Caso Melisa Palacios: qué podría pasar si se acepta la recusación contra la jueza Carol Berganza y cuántas han marcado el proceso 

El caso por el asesinato de Melisa Palacios suma, al menos, siete recusaciones; la más reciente podría apartar a la jueza Carol Berganza y retrasar nuevamente el juicio.

la Redacción

6 de septiembre de 2025

|

14:45h

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Victoria Gobern, abogada de Fernanda Bonilla, y Daniel Estuardo Rivera, defensor de José Luis Marroquín, durante la audiencia de etapa intermedia del caso Melisa Palacios, el 2 de septiembre de 2025.

El caso por el asesinato de Melisa Palacios Chacón se ha convertido en uno de los procesos judiciales más complejos de los últimos años en Guatemala. 

A lo largo de más de cuatro años, el expediente ha estado marcado por, al menos, siete recusaciones, apelaciones, amparos y múltiples recursos legales que han frenado la búsqueda de justicia. 

El 2 de septiembre de 2025, el Juzgado de Mayor Riesgo “C”, a cargo de la jueza Carol Yesenia Berganza, resolvió enviar a juicio a Fernanda Bonilla Archila y José Luis Marroquín Ovalle, sindicados de la muerte de Palacios. 

Sin embargo, apenas tres días después, la defensa de los acusados presentó una nueva recusación, que de aceptarse podría cambiar el rumbo del proceso.

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Qué ocurriría si se acepta la recusación contra la jueza Carol Berganza 

La Ley Orgánica del Organismo Judicial establece que cuando una recusación es aceptada, el juez debe ser apartado del caso y sustituido por otro, de acuerdo con el orden numérico de los juzgados competentes. 

En este escenario, el caso pasaría a manos de la jueza de Mayor Riesgo “D”, Abelina Cruz, magistrada que ha sido cuestionada en el pasado por beneficiar a políticos y empresarios en casos de alto impacto por corrupción en Guatemala. 

Entre sus resoluciones más polémicas se encuentran el cierre de procesos contra Gustavo Alejos, Manuel Baldizón, Alejandro Sinibaldi y Blanca Stalling.

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Un proceso lleno de obstáculos legales 

El expediente por el asesinato de Melisa Palacios refleja las tensiones entre las partes procesales y la fragilidad del sistema judicial guatemalteco frente a casos de alto impacto. 

A lo largo de los años, tanto la defensa de los acusados como el MP y el Instituto de la Víctima, que actúa como representante de la madre de la víctima, han recurrido a recusaciones para apartar a jueces, alegando falta de imparcialidad o decisiones que afectaban el curso del proceso. 

Primera recusación: diciembre de 2021 

El juez José Maximino Morales, de Primera Instancia Penal de Zacapa, fue el primero en conocer el caso.

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En diciembre de 2021 decidió excluir pruebas que el MP consideraba determinantes, como los chats entre Bonilla y Marroquín donde supuestamente coordinaban el ataque contra Palacios. 

Tras las críticas, Morales se apartó en enero del 2022 y el caso pasó a la Sala Mixta de Apelaciones de Zacapa, que designó a la jueza Sandra Patricia Mejía Esquivel. 

Segunda recusación: enero de 2022 

La abogada Silvia Yolanda Arrazola España, del Instituto de la Víctima, recusó a la jueza Mejía, argumentando falta de imparcialidad.

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La juzgadora decidió excusarse y solicitó que el caso fuera trasladado a otro departamento, lo que llevó a que el expediente quedara en manos del juez Juan José Regalado Rivas, de Chiquimula. 

Tercera recusación: marzo de 2022 

En marzo, nuevamente el Instituto de la Víctima presentó una recusación, esta vez contra el juez Regalado, alegando que no había aceptado pruebas relevantes como audios, testimonios y capturas de pantalla. 

Sin embargo, la Sala de Apelaciones rechazó el recurso y el proceso continuó en Chiquimula.

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Entre 2022 y 2024, el expediente permaneció prácticamente estancado, no solo por los recursos presentados, sino también por un proceso paralelo contra Bonilla, acusada de usar teléfonos celulares en prisión, delito por el cual fue condenada en 2025. 

