MEM propondrá reformas a Ley de Minería, ministro cree que regalías deben subir a 10% o 20%, sector habla de otras tasas

Gobierno y sector privado tienen dos posturas diferentes respecto a los porcentajes de las regalías y a establecer o no un reglamento para las consultas comunitarias con el convenio 169.

Rosa María Bolaños

15 de octubre de 2025

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05:00h

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Las reformas a la Ley de Minería que prepara el Ministerio de Energía y Minas para ponerla a discusión incluirían aumento a las regalías según informó el ministro, Víctor Hugo Ventura. (Foto, Prensa Libre: Hemeroteca PL).

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) trabaja en una propuesta para reformar la Ley de Minería, la cual prevé presentar en los primeros meses del 2026, en la que, entre otros puntos, incluye el aumento del porcentaje de las regalías al sector.

Aunque en el 2024, semanas después de asumir el cargo, el ministro de Energía y Minas, Víctor Hugo Ventura, dijo que se haría una nueva ley minera y que la idea era poder separar la legislación de las actividades de minería metálica de las de materiales de construcción, el funcionario explicó este martes 14 de octubre que se enfocarán en una propuesta para reformar la actual Ley de Minería (Decreto 48-97).

El funcionario expresó: “Una nueva ley minera sería lo deseable, pero va a ser difícil alcanzar un consenso en las condiciones actuales y, desde ese punto de vista, pensamos en reformas a la ley minera actual, porque vemos que sería más fácil lograr una aprobación en el Congreso”.

Regalías

Entre los principales puntos a modificar, el primero es la revisión de las regalías, con el fin de colocarlas en valores que correspondan a una minería como la guatemalteca, comentó Ventura.

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En la actualidad, las regalías que establece la legislación son del 1%. Consultado sobre a cuánto debería llegar, el ministro indicó que deberían ser de entre 10% y 20%, y que esa será parte de la discusión.

Mientras que el presidente de la Gremial de Recursos Naturales, Minas y Canteras (Grenat), Roberto Morales, dijo que más que un porcentaje o número, considera que el tema de las regalías se acerca de cómo llegan esos recursos a las comunidades.

Morales recordó que la ley contempla el pago del 1% sobre la venta neta de los productos minados, pero que la gremial, junto con la Cámara de Industria, en el 2012 firmó un convenio de regalías voluntario, en el cual se comprometieron a dar un 4% adicional en metales preciosos y un 2% en minerales básicos.

Con esas cifras, el país se ubicaría en un nivel internacional, porque en Latinoamérica las regalías oscilan entre el 3% y el 7% cuando se pagan sobre la venta, que equivale a un impuesto sobre la renta en el régimen simplificado, en el cual se paga directamente sobre la venta, dijo Morales.

Respecto de las regalías, el directivo de Grenat expresó que, si se va a modificar alguna ley, debe buscarse cómo regular ese 5% o 3%, pero que más que la cifra, lo importante es la forma en que esos recursos lleguen a las comunidades, idealmente mediante una modalidad similar al fondo del petróleo, donde el consejo de desarrollo administre el dinero a través de proyectos municipales.

El sector solicita certeza jurídica en todos los procesos, predictibilidad y mantener los permisos otorgados, porque muchas veces son retirados por alguna circunstancia que deriva en juicios, lo cual implica costos para las empresas y para el Estado.

Los desafíos son la transparencia en los trámites, la predictibilidad, la certeza jurídica, así como contar con un reglamento para la consulta de los pueblos ancestrales conforme al Convenio 169 de la OIT, y buscar el diálogo con las comunidades.

Morales dijo que desde el año pasado, Grenat promovió un diálogo minero y que ya se conformó un grupo inicial que ha tenido dos reuniones con universidades, sociedad civil, organismos internacionales y empresas para avanzar en ese compromiso.

En respuesta a lo dicho por los empresarios, Ventura comentó que esos temas deberán discutirse, pero consideró que “3% sigue siendo muy bajo, e igualmente 5%”, aunque insistió en que será parte de la discusión.

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Derechos de las comunidades

El segundo tema es reflejar de manera adecuada los derechos de las comunidades y los derechos humanos, para que se respeten y se lleven los procesos de forma ordenada. Además, las reformas deberían responder a los tres ejes del desarrollo sostenible: económico, social y ambiental, comentó el funcionario.

