que presidió Juan de Dios de la Cruz Rodríguez López.

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El ente acusador señaló a los integrantes de la Junta Directiva de haber nombrado a los miembros de la Junta de Licitación quienes no eran idóneos ni llenaban los requisitos para adjudicar contratos de servicios de diálisis peritoneal. Además, aprobaron la actuación de la Junta de Licitación sin advertir los vicios del proceso (falta de capacidad de la Droguería Pisa de Guatemala, S. A., y la falta de disposición, control y supervisión de la prestación del servicio ofrecido).

También de haber autorizado en forma irregular que la Droguería Pisa de Guatemala, S. A., continuara en el proceso de licitación pese a que la misma no cumplía con las especificaciones técnicas necesarias: recursos humanos, infraestructura básica y mobiliario.

Procesados por fraude

• Juan de Dios de la Cruz Rodríguez López (expresidente del IGSS).
• Julio Roberto Suárez Guerra (exintegrante Junta Directiva).
• Julio Amparo Lotan Garzona (exintegrante Junta Directiva).
• Max Erwin Quirin Schoder (exintegrante Junta Directiva).
• Jesús Arnulfo Oliva Leal (exintegrante Junta Directiva).
• Álvaro Manolo Dubón González (subgerente administrativo).
• Doris Elubia González Salazar (exintegrante Junta de Licitación).
• Mayra Lissbeth Gómez Suárez (exintegrante Junta de Licitación).
• Alba Maritza Maldonado Gamboa (exintegrante Junta de Licitación).
• Delia Haydee Castañon Guerra (exintegrante Junta de Licitación).
• Carmen Yadira Gil Quiñónez (exintegrante Junta de Licitación).

Otros señalados

• Otto Fernando Molina Stalling (exasesor del IGSS): asociación ilícita y cobro ilegal de comisiones.
• Herbert Rodolfo García-Granados Reyes (particular): asociación ilícita y cohecho activo.
• Edgar René de la Peña Archila (exgerente de ventas, Droguería Pisa): cohecho activo.
• Ramiro Armando Lorenzana Ortíz (exdirector general, Droguería Pisa): asociación ilícita y cohecho activo.
• Arturo Adolfo Castellanos Poou (exmédico del IGSS): asociación Ilícita.

Evento IGSS-Chiquimula

• Jorge Mario López Pellecer, director de la clínica del IGSS de Chiquimula.
• Francisco Cortez Bocaletti, jefe del Departamento de Servicios Contratados del IGSS.
• Salvador Rolando Álvarez Mérida, particular.
• Lester Otto Daniel Ortiz Lima, particular.
• Alma Judith Méndez Blanco, representante legal y propietaria de Negefi, S.A

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