Han pasado cinco años desde que quedó inmovilizado un apartamento lujoso del magistrado separado del cargo, Eddy Geovanni Orellana Donis, quien ha sido enviado a juicio por supuestamente haber cooperado para amañar elección de cortes nacionales en 2014.

Ester lunes 29 de mayo, en el Juzgado de Extinción de Dominio se celebró una audiencia a petición de Orellana Donis en la que pidió se levante la inmovilización del inmueble ubicado en la zona 14 de la capital.

La Fiscalía de Extinción de Dominio justificó que ha habido demoras desde la pandemia para pedir la extinción. El juez de Extinción, Marco Antonio Villeda, cuestionó la tardanza del Ministerio Público (MP) y detalló que hay “dos peticiones contrapuestas” con sentido.

La defensa de Orellana Donis justificó que el apartamento se adquirió con dinero lícito, pero el juez señaló que la procedencia no se cuestiona, sino el mecanismo en que Orellana Donis obtuvo el inmueble.

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La hipótesis

Según el MP, el apartamento fue un regalo de Roberto López Villatoro, conocido como el Rey del Tenis, a Orellana Donis.

Los propietarios del apartamento, Carlos Augusto, Vicente Rafael, David Edmundo y Daniel Estuardo, de apellidos Escobar Ulloa, pusieron en venta el inmueble en el 2013.

Los propietarios fueron representados por el abogado César David Sánchez, quien les presentó a Gustavo Ortiz Arroyo, representante legal de la empresa Alta Seguridad en Servicios, S. A., quien mostró interés en adquirir la propiedad, valorada en unos Q3 millones.

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Luego de esa reunión se hizo el contrato de compraventa el 26 de diciembre del 2013. Los dueños entregaron la llave para que se realizaran las remodelaciones correspondientes. Luego de cierto tiempo los propietarios exigieron el pago de venta.

Ortiz Arroyo les indicó que la persona que adquirió el apartamento era “el Rey del Tenis” y si seguían exigiendo el pago les podía pasar algo pues era una persona muy poderosa. Lo dijo con tono de amenaza.

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Ante la falta de pago, los hermano Escobar Ulloa inmovilizan el bien en el Registro de la Propiedad, y en ese momento se percatan que en el apartamento ya residía Orellana Donis y su esposa, Doris Lucrecia Alonso Hidalgo.

Los propietarios hacen el cobro a Orellana Donis y este les dice que dejen de estar molestando, que no les debe nada ya que la propiedad es un regalo del Rey del Tenis.

El magistrado separado del cargo, Eddy Giovanni Orellana Donis, al Juzgado de Extinción de Dominio pide levantar inmovilización de un apartamento enzona 14 de la capital que se dictaron en mayo de 2018. pic.twitter.com/ws2oqozSZM

— Edwin Pitán (@Epitan_PL) May 29, 2023

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El congresista indicó que a su criterio este trámite debería hacerse “a la brevedad”, por lo que espera que exista un consenso para que el martes se elija el reemplazo de la magistrada.

Análisis

Alejos, quien también es parte del bloque Todos, indicó que el fallecimiento de la magistrada García fue un hecho sorprendió a todos en el Congreso.

“Creo que ninguna bancada en este punto además de saber cuáles son los 10 nombres —de sustitutos— ha analizado con profundidad quien podría ser el reemplazo. Tienen que haber un consenso y diálogo por parte de todos los jefes de bloque”, señaló el parlamentario.

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Aníbal Rojas, jefe de la bancada Visión con Valores (Viva), afirmó que hay que buscar un consenso y se están analizando los nombres de los diferentes candidatos.

“Hay una lista de suplentes sobre la cual hay que elegir. Lo que hacemos es un análisis de cada uno de ellos, tenemos el perfil, pero aún no se ha tomado alguna decisión”, señaló Rojas.

Carlos Chavarria, subjefe de la bancada Compromiso Renovación y Orden (Creo), señaló que es el deber de todas las bancadas “buscar las mejores hojas de vida que tiene cada uno de los candidatos”.

“Nosotros no vamos a aceptar presiones ni políticas ni favoritismos ni nada, sino que estaremos a favor de quien creamos que sea la mejor persona”, señaló Chavarría.