Requieren diálogo

El funcionario añadió que ahora se pretende abrir un diálogo para presentar modificaciones a la Ley de Minería que permitan su actualización, aunque reconoció que será complejo por la dificultad de diálogo con el Congreso.

Dijo que se trabaja en la propuesta para presentarla en los primeros meses del 2026 ante la comisión respectiva del Congreso.

Para la reforma se analizarán las distintas iniciativas mineras que hay en el Congreso —más de 10 o 20 en los últimos 15 años— con la intención de evaluarlas y luego presentar una que priorice la viabilidad de su aprobación, explicó Ventura.

No habrá reglamento para consultas con el 169

Los procesos de consulta por los proyectos mineros avanzan y se espera que concluyan en los próximos meses, dijo el ministro, sin dar detalles.

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Sin embargo, indicó que no se tiene previsto trabajar un reglamento para implementar el Convenio 169 de la OIT, sino que se cuenta con un grupo de principios o guías generales para realizar las consultas.

Esto se debe a que los pueblos originarios se oponen a que se establezca un reglamento, pues consideran que cada caso debe analizarse de manera independiente, de acuerdo con la realidad de cada comunidad, postura que se ha respetado. Ventura dijo que se ha tratado de lograr acuerdos desde el inicio del proceso, en torno a un programa con plazos para llevar a cabo la consulta.

El directivo de Grenat señaló que el gobierno central no ha emitido el reglamento. La última propuesta se presentó en la administración anterior, pero no se concretó. “Creo que tenemos que dar ese paso dialogando, conversando, poniéndonos de acuerdo y mostrando lo que la minería moderna puede ser: una minería sustentable, capaz de compartir valor con las comunidades”.

¿Habrá moratoria?

En el congreso minero del 2024, Ventura informó al sector que se establecería una moratoria minera.

Consultado ahora si esta se concretó, el ministro dijo que “la moratoria minera está prácticamente de facto, en el sentido de que las consultas y sentencias tienen parada mucha actividad minera”.

Congreso Minero

Las declaraciones del ministro y del directivo surgieron durante el III Congreso Nacional de Minería, organizado por Grenat y la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), que se llevó a cabo el martes 14 de octubre.

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Morales mencionó que existen grandes desafíos: la falta de certeza jurídica, la necesidad de reglamentar el Convenio 169 y de fortalecer la institucionalidad que garantice procesos transparentes y predecibles, pero también grandes oportunidades, como la riqueza mineral, que, bien administrada, puede ser el punto de partida para una nueva era de prosperidad.

“El año pasado, el valor de la producción minera nacional fue de Q692 millones, lo que representó una reducción del 56.4% respecto del 2023. Este dato evidencia la urgencia de generar consensos que permitan reactivar la industria y distribuir sus beneficios de forma equitativa”, dijo el presidente de Grenat.

Agregó que con estos congresos y diversas actividades promueven una minería responsable, capaz de operar con transparencia, generar empleo formal y aportar al desarrollo territorial.

Entre las acciones prioritarias está reactivar cuatro proyectos mineros, entre ellos El Escobal, en Santa Rosa —suspendido por las cortes— y Cerro Blanco, al que se le retiró la licencia ambiental para la extracción a cielo abierto.

También se conoció en el marco del Congreso mencionado que dos proyectos han retomado operaciones y se encuentran en distintas fases de avance: Element 28 (antes Mayaníquel) y la Compañía Guatemalteca de Níquel.

Por aparte, Morales recordó que recientemente se suspendieron 10 proyectos en Izabal que ya tenían licencia ambiental y habían solicitado la de explotación.

Por su parte, Victor Hugo Ventura, Ministro de Energía y Minas, destacó “debemos garantizar que la actividad minera no solo genere desarrollo económico, sino que también contribuya al bienestar de las comunidades, proteja el medio ambiente y promueva el respeto de los derechos… pic.twitter.com/CVRV1F3bsT

— Cámara de Industria de Guatemala (@industriaguate) October 14, 2025

Con la legislación actual, el plazo no se puede prorrogar, por lo que el gobierno ha buscado modificar la Ley de Hidrocarburos, decreto 109-83, para crear una figura que permitiría a esta y otras compañías seguir operando, con aprobación del Organismo Ejecutivo.