Cuarta recusación: 2024 – 2025 

El MP solicitó trasladar el caso a un juzgado de Mayor Riesgo en la capital, alegando intimidaciones y falta de imparcialidad en Chiquimula. 

No obstante, en enero de 2025 la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazó la solicitud. 

Quinta recusación: marzo de 2025 

La audiencia de etapa intermedia fue suspendida por una nueva recusación.

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Así reaccionó Fernanda Bonilla al escuchar la voz de Melisa Palacios clamando por su vida durante audiencia            

En esta etapa, el MP presentó un audio grabado minutos antes del crimen, el cual fue extraído de un video difundido en redes sociales. 

El ente investigador argumentó que dicho material confirmaba la coordinación del ataque y solicitó que el caso se mantuviera bajo la tipificación de asesinato. 

Sexta recusación: abril de 2025 

La CSJ ordenó que la Cámara Penal revisara nuevamente los argumentos del MP para trasladar el caso a un juzgado de Mayor Riesgo. 

La defensa de los acusados apeló la decisión, pero los magistrados suplentes rechazaron el recurso.

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El caso es trasladado a la capital 

Tras la resolución de la CSJ de abril de 2025, que ordenó a la Cámara Penal revisar los argumentos del Ministerio Público (MP), la competencia fue reasignada y el expediente fue remitido a la capital, quedando radicado en el Juzgado de Mayor Riesgo “C”.  

El traslado se materializó antes del 2 de septiembre de 2025, fecha en la que la jueza Carol Yesenia Berganza celebró la audiencia de etapa intermedia en la Ciudad de Guatemala. 

Séptima recusación: septiembre de 2025 

El 5 de septiembre, la defensa de Bonilla y Marroquín presentó una nueva recusación contra la jueza Carol Berganza, quien días antes los habió a juicio por asesinato y rechazado su tercera solicitud de aceptación de cargos bajo los delitos de homicidio en estado de emoción violenta y encubrimiento propio.

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Audiencia clave del 2 de septiembre de 2025 

Durante la audiencia intermedia, la jueza Berganza escuchó los argumentos del MP y del Instituto de la Víctima, quienes sostuvieron que el crimen de Palacios no podía clasificarse como homicidio en estado de emoción violenta, sino como asesinato planificado, debido a los mensajes y pruebas recabadas en el expediente. 

La defensa de Bonilla pidió la clausura provisional del caso y solicitó que su clienta se sometiera a exámenes psiquiátricos, pero la jueza rechazó ambas peticiones. 

Tras evaluar los elementos, Berganza resolvió enviar a los dos acusados a juicio por asesinato, decisión que abrió la puerta a un nuevo capítulo en este largo proceso.

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Un caso de alto impacto aún sin sentencia 

El asesinato de Melisa Palacios ha sido considerado un caso de alto impacto en Guatemala, no solo por la crudeza del crimen, sino por el entramado de recursos legales que lo han retrasado. Para la familia de la víctima, cada recusación significa una nueva dilación en el acceso a la justicia. 

Mientras tanto, el proceso depende ahora de lo que resuelva la Sala Primera de la Corte de Apelaciones de Mayor Riesgo sobre la recusación presentada contra la jueza Berganza.

Si es aceptada, el caso cambiaría de manos, lo que implicaría nuevos retrasos; si es rechazada, el juicio contra Bonilla y Marroquín podría finalmente avanzar. 

Juez que conoce el caso Melisa Palacios se excusa de seguir el proceso penal

Durante tres años, el juez Juan José Regalado estuvo a cargo del caso contra María Fernanda Bonilla y su guardaespaldas José Luis Marroquín Ovalle, por la muerte de Melisa Palacios.

Rubén Lacán

7 de junio de 2025

|

12:48h

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Melisa Palacios fue hallada muerta el 5 de julio de 2021 y su caso aún sigue inconcluso, denuncian sus familiares. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

A una semana de que la Cámara Penal lleve a cabo la vista pública para decidir si el caso de Melisa Palacios sea trasladado a un Juzgado de Mayor Riesgo, Juan José Regalado, juez de Primera Instancia Penal de Turno de Chiquimula, emitió una resolución para excusarse de seguir conociendo el proceso penal contra María Fernanda Bonilla y su guardaespaldas José Luis Marroquín Ovalle, señalados por la muerte de Palacios, el 5 de junio de 2021.