Aspirantes

Actualmente son 10 los aspirantes a ser elegidos como magistrado de la Corte Suprema de Justicia que fueron elegidos por la Comisión de Postulación en 2015.

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Estos son:

1. Mario Estuardo Gordillo Galindo
2. Hugo Haroldo Calderón Morales
3. Rogelio Zarceño Gaitán
4. Brenda Anabella Quiñónez Donis
5. Marco Aurelio Alveño Ovando
6. Manuel Reginaldo Duarte Barrera
7. Nidia Violeta Domínguez Tzunum
8. Ana María Rodríguez
9. Selvin Wilfredo Flores Divas
10. Guillermo Demetrio España Mérida

En el Congreso se menciona que la aspirante que más posibilidad tiene de ser elegida es Ana María Rodríguez; sin embargo, los tres diputados consultados indicaron que no han escuchado nada sobre esta situación y enfatizaron que se necesita analizar y llegar a un consenso por parte de todas las bancadas.

Mientras que la organización Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro (Fads) señaló en un comunicado que en el listado de candidatos “abundan aquellos que tienen vínculos políticos profesionales o de amistad con exfuncionarios del Gobierno de Otto Pérez Molina y con operadores”.

García fue nombrada por el Congreso el 27 de septiembre de 2016 para ocupar la magistratura de Douglas Charchal, implicado por asociación ilícta y tráfico de influencias, sospechoso de haber utilizado sus influencias para favorecer a la Terminal de Contenedores Quetzal.

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Morelia Ríos, jueza del tribunal undécimo de Sentencia Penal, condenó a cinco años de prisión inconmutables al magistrado Érick Gustavo Santiago de León por cohecho pasivo, y a dos años de cárcel inconmutables a Eliot Imeri Díaz por tráfico de influencias. Samuel Alvarado López fue absuelto.

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En un comunicado, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) dijo que analizaban apelar la absolución de Alvarado López, de quien la jueza indicó que “su conducta aunque fue antiética no constituía un delito, pese a tener comunicaciones con Imeri Díaz”. 

En el texto, la Cicig también informó que la juzgadora “dio valor probatorio a algunos medios de prueba (base de la sentencia), entre los que se incluyen: interceptaciones telefónicas, prueba documental y testimonial”.

El próximo 11 de julio, las partes procesales escucharán la lectura íntegra de la sentencia.

El caso

Según las pesquisas, el 9 de octubre del 2014, el Ministerio Público (MP) y la Cicig determinaron que Santiago de León se alió con Díaz y Alvarado para ofrecerle a una empresa, condenada al pago de Q93 millones, la reducción de la sanción si pagaba una comisión de hasta Q10 millones.

En febrero de 2015, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) determinó que existían suficientes pruebas de la participación del magistrado en el hecho y le retiró la inmunidad para que puediera ser investigado. 

Cuando ocurrieron los hechos, Santiago de León era vocal II de la Sala Tercera de Apelaciones del ramo Civil y fue detenido el 22 de septiembre del 2015, cuando presidía la Sala Regional Mixta de Apelaciones Civil de Quiché. 

De acuerdo con las investigaciones, una disputa legal por el uso de una frase –slogan–, habría provocado que una empresa fuera demandada por otra compañía, y De León ofrecía a cambio de una comisión fallar a favor de una de las partes.

El caso fue denunciado por la firma afectada el 25 de septiembre de 2014.

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El Viernes Santo  1 de abril de 1994, a metros de su casa fue asesinado Epaminondas González Dubón, presidente de la Corte de Constitucionalidad (CC). Este asesinato es de los tantos que siguen impunes.

El nombre Epaminondas González Dubón y su legado debe ser ejemplo para todo guatemalteco que quiera tejer una sociedad justa en la que gobernantes y gobernados se ajusten a la regla del derecho como medio para mantener la paz.

Edmundo Vásquez Martínez, entonces magistrado de la CC, dijo: “Es falso que los escuadrones de la muerte han sido desmantelados en Guatemala. Los asesinatos y las acciones contra la seguridad y contra la paz no han dejado de producirse, sino todo lo contrario”, también el vicepresidente de la República de la época, el jurista Arturo Herbruger Asturias, aseguró que el asesinato había sido perpetrado por “los enemigos de la democracia”.