La compañía ya presentó el proceso de restauración ambiental en agosto del 2022 y empezó en marzo el proceso de abandono de pozos, tres hasta mayo pasado.

Lo que el MEM está implementando en este momento es la reforma de la citada Ley, promoviendo discusión en el Congreso y resolviendo todas las dudas que tengan los señores diputados, respondió ayer la entidad por medio de la oficina de Comunicación Social, tras consultas de Prensa Libre.

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La reforma a la que se refiere el MEM, es la presentada en enero de 2022 en el Congreso de la República para modificar el decreto en mención, y entre los cambios propuestos se incluye la creación de la figura denominada Límite Económico, con la que un campo petrolero puede seguir operando, con autorización, mientras los ingresos sean mayores que los costos.

También permitiría que el presidente de la República, en Consejo de Ministros, aprobara prórrogas continuas hasta por 25 años cada una o hasta que se alcance el límite económico del yacimiento, que es la nueva figura propuesta.

Consultado el ministerio acerca de la posibilidad de una licitación para el área que dejaría de operar Perenco (el campo Xan) respondió que “no se está contemplando ningún proceso de licitación al momento, en virtud de que se tiene la esperanza que la citada reforma sea una realidad”.

En el Congreso la iniciativa ya completó la segunda lectura en diciembre del 2022, pero aún falta la tercera y la aprobación final.

Referente al impacto para el país de que deje de producir el volumen de petróleo que genera ese contrato, el MEM dijo que “se reducen los ingresos producto de la actividad petrolera en más del 80%, aspecto que disminuye el presupuesto de todos los municipios del país”.

Sobre el riesgo de que el oleoducto deje de operar debido a que el usuario más grande ya no producirá, el ministerio solo indicó que la reforma de la Ley de Hidrocarburos fortalecerá a la industria petrolera, incluida la refinería y el oleoducto porque garantizará una mayor producción petrolera.

Según datos en la página electrónica del MEM, el Estado recibió US$38.05 millones de enero a octubre del 2022, entre regalías al Estado, participación del Estado en Hidrocarburos compartibles, y el aporte a Fonpetrol. De ese monto, US$32.9 millones provinieron de Perenco, según los datos oficiales en el MEM.

Del 1 de mayo de 1998 para diciembre del 2022, el concesionario tuvo un ingreso bruto de Q2 mil 442 millones 116 mil 236.76, en tanto que el ingreso sin IVA (impuesto al valor agregado) fue de Q2 mil 181 millones 905 mil 905.39. Así lo indica el “Informe circunstanciado del tramo concesionado Palín-Escuintla con cobro de peaje” de la Dirección de Concesiones y Desincorporaciones del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV).

La referida unidad está a cargo de Silvia Lucrecia Rivas Amaya, quien ayer acudió a una citación de la bancada Winaq, acompañada por el viceministro Carlos Rafael Figueroa Caballeros (del área de infraestructura), donde presentaron el documento actualizado a marzo 2023, y en el cual está el historial por ejercicio fiscal de los ingresos con y sin IVA, así como el pago de las regalías mencionadas.

El documento especifica que “el monto de los ingresos por aforos es integrado por la empresa concesionaria por las distintas operaciones en el fideicomiso tales como: prepagos, sobrantes, depósito en el mes anterior, intereses, entre otros, por lo que no coincide con el reporte del informe de aforos e ingresos mensual. Esta integración se requirió a la empresa concesionaria para conciliar los aforos e ingresos mensuales”.

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La diputada Sonia Gutiérrez, de la referida bancada, cuestionó los resultados presentados, “ya que el concesionario recibió más de Q2 mil millones y que el Estado solo haya percibido (como lo indica el contrato) el 1% o sea Q21 millones, es un mal negocio y una miseria”, indicó en la citación.

Por otro lado, aseguró que hay un riesgo de incumplimiento de las cláusulas del mantenimiento de la carretera, tanto de la carretera Palín-Escuintla, como de la de Escuintla a Puerto Quetzal, que, según la diputada, “es un compromiso que se establecía y aún no se ha hecho el mantenimiento mayor ni el recapeo”.

En el artículo 4 del acuerdo gubernativo 801-97 del entonces Ministerio de Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas, que le dio vida legal a la concesión, establece que el concesionario se obliga a la construcción por su cuenta, de dos carriles adicionales en el tramo Escuintla-Puerto Quetzal.