El Instituto de la Víctima y la Fiscalía de Femicidio del Ministerio Público fueron notificados de la decisión del juzgador el pasado 3 de junio.

“Él —juez Juan José Regalado— se excusa con fundamento en que se ha dudado de su imparcialidad, por sanidad del proceso y porque se ha pedido en otros momentos que se le aparte del proceso. Él considera que es prudente excusarse de seguir conociendo el caso”, comentó Juan Carlos Aquil, abogado del Instituto de la Víctima.

Agregó que serán los magistrados de la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones del departamento de Chimaltenango quienes resuelvan.

Comentó que Anabella Chacón, madre de la víctima, había interpuesto una denuncia contra todos los jueces de Chiquimula por dudar de su imparcialidad.

Además, el Instituto de la Víctima presentó un amparo ante la Corte Suprema de Justicia, el cual buscaba separar a todos los togados de esa judicatura en el caso Melisa Palacios.

A criterio de la CSJ, las circunstancias del caso no ameritan un fallo a favor porque no concurre ninguno de los supuestos contenidos en el artículo 28 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad.

Traslado del caso a Juzgado de Mayor Riesgo

La Cámara Penal programó para el 9 de junio la vista pública para escuchar los argumentos sobre el traslado del expediente a un juzgado de alto impacto.

El motivo principal por el que el MP y el Instituto de la Víctima buscan que el caso de Melisa Palacios se discuta en un juzgado de alto impacto se debe a escenarios de “intimidación” que, aseguran, han sufrido las partes involucradas en el caso.

“El traslado del expediente lo estamos pidiendo a un Juzgado de Mayor Riesgo porque obedece a una de las causales que establece la ley en su artículo 2, por el peligro que podrían correr los jueces, fiscales, testigos o cualquiera de los sujetos procesales”, expuso Aquil.

Comentó que han llegado personas armadas en cada audiencia contra Bonilla y Marroquín.

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“La PNC lamentablemente ni siquiera ha llegado a decirles por qué razón están ahí, ni con qué autorización portan armas de grueso calibre. Incluso, algunas personas llegan con el rostro cubierto”, explicó el abogado.

En un video se observa cómo al menos 25 agentes de la Policía Nacional Civil y 10 guardias élite del Sistema Penitenciario (SP) trasladan desde la cárcel de Zacapa al Juzgado de Chiquimula a María Fernanda Bonilla Archila y su guardaespaldas, José Luis Marroquín Ovalle.

De acuerdo con las autoridades del SP, el esquema de seguridad que se brinda a Bonilla obedece a alertas emitidas por la Unidad de Análisis de Información Penitenciaria y a una solicitud de la Fiscalía del Distrito de Zacapa del Ministerio Público, por posibles atentados contra la sindicada.

El caso de Melisa Palacios

El 3 de julio de 2021, Melisa Palacios abandonó su casa diciendo que iba al cumpleaños de un amigo, cuando en realidad se reunió con su amiga y principal acusada, María Fernanda Bonilla.

Cámaras de seguridad captaron el momento en que Palacios ingresó a un vehículo junto a Bonilla. Posteriormente, cámaras del sector captaron la ruta de los vehículos. La víctima iba con la misma ropa con la que horas después fue localizada sin vida, lo que aumenta las probabilidades de la posible participación de Bonilla en el crimen, según los fiscales.

Además de ese seguimiento, el MP cuenta con un testigo que proporcionó audios que reafirman la hipótesis de los fiscales. “Una testigo recibió un audio donde se escuchan varios reclamos que le hace María Fernanda a Melisa, quien suplica por su vida”.

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Un juzgado resolvió, en 2021, el cambio de delito a favor de los presuntos responsables: a Bonilla le modificó el delito de asesinato por homicidio en estado de emoción violenta, y a Marroquín, por encubrimiento propio. Desde entonces, existe un pulso entre la defensa de los sindicados, jueces y el MP junto al Instituto de la Víctima, para llevar el caso a un Juzgado de Mayor Riesgo.