Epaminondas González tuvo una participación sobresaliente cuando Jorge Serrano Elías de un plumazo quizo derogar parcialmente la Constitución y entacucharse de dictador. La sentencia del 25 de mayo de 1993 es un valioso instrumento para estudiar lo que un Tribunal Constitucional debe hacer cuando el sistema jurídico en su conjunto es amenazado por situaciones de fuerza. Esta sentencia dejó sin ninguna oportunidad la eventual “formalización legal” de ese autogolpe.

Epaminondas González era presidente del Tribunal Constitucional y esperando que llegaran los soldados a sacarlo de su despacho, al mejor estilo de un defensor del derecho y sus convicciones, convocó a sus pares para conocer la ponencia que revolucionaría el derecho constitucional hasta la fecha y además colocó a la CC como un tribunal digno de estudio en todas las facultades de Derecho serias del mundo.

Epaminondas González tuvo la suerte de que lo acompañaran en su esfuerzo de ejercer la magistratura otros seis abogados que tuvieron el coraje de firmar la sentencia que evitó truncar nuestro desarrollo constitucional y pasar a la historia como quienes pudieron, desde la toga, evitar el asalto de la fuerza. Jorge Mario García Laguardia, Adolfo González Rodas, Gabriel Larios Ochaita, Rodolfo Rohrmoser Valdeavellano, Carlos Enrique Reynoso Gil y José Antonio Monzón Juárez acompañaron a su presidente de Corte hasta las últimas consecuencias.

En un país como el nuestro, donde los golpes de Estado se legitimaron por decreto, donde las armas siempre pudieron más que la justicia y el derecho, la actitud de Epaminondas González debe evocarse y no debe quedar en el olvido.

El asesinato tuvo una “explicación” de delincuencia común, pero siempre se supo que había mucho más e incluso la deficiente y negligente investigación forense confirma que la decisión criminal salió de gente que mantenía (y aún puede mantener) una buena cuota de poder.

Epaminondas González llegó a la CC como magistrado electo por la asamblea general del Colegio de Abogados y Notarios y fue legítimo representante de un gremio que en ese momento estaba comprometido con la construcción efectiva de la democracia como forma de vida; sin embargo, encontró que su crimen permanezca guardado en alguna estantería del sistema esperando justicia.

Nos dibuja de cuerpo entero que el asesinato de un presidente del Tribunal Constitucional, a la fecha, siga en impunidad, y esto debe denunciarse para buscar respuestas en un sistema que sacraliza las formas, evade el fondo y olvida su objetivo central.

A 24 años de este asesinato, las nuevas generaciones deben saber que la única forma de no repetir el pasado es conocerlo y la mejor forma de salir de los atolladeros morales es encontrar ejemplos de vida, así que el de Epaminondas González quede para ello.

El día anterior también agentes de la Fiscalía Especial contra la Impunidad allanaron las instalaciones de la Empresa Municipal de Agua y la oficina particular de Óscar Alfredo Guzmán González, gerente general de esa entidad y quien durante el gobierno de Álvaro Arzú fue una pieza fundamental en la venta de la empresa estatal de telecomunicaciones.

Este triple evento presenta un panorama que no ha dejado de sorprender a los guatemaltecos durante los últimos tres años, porque los embates de la justicia continúan dando muestras del largo trecho que queda por recorrer para lograr el convencimiento de los sectores más recalcitrantes de que la lucha contra la corrupción es mucho más seria de lo que algunos suponen y que tampoco debe ni va a detenerse.

En el primer caso, por ser tantos los involucrados, la audiencia continuará el lunes, pues el juez Eduardo Cojulum solo pudo escuchar a 11 de los procesados, en una clara muestra de las enormes implicaciones que debe enfrentar el sistema de justicia.

En cambio, sobre las nuevas capturas, el caso no deja de ser emblemático porque los hoy detenidos han sido piezas clave en un andamiaje para elegir magistrados del Organismo Judicial o aspirantes al Ministerio Público, como es el caso del abogado conocido como el Rey del Tenis, quien ha sido señalado de haber ejercido influencia en varios integrantes de anteriores comisiones de postulación.

Su caso ya había causado conmoción en el mundo político y judicial cuando en el 2009 el primer jefe de la Cicig, Carlos Castresana, lo señaló de ser uno de los corruptores en el proceso de selección de integrantes de las comisiones de postulación y se afirmaba que a través de un complejo tráfico de influencias y el reparto de dádivas había podido colocar a 26 de 54 jueces elegidos ese año.