CIV confirma baja de tarifas

Luego de haber finalizado la citación, el viceministro Figueroa Caballeros, aclaró algunos puntos sobre el cobro del peaje, por cuánto tiempo y el mantenimiento al tramo carretero, y confirmó que la Dirección General de Caminos (DGC), estará a cargo del cobro de peaje a partir del 1 de mayo, y al preguntarle de cuanto será las nuevas tarifas respondió que en este momento están en análisis.

“Creemos que (las tarifas) van para abajo, pero ahora no le puedo brindar la certeza, pero no será el mismo valor que está en este momento. A partir del 1 de mayo, el peaje se tendrá un nuevo costo”, aseguró.

El funcionario, reiteró que de acuerdo con los estudios, las prácticas de cobro van hacia la baja, y el acuerdo gubernativo no define el tiempo en que se mantendrá “pero depende de si hay alguna modificación al acuerdo, pero hasta este momento no se tiene el tiempo que la DGC mantendrá el cobro”.

Sobre el monto de las regalías, manifestó que lo aprobado por el Congreso en el contrato de concesión, fue una regalía del 1% del monto a cobrar por el peaje, así que por cada vehículo que circuló y pagó por el peaje, el 1% se trasladó al Estado y son cifras variables. “En todo caso, a partir del 1 de mayo, ya no existirá la figura de concesión porque la DGC tomará la administración”.

En el caso de la autopista Escuintla-Puerto Quetzal, expresó que el Congreso aprobó un contrato bajo la figura de Alianza Publico-Privado, y tiene la obligación de mantener la carretera en condiciones óptimas, que incluye mantenimiento vial, señalización, chapeo, recapeo y otras.

Al ser abordado sobre el tema, el presidente Alejandro Giammattei únicamente dijo que “la decisión se dará a conocer en su momento”.

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En tanto, Sandro Testelli, presidente de Marhnos Guatemala, aseguró que la empresa está preparando un informe para la entrega de la autopista, para brindar la información oficial, ya que el proyecto ha aportado muchas cosas, aparte de las regalías.

Propuesta de los vecinos

Wilson Ordóñez, del grupo “Autopista libre de peaje” y representante de los sectores de Palín, declaró que hay incertidumbre, ya que, a pocos días de concluir el contrato de concesión, no se ha generado la información oficial necesaria, y consideró que en las condiciones que planteó el viceministro en la citación no responde a las necesidades de la población, porque se habla de un cobro de peaje, sin que hasta ahora se tenga una tarifa establecida.

“En todo caso, debe haber un consenso con la población y el Ejecutivo, no debiera tomarse atribuciones previo a consultar a los vecinos de la zona de influencia”, señaló.

El alcalde de Escuintla, Abraham Rivera Estévez, manifestó en la reunión que las condiciones de vida de las personas que viven en la cabecera han sido afectadas por el paso de vehículos de transporte pesado que no utilizan la autopista y que transitan en la antigua carretera Palín-Escuintla, por lo cual  reiteró que se debe considerar libre paso por la autopista sin cuota.

¿La vía a seguir?

Para el consultor en temas de desarrollo, Enrique Godoy, hay por lo menos cinco escenarios que pueden marcar el futuro de la autopista Palín-Escuintla:

1. El Estado recibe los bienes y continúa su administración por medio del fideicomiso, y usando los fondos recaudados para el mantenimiento. El excedente puede ser utilizado por el CIV y la DGC.
2. Gestionar un contrato solo para gestión y administración de las casetas de pago con alguna entidad financiera, que puede ser un banco del sistema o un emisor de tarjetas de crédito, y que los recursos ingresen al mismo fideicomiso existente.
3. Aprobar legalmente una ampliación igual o más corta para el mismo concesionario o abrir la competencia.
4. 4Retirar las casetas de cobro e integrar la autopista al sistema de carreteras nacionales y cubrir su mantenimiento con los impuestos de la distribución de petróleo y circulación de vehículos.
5. Administrar temporalmente las casetas de cobro, mientras se lanza una nueva licitación bajo las modalidades tradicionales o pagar a una determinada empresa para que aplique el “peaje hundido” que es el pago a una empresa por el mantenimiento de la carretera, utilizando ingresos de recaudación fiscal.

