El pasado miércoles se cumplieron mil días de la extensión de funciones de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) derivado al retraso de la elección en el Congreso de sus sucesores, durante este tiempo ha crecido su poder, al punto de que los mismos operadores de justicia han manifestado su temor por las limitadas garantías para trabajar de manera independiente.

A esto se suma un reciente informe de Vance Center for International Justice, del Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York, realizó de forma conjunta con la Federación Centroamericana de Juezas y Jueces por la Democracia (Fecajud), como parte del proyecto de fortalecimiento de la judicatura independiente a fin de tener un monitoreo constante.

En el diagnostico sobre el sistema judicial en Guatemala señala la nula actuación de las autoridades para garantizar la seguridad de jueces, el archivo de denuncias presentadas por juzgadores y la persecución contra operadores de justicia, son algunos de los principales aspectos que atentan contra la independencia judicial, la cual es una garantía funcional a los derechos de los ciudadanos y que tendría que ser un contrapeso ante cualquier tipo de intereses, señala el más reciente informe de Fecajud.

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Dicho documento menciona que el resultado del hostigamiento es el exilio de 24 operadores de justicia, entre estos jueces, magistrados y fiscales, quienes en su momento combatieron la corrupción e impunidad en Guatemala.

Otro de los aspectos que deteriora el sistema judicial es el prolongado periodo de los 26 magistrados titulares y suplentes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y de los 225 magistrados de Salas de Apelaciones, pues han pasado tres años sin renovar los nombramientos.

Además, resaltan que el Congreso “ha hecho un esfuerzo nulo” en el proceso de selección, categorizando las debilidades como “una crisis del modelo de nombramientos”, de acuerdo con el relator Especial sobre la independencia de magistrados y abogados de las Naciones Unidas, Diego García-Sayán.

Debilitamiento y empoderamiento

El informe advierte que en Guatemala se ha concentrado todo el poder en magistrados de la CSJ por medio de las reformas a la Ley de la Carrera Judicial, la cual le permite conocer sobre ascensos, permutas, traslados o despidos, tanto de jueces como de magistrados; dichos cambios en la legislación permiten que “en el Organismo Judicial no exista un contrapeso en la selección de jueces o magistrados más idóneos”.

Lo anterior permite que la CSJ concentre todo el funcionamiento de dicha institución, porque ahora controla tanto la función jurisdiccional como la administrativa, “tiene injerencia directa en esas decisiones y podría afectar la independencia judicial”, agrega.

Entre otras controversias, el informe señala que la salida de la Cicig y el debilitamiento de la Fiscalía Especial contra la Impunidad en Guatemala (Feci) ha generado un “estancamiento en la lucha contra la impunidad y corrupción”, lo cual se evidencia con traslados injustificados, despidos y la renuncia de fiscales.

Consideran que el objetivo de la fiscal general Consuelo Porras y los grupos criminales que la Feci “lejos de ser la bandera en investigaciones vinculadas a temas de corrupción, ahora sea el aliado perfecto para generar impunidad” en dichas redes.

De la seguridad

A pesar de que algunos