Por eso también adquiere mucha relevancia la detención del magistrado Orellana, presidente de la Corte de Apelaciones del ramo Civil y Mercantil y que perdió su inmunidad en junio de 2017, porque con unos ingresos modestos resultó siendo propietario de un lujoso apartamento en la zona 14 y también fue sindicado de haber recibido al menos dos millones de quetzales. En ambos casos deberá demostrar que la posesión de esos bienes y valores no procede de recursos ilícitos.

Los nuevos allanamientos, la continuación de procesos y las recientes capturas permiten vislumbrar el avance de la justicia, aunque ahora también llevan implícito el mensaje de buscar la erradicación de las oscuras prácticas de traficar influencias de manera corrompida en procesos vitales para el fortalecimiento del estado de Derecho y, mucho más importante, que quienes buscan entorpecer la lucha contra la corrupción y la impunidad reciban estos mensajes inequívocos.

Charchal había solicitado una licencia sin goce de salario luego de perder su inmunidad en el Congreso por supuestos sobornos recibidos para favorecer una licencia de construcción a favor de la empresa Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ).

Este martes circuló una carta enviada por Charchal a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) donde solicita reincorporarse a partir de este jueves.

La decisión de Charchal de retomar sus labores llega en un momento coyuntural, según la opinión de algunos analistas como Carmen Aída Ibarra, del movimiento ProJusticia, que señala que llegaría a integrar la corte en un momento de decisiones de gran trascendencia política.

La CSJ está por conocer la resolución de antejuicios contra diputados y jueces y la elección del nuevo presidente del Organismo Judicial.

Director y propietario del despacho jurídico Douglas Charchal Ramos y Asociados. Durante nueve años fue asesor  de la Empresa Portuaria Quetzal, en Escuintla. También fue gerente de asuntos jurídicos de Fonapaz.

Caso TCQ

La causa de la solicitud de antejuicio contra Charchal surge por la declaración que Juan Carlos Monzón Rojas hizo al MP sobre el caso de TCQ y que involucra al magistrado.

El jefe de la Cicig, Iván Velásquez, explicó que Monzón buscó al magistrado para obtener una resolución a favorable de TCQ en un juzgado de Escuintla donde se planteó un amparo que afectaba los intereses de la empresa.

Velásquez informó que la ayuda que recibió Monzón Rojas con una resolución a favor de TCQ, es porque Charchal le pidió ayuda a Roxana Baldetti y Monzón para llegar la CSJ, así lo dijo Monzón a los fiscales del MP.

La investigación del Ministerio Público hasta el momento ha logrado la incautación de un vehículo de lujo, valorado en Q1 millón, propiedad de Mario Ruano, ex secretario del magistrado Douglas Charchal.

Según el MP, Ruano habría presionado en un juzgado de Escuintla, a petición del magistrado Charchal, para que denegará el amparo que planteó el alcalde del municipio de Puerto San José, José Alberto Rizzo Morán, quien exigía que TCQ pagara una licencia para operar por Q24 millones.

El trámite seguirá en manos del magistrado Carlos Patricio Rodríguez Meza, vocal segundo de la Sala Primera de Apelaciones de lo Penal, quien fue nombrado juez pesquisidor.

Rodríguez Meza tendrá un plazo de 60 días hábiles desde que reciba el expediente del antejuicio.
Caso

Los señalamientos de Blanco en contra de Mis Ávila se basan en la denuncia pública que hizo el magistrado Carlos Aguilar el 9 de octubre del 2014, cuando fungía como juez segundo de lo Penal.

Aguilar reveló esa vez que el imputado le propuso un cargo a cambio de no archivar una denuncia. Aun así archivó la querella que la ex vicepresidenta Roxana Baldetti había presentado en contra de Sandra Torres, por un supuesto mal manejo de  recursos.

La demanda fue planteada cuando Baldetti era diputada. Mis Ávila figuró como abogado de la ex vicemandataria, y estuvo en la Secretaría de Transparencia.

En entrevista con Prensa Libre consideró que ello no requiere más gastos ni cambios a las normas. A continuación lo más destacado de la plática con De Mata Vela.