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Los ponentes de la iniciativa de cinco artículos son cuatro diputados de la Bancada Semilla y busca principalmente, prohibir durante 10 años la autorización o prórroga de licencias de reconocimiento, exploración y explotación de minería metálica en territorio guatemalteco. Así como la suspensión de licencias para una extensión mayor a 5 kilómetros cuadrados.

Luego de ese plazo, las empresas estarían sujetas al cumplimiento de las condiciones vertidas en el articulado de dicha iniciativa y el Ministerio de Energía y Minas (MEM) podría reactivar el otorgamiento de licencias y autorizar operaciones, cuya producción derivada de las mismas, tendrían que pagar el 51% de regalías, de las cuales se destinaría un 40% al Estado y 11% a las municipalidades.

Entre los argumentos que respaldan tal propuesta está la necesidad de fortalecer a las instituciones que tienen la autoridad para la evaluación de factibilidad y de supervisión de las operaciones mineras. Hasta ahora, ante la falta de capacidad de personal técnico y recursos para llevar a cabo esa labor, se basan únicamente en confiar en lo que las compañías les dicen. De ahí la necesidad de incrementar las regalías que representan actualmente solo 0.3% de los ingresos fiscales.

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“La iniciativa busca establecer un periodo de discusión para actualizar la realidad relacionada con la explotación de la minería metálica en Guatemala, la cual significa un 10% de la explotación total de recursos en el país, pero que genera un impacto importante en materia socioambiental a cambio de un irrisorio ingreso para el Estado”, explica el diputado Román Castellanos, uno de los ponentes.

Por origen de producción, en total (metales y otro tipo de recursos mineros), el sector de Explotación de Minas y Canteras aportó al Producto Interno Bruto (PIB), Q8,905.9 millones en 2015 y Q8,098.4 millones en 2016; mientras que en 2020, la suma fue de Q3,987.8 millones y en el 2021, registró Q3,262.5 millones, según registros del Banco de Guatemala (Banguat).

Por aparte, al pronunciarse sobre las implicaciones que conllevaría la aprobación de la iniciativa en cuestión, la Gremial de Recursos Naturales, Minas y Canteras (Grenat), asegura que, en el 2016, la minería facturó cerca de Q10,000 millones.

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“La minería en esos años fue reconocida como el segundo sector con mayor atracción de inversión extranjera directa en el país, con casi US$2 mil millones en ingresos. Ese avance se desaceleró a causa de varios fallos judiciales y cierre de proyectos, pero el potencial de la industria minera de Guatemala puede llegar a representar un 5% del PIB en el mediano plazo y, más de 80 mil empleos directos e indirectos, ubicados principalmente en las áreas rurales del país”, expone Valery Zurita, directora ejecutiva de la Grenat.

El sentir de la gremial es avalado por las empresas CGN y PRONICO, que operan en el departamento de Izabal. “Este tipo de iniciativas desincentiva el desarrollo del sector y de la economía en el país. En años anteriores, la minería fue uno de los sectores líderes en la atracción de inversión extranjera; además, es un polo de desarrollo para regiones del país que, en muchas ocasiones, por la distancia, se ven con grandes retos y necesidades, siendo la minería fuente de empleo directo, digno y bien remunerado en la cadena de valor”, acuerpa David Orellana gerente de Relaciones Públicas de la compañía minera.

Lo que se percibe

Otro de los argumentos que dieron origen a la iniciativa, es que hasta ahora, las comunidades donde han operado proyectos mineros no son más prósperos. Muestra de ello es la experiencia del extinto proyecto de la compañía Montana Exploradora en San Marcos.

“El Estado no tiene protocolos de cierre. En San Marcos, aún están los depósitos de la Mina Marlin, con residuos que contienen químicos, lo cual es un riesgo ambiental y para la población. No porque al Estado le quede más dinero, se reduce el impacto ambiental”, agrega Castellanos.

Según la Dirección General de Minería del MEM, actualmente hay 11 proyectos de exploración minera de metales autorizadas en el país, para un área total de 289.1719 kilómetros cuadrados. Y un total de 31 licencias de explotación autorizadas, de las cuales 7 están en trámite de caducidad, una en extinción y 4 suspendidas (Progreso VII Derivada; Santa Elena; Cantera Los Manantiales y, Escobal. En total, hay 19 activas.