¿Cuál es su plan de trabajo?

Trazar la celeridad de los procesos de amparo y la emisión de sentencias, que sean más rápido, para que no haya una mora jurídica constitucional. Son demasiados los procesos de amparo que se plantean, y en atención a que no hay ámbito que no sea susceptible de este, se hace mal uso del mismo y se abusa. El amparo tiene que ser una protección constitucional del ciudadano y no un recurso de impugnación. Hay que regularlo de inmediato.

¿Qué más se propone?

Me parece importante ser prudente en la ejecución de las resoluciones, no extralimitarse en las funciones que tiene un juez constitucional. Muchas veces se ha llegado hasta a legislar. Es importante advertir que la CC no es un tribunal ordinario; muchas veces se emiten resoluciones donde casi que se quiere juzgar sobre culpabilidad o inocencia de una persona, lo cual corresponde a la jurisdicción ordinaria.

¿Cuál es el papel de la CC?

La jurisdicción de la CC es privativa, en defensa del orden constitucional, y lo que tiene que advertir es que no sean violentadas garantías constitucionales.

¿Se necesita capacitación en el ámbito constitucional?

Es importante que la población tenga total acceso a la justicia constitucional, merece estar muy informada y formada a efecto que conozca sus derechos fundamentales, que los haga valer en su vida diaria y que respete los de los demás. Además, hay que hacer vinculación interinstitucional.

¿A qué se refiere?

Que hagamos capacitaciones conjuntas con otras instancias y órganos del Estado, a efecto de que todos conozcan de forma amplia las opiniones de la CC. Es decir, la idea que se conozca antes para no cometer errores y luego plantear inconstitucionalidades.

¿Por qué esperar que llegue la enfermedad para curarla? Mejor preverla. La capacitación a jueces que ejercen jurisdicción ordinaria es importante porque eventualmente asumen la función constitucional. En el Congreso constantemente producen legislación y es importante que estén capacitados e interconectados con la CC, para que cuando emitan leyes no se estén atacando de inconstitucionalidad, que lleva otro proceso.

¿Eso evitaría que la CC tenga tanto trabajo?

Evitamos que después que se emitan leyes se impugnen de inconstitucionales, porque va y viene otra vez y empiezan procesos demasiado tardados, dilatorios, cuando se puede prever.

¿Cómo evitará que su voto se politice?

Somos jueces constitucionales y creo que tenemos que resolver jurídicamente, apegados a la Constitución. No importa que los problemas sean políticos o de cualquier naturaleza. La resolución tiene que ser jurídica y constitucional. El norte tiene que ser la Constitución, no nos podemos perder.

¿Qué puede decir de la tacha que se presentó en su contra, por plagio?

Fue parte de la contienda. Sinceramente fue una ingrata e infame forma de tratar de demeritar mi participación.

¿Invirtió en su candidatura?

Ni un solo centavo. No tuve compromisos con nadie.

El magistrado Néster Vásquez, presidente de la Cámara de Amparos, confirmó este miércoles que la diputada será investigada. El trámite de antejuicio fue admitido durante la última reunión que sostuvo el pleno de Corte antes del descanso de Navidad.

Ángel Pineda, portavoz del Organismo Judicial, informó en rueda de prensa que la jueza pesquisidora será la vocal I de la Sala Cuarta de Apelaciones del ramo Penal, Benecia Contreras Calderón, quien tendrá 60 días para investigar y redactar un informe que sugiera a los magistrados si hay indicios que motiven o no el retiro de la inmunidad.

Pineda dijo que, según la petición de antejuicio, el Ministerio Público (MP) señala que Beltranena tuvo el aval de Baldetti para designar personas en puestos “estratégicos”, por lo cual se le atribuye el delito de tráfico de influencias.

Aparte, también está antejuiciada por el delito de usurpación de atribuciones, por cuanto estaba contratada por servicios profesionales sin contar con el grado académico que lo amerite.

Beltranena dejará de ser diputada el 14 de enero próximo, cuando concluya la presente legislatura.

Beltranena, exasistente de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, fue juramentada como diputada el pasado 27 de octubre en sustitución de Pedro Muadi, quien renunció debido a que le retiraron la inmunidad por un caso de venta de plazas fantasma en el Congreso.

La actual diputada libró un antejuicio en su contra el 10 de diciembre recién pasado. Ese día el magistrado Josué Baquiax informó que la CSJ había rechazado la solicitud de antejuicio que el MP por usurpación de atribuciones y tráfico de influencias, porque el pleno consideró que no existían argumentos suficientes en contra de la parlamentaria, ya que los señalamientos estaban fundados en publicaciones de Facebook.

Durante la diligencia el MP presentó escuchas telefónicas y fotografías en donde se puede establecer que el magistrado Santiago de León pudo haber cometido el ilícito de cohecho pasivo.

Una de las comunicaciones que fue presentada por el ente investigador se puede escuchar a Eliot Imeri Díaz que conversa con Elvia, a quien se identificó como Silvia María Orantes, esto fue el 1 de octubre de 2014.

EID: Ellos son abogados y seguramente le dijeron anda y apacha ya ese clavo porque en Guatemala son unos imbéciles y no lo arreglaron.

Elvia: Ujum, así es.

EID: Entonces a mí lo que me toca…ya no son tanto los 13 melones, aquí lo que se trata es de la aparición pública y todo pues.

Elvia: Ujum, si agárrelo por ahí que son una empresa pública y obviamente si sale a luz esta información las acciones podrían venirse abajo pues…

EID: Yo lo que si puedo hacer aquí es negociar por mi amigo, verdad usted, y decirle mira te logre esto y si puedo más pues mejor verdad.

Elvia: Exactamente.

Según la investigación el magistrado con la intermediación de Samuel Enrique Alvarado López y Eliot Imeri Díaz -ligados a proceso por tráfico de influencias- habrían negociado el pago de Q10 millones de comisión a cambio de un fallo favorable para una empresa que fue sentenciada a pagar Q93 millones dentro de una causa civil.

Este hecho fue denunciado por la persona afectada el 25 de septiembre de 2014 cuando Santiago de León fungía como magistrado vocal II de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del ramo Civil. Fue reelecto y fue nombrado presidente de la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones del ramo Civil de Quiché.

“Soy inocente”

Santiago de León, al momento de declarar dijo “soy inocente de todo lo que se me imputa”. Agregó que las escuchas telefónicas presentadas por el MP no muestran su vinculo con los hechos.

Al mismo tiempo aprovechó la oportunidad para señalar que el proceso por el cual se le hacen los señalamientos lo tenía otro magistrado de la Sala Tercera del Ramo Civil.

El juez Wálter Villatoro suspendió la audiencia y la reprogramó para mañana a las 9 horas, en dicha diligencia resolverá si liga a proceso al magistrado y si lo envía a prisión preventiva o si le otorga medida sustitutiva.

Antecedentes

Samuel Enrique Alvarado López y Eliot Imeri Díaz fueron capturados el 9 de octubre de 2014, y en esa misma fecha fue presentada la solicitud de antejuicio contra el magistrado Erick Gustavo Santiago de León.

El pasado 19 de enero, el juez pesquisidor Carlos Rodríguez recomendó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) retirarle la inmunidad a Santiago de León, por existir suficientes indicios de su participación en el hecho al que se le vincula.

El 19 de febrero pasado los magistrados de la CSJ retiraron la inmunidad a Santiago de León, para ser investigado por pretender cobrar una comisión.

Luego de conocer la acción de inconstitucionalidad planteada por la activista Helen Mack en contra del nombramiento del magistrado Manuel Duarte, el pleno de la Corte de Constitucionalidad (CC) otorgó el amparo solicitado.

Según Martín Guzmán, secretario de la CC, debido a ello el nombramiento de Duarte quedó sin vigencia temporalmente y su lugar será ocupado, mientras el caso se resuelva en definitiva, por la magistrada María de los Ángeles Araujo.

“En la decisión del pleno hubo dos votos disidentes de los magistrados Roberto Molina Barreto y Héctor Pérez Aguilera”, explicó Guzmán.

La acción presentada por Mack argumenta que Manuel Duarte tomoó poseción del cargo como magistrado de la CC el 3 de julio. Sin embargo, presentó su renuncia como trabajador del Congreso el 17 de agosto recién pasado.

“La ley indica que debío renunciar en los 15 días siguientes, luego de tomar posesión”, detalló el secretario de la CC.