Con la operación de 10 de ellas, se generan alrededor de 961 empleos directos y 1 mil 702 indirectos, más 176 directos de Escobal y 9 de Progreso VII Derivada, la que también reporta 5 indirectos.

Los retos de la propuesta

Para la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana (AmCham), de aprobarse esta iniciativa tal cual, estaría violando tratados de inversión bilaterales que están vigentes, incluyendo el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y República Dominicana (DR-CAFTA) con Estados Unidos.

De igual manera, asegura que impactaría en las inversiones que hay en el sector, así como de las futuras que, de acuerdo con datos del MEM, podrían alcanzar los US$3 mil 800 millones, siendo la industria minera uno de los pocos sectores que podría crecer en el corto plazo, hasta un 5% del PIB.

“La protección medioambiental es un tema que nos concierne a todos y por ello, es fundamental la creación de políticas y prácticas que promuevan la sostenibilidad y el manejo adecuado de deshechos. Proponer la moratoria a las licencias de minería es una iniciativa muy nociva para Guatemala, pues elimina las posibilidades de atraer inversión.

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Es importante que las propuestas de ley se enfoquen en la sostenibilidad de las actividades productivas, como la minería, y no en su cancelación” comenta Juan Pablo Carrasco, presidente de AmCham Guatemala.

A decir del diputado Castellanos, la moratoria es para tomar el espacio y discutir el futuro de la actividad minera de metales. “La iniciativa no pretende el cierre de la minería metálica sino dejar claras las condiciones en las cuales se puede permitir la operación de cada proyecto.

La realidad es que, como están las cosas actualmente es un pierde-pierde para el país, con la explotación de un bien público. Es un saqueo sistemático de los bienes naturales, de la que nadie asume responsabilidad”.

Y aunque la finalidad, según dice, no es el cierre de la minería, en el segundo párrafo del inciso “c” del artículo 2, se hace ver que “De no cumplirse con cualquiera de las condiciones… al término de la moratoria, esta será prorrogada por tiempo indefinido, sin ningún tipo de declaratoria…”

Un cierre de operaciones de las compañías activas, como el caso de CGN y PRONICO, además de la inversión y los empleos que genera, vendría a comprometer proyectos de inversión social que realiza esa industria en las comunidades circunvecinas al área de influencia de la extracción. “Conocemos que los comunitarios se han organizado y han recolectado más de 3,000 firmas para mostrar su postura contraria a la iniciativa, ya que es perjudicial para ellos también”, hace ver Orellana, de CGN PRONICO.

Según datos que comparte, se estarían poniendo en riesgo más de 2 mil empleos directos y alrededor de unos 4 mil indirectos.

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“Es preciso conocer el aporte real que la minería deja a la economía del país. Es algo importante ante cualquier iniciativa de ley como ésta, que desincentiva la inversión extranjera en Guatemala, afectando el desarrollo económico, agrega Zurita, de la Grenat.

Agrega que, como parte del desarrollo de Guatemala, la contribución de la minería va más allá del 1% de las regalías que estipula la ley de minería. “Adicionalmente cumple con el pago de tributos como el impuesto sobre la renta (ISR), al valor agregado (IVA), entre otros, llegando a tener una tasa efectiva alrededor del 54%”.

Por lo pronto, el proyecto de ley se encuentra en la Dirección Legislativa, a la espera de ser conocido por el Pleno del Legislativo, luego de lo cual y previo dictamen favorable, será discutida para su eventual aprobación o improbación.

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Se encontraron algunas diferencias entre los datos de ambos sectores pero se conciliaron como para de la labor que debe efectuar el país dentro de EITI.

• A la SAT se pagaron, por concepto de impuestos, Q464 millones en el 2014 y Q314 millones en el 2015.
• Al Gobierno central por regalías o cánones, Q671 millonesy Q322 millones respectivamente.
• A las municipalidades Q64 milones y Q79 millones.

El informe fue divulgado en un acto en el que participó el vicepresidente de Guatemala, Jafeth Cabrera, y el ministro de Energía, Luis Chang y representantes de las industrias extractivas.

Chang refirió, al ser consultado si la minería metálica se encuentra en muriendo en Guatemala o si podría recuperarse, respondió que la Constitución Política permite el uso y aprovechamiento de los recursos pero se debe seguir dando de una manera responsable y con desarrollo sostenible. El funcionario dijo que con la iniciativa EITI se ha transparentado el pago de impuestos y otros rubros.

“Este informe lo que conlleva es decir que el sector esta pagando lo que corresponde en ley vigente”.

“Tenemos recursos aprovechables en el país yo llamaría a los guatemaltecos a crear una unidad nacional y que ante las diferencias que puedan haber lo único que pueda prevalecer es el diálogo”, agregó el ministro.

¿Dónde se notan las bajas?

El informe agrega que la inversión extranjera de la industria extractiva también tuvo una baja.

Mientras que en 2014 se invirtieron US$201 millones, en 2015 fueron US$156 millones, es decir 45 millones menos.

Por el contrario, los ingresos que tuvieron las empresas aumentaron de US$790 millones en 2014 a US$792 millones en 2015.

Durante 2014 la producción de las industrias extractivas fue de Q5 mil 966 millones de quetzales y en el 2015 de Q5 mil 941 millones.

Según el MEM en Guatemala existe 42 licencias de exploración y 272 de explotación.

San Rafael, un mes sin operar

La Minera San Rafael, lleva más de un mes de tener suspendidas operaciones por sentencia de la Corte Suprema de Justicia, y aunque se continúa pagando las planillas de trabajadores, ya no se han requerido servicios de ciertos proveedores dijo Andrés Dávila, encargado de relaciones públicas de la minera.

A la fecha no han recibido alguna notificación de decisiones de la Corte de Constitucionalidad, aunque esperan que se pueda resolver de igual forma que en el caso de la Hidroeléctrica Oxec, a la cual la corte le permite seguir trabajando mientras se lleva a cabo la consulta que ordenó.

El impacto por día de cierre se estima en Q5 millones de los cuales Q3.5 millones serían pagos a proveedores y el resto pagos de impuestos y otros.

Para el año 2017 que se prevé un pago general al Estado de Q1,960 millones dicha Minera pagaría el 60% de ese total, dijo Chang.

Con información de Efe

Más de 8 mil ciudadanos, de los 15 mil empadronados, expresaron su rechazo a proyectos de reconocimiento, exploración y explotación minera en la “Tierra de Pepe Milla”. Solo 58 dijeron estar “de acuerdo con el desarrollo, instalación y operación” de mineras en el municipio. La Consulta, a petición de los vecinos, fue convocada, con estricto apego a la ley, por el alcalde y su corporación y respaldada por la Comunidad Indígena Xinka.

Según Octavio Gasparico, de la Asociación de Vecinos para la Defensa de la Vida, el Agua y la Naturaleza de Asunción Mita (Avedevida), la industria extractiva de metales se ha presentado en Quesada por medio de la Empresa Alternativa de Energías Renovables, S. A., ofreciendo que “sembrarán un bosque de 900 mil árboles de eucalipto para extraer carbón, con el que producirán gas con el objetivo de producir energía a través de una planta de gasificación en bodega porque esta región está siendo afectada por muchos apagones”.

Pero lo que han hecho ha sido destruir un pequeño cerro y abrir caminos en la finca Argelia, aldea La Pava, donde piensan desarrollar la Mina Teresa, de la empresa San Rafael, de acuerdo con los polígonos de derechos mineros con licencia de exploración publicados en la página web de esa empresa. Además, tienen licencia de reconocimiento para la Mina El Silencio, que abarca todo el municipio de Quesada.

Las mineras, en contubernio con políticos y empresarios, usan el mecanismo de dádivas para ingresar a las comunidades e imponer sus proyectos. Entre marzo y abril de 2015 recorrieron comunidades de Quesada impartiendo charlas de salud e higiene para ganarse la confianza de la gente y haciéndola firmar hojas de asistencia sin el encabezado que indique el motivo de la firma. Luego adjuntan las hojas al expediente, con el que tramitan la licencia respectiva, cumpliendo así con los requisitos que exige el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y demostrar que cumplieron con informar de los beneficios y costos de los proyectos.

A pesar de sus estrategias de engaño y manipulación, el pueblo de Quesada dijo NO a la minería. Y está en su derecho. El pueblo es quien decide qué tipo de desarrollo quiere para sus comunidades y sus autoridades tienen la obligación de respaldarlo en sus legítimas aspiraciones.