Apoyado por Líder y PP

Duarte fue electo como magistrado el 2 de julio en sesión extraordinaria del Congreso de la República. Ese día los diputados lo escogieron como reemplazo de Alejandro Maldonado Aguirre, quien asumió el cargo de vicepresidente de Guatemala.

El diputado Rolando Pérez Bethancourt, a través de una moción privilegiada, solicitó que se conociera y votara a favor de colocar como magistrado titular de la CV a Duarte, en sustitución de Maldonado.

La estrategia legislativa tomó por sorpresa a varias bancadas que razonaron su voto por más de una hora y criticaron que la elección fue producto de una alianza de interéses entre Líder y PP, por beneficios particulares.

Antes de ser electo como magistrado, Duarte era director del Departamento Jurídico del Congreso de la República.

El 23 de septiembre de 2014, Prensa Libre dio a conocer que Martínez fue excluido durante la elección de aspirantes a magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) debido a un contubernio.

En aquella ocasión el Partido Patriota (PP) logró que se escogiera a 10 aspirantes afines, mientras un grupo del abogado Roberto López Villatoro, conocido como el Rey del Tenis, consiguió nueve.

La elección de aspirantes a magistraturas estuvo marcada por deslealtades y falta de acuerdos. El oficialismo perdió fuerza en la composición de la nómina tras la acometida de López Villatoro.

En dicha oportunidad el flujo de la votación se detuvo cuando Juan Carlos Godínez abandonó la lista. La moneda de cambio por la exclusión de Godínez fue la salida del magistrado Luis Pineda, el operador del oficialismo en las comisiones de Apelación.

Horas más tarde, los magistrados afines a López Villatoro también dejaron fuera al entonces secretario general de la Presidencia, Gustavo Martínez.

Traiciones

Cuando la penúltima ronda de votaciones terminó, el comisionado Fredy Cabrera admitió que no habría más elegidos, así que el yerno del mandatario quedó fuera.

Semanas antes Gustavo Martínez admitió que se reunió con López Villatoro y con cada uno de los  siete magistrados de Apelaciones que le eran afines, quienes le ofrecieron su voto.  No obstante, el día de la elección votaron en su contra, con excepción de dos.

“Sabíamos que si Martínez y Pineda no pasaban en la primera vuelta no lo harían en repechaje —segunda vuelta de votación—.  Martínez tenía veto”, admitió el comisionado Cabrera.

Los empleados de la Secretaría General de la Presidencia dieron cuenta de visitas, casi semanales,  de López Villatoro para reunirse con Martínez, con quien reconoció su amistad.

“Siempre me ha llamado la atención ser magistrado”, manifestó en junio de 2014 el yerno del presidente Otto Pérez Molina.

De Souza ya había sido apartado la semana recién pasada del caso contra Batista, quien responde por crímenes contra el mercado financiero, luego de que la prensa publicara fotos en las que el magistrado aparece usando los automóviles de lujo del empresario, entre ellos un Porsche Cayenne.

El magistrado también se apropió de un piano que le fue confiscado al empresario y lo guardó en la casa de un vecino, en su edificio.

Voceros del órgano Especial del tribunal informaron que los procesos administrativos contra el juez fueron abiertos debido a que los magistrados detectaron indicios de irregularidades en el comportamiento de su colega.

El órgano corregidor destituyó temporalmente al juez al pronunciarse sobre dos denuncias presentadas ante el Tribunal, una por la decisión del magistrado de mantener bajo su guardia los vehículos de Batista y otra por haber usado uno de los automóviles para trasladarse a su despacho.

Los abogados del empresario también habían presentando una denuncia por declaraciones en las que el juez supuestamente manifestaba parcialidad en el proceso y lo prejuzgaba.

Batista, que llegó a ser el octavo hombre más rico del mundo, está acusado de beneficiarse de información privilegiada y de difundir datos falsos en la bolsa de Sao Paulo sobre la viabilidad de la petrolera OGX, que él fundó en el 2007 y quebró en el 2013.

El juez responsable de los casos ordenó el decomiso de yates, automóviles de lujo y otros bienes de Batista para garantizar el pago de las posibles indemnizaciones que serán necesarias si el empresario es hallado culpable.

La quiebra de OGX causó pérdidas de 580 millones de dólares a los accionistas minoritarios, según la Fiscalía.