Que el ejemplo de Quesada, un pueblo digno, lo sigan Asunción Mita y todos los municipios de Jutiapa. Esperamos que un día, no muy lejano, nuestro país sea declarado territorio libre de la explotación minera, pues en nada compensa “la pinche” regalía que dejan al país. (Luis Morales Chúa)

“Cuando me desperté y vi lo que Taylor había escrito me di cuenta de que en verdad teníamos que hacer un cambio”, dijo el vicepresidente de Apple Eddy Cue en entrevista con The Associated Press el domingo por la noche.

Apple ya había aceptado compartir los ingresos de las suscripciones pagadas al nuevo servicio Apple Music, que costará 10 dólares al mes, pero Swift dijo que no permitiría que su disco más reciente se transmitiera en ese servicio porque Apple no pensaba pagar a los artistas y disqueras directamente por el uso de su música durante el periodo preliminar gratuito.

“No les pedimos iPhones gratuitos. Por favor, no nos pidan que les demos nuestra música sin compensación”, escribió Swift en una carta abierta divulgada el domingo en su página en el sitio Tumblr, con el encabezado “Para Apple con Amor. Taylor”.

Apple ha sostenido que paga regalías más altas que el promedio a los artistas como producto de su sistema de ingresos compartidos para compensar los tres meses que durará el periodo gratuito de prueba.

“Habíamos facturado eso”, dijo Cue el domingo. Sin embargo, “hemos escuchado por parte de los artistas que eso los afectaría, por eso hacemos este cambio”.

Cue no quiso decir cuánto pagará Apple por regalías durante el periodo gratuito de transmisión de música en línea pero afirmó que la empresa compartirá el 71,5% de sus ingresos procedentes de suscripciones pagadas dentro de Estados Unidos y 73% de las suscripciones de otros países, mientras que otros servicios comparten alrededor de 70%.

Algunos artistas y disqueras independientes dijeron estar preocupadas por la posibilidad de perder oportunidades de obtener ingresos de la música que se usara durante el periodo gratuito. Swift dijo que habló sólo a nombre suyo.

Swift no hizo comentarios de inmediato tras la decisión de Apple pero en el domingo por la noche en Twitter escribió: “Estoy aliviada y eufórica. Gracias por sus palabras de apoyo hoy. Nos escucharon”.

Cue tampoco hizo comentarios acerca de si el álbum “1989” estará disponible en Apple Music pero dijo que habló con la cantante el domingo. “Está muy complacida porque le llamamos de inmediato y tuvimos una conversación”, dijo.

Desde que Apple comenzó a vender música en formato digital a través de su tienda en línea iTunes en 2001, añadió, “siempre hemos amado la música y hemos hecho lo posible para que los artistas reciban pago por su trabajo”.

Swift escribió en la carta que la postura anunciada por Apple le parecía “chocante, decepcionante y completamente ajena de lo progresista y generosa que ha sido esta empresa históricamente”.

Crespo, diputado por el Frente Republicano Guatemalteco (FRG) tarareaba entonces con gran emoción y tranquilidad la pegajosa melodía “En el mar la vida es mas sabrosa”.

Por eso reflejaba radiante felicidad, y esto se debía a que “gracias a su apoyo” los pescadores del Zanjón El Chilate, Puerto de Iztapa, Escuintla, lograron la construcción de una barra que “facilitó” el trabajo de los éstos.

En ese entonces, varios vecinos se quejaron de la construcción, la cual fue mal hecha, por lo que representó un peligro para los habitantes.

Esto poco preocupó a Crespo. Lo único que le importaba era que gracias a esta barra, salvó su chalé, el cual estaba a punto de ser absorbido por el mar.

Ahora su terrenito ya tiene una salida más amplia.

Este tipo de obras electoreras abundan en el país. Al nomás dar el Tribunal Supremo Electoral el silbatazo para la campaña electoral, empiezan a surgir proyectos disfrazados de obras sociales.

Por ejemplo, puentes, caminos y agua entubada son parte de las promesas de los políticos. También es risible encontrar monumentos a legisladores o políticos que se han congraciado con su lugar de origen. Estos adefesios incluyen quioscos, o bustos o estatuas mal hechos.

Todo sea por los más necesitados.

Cosas de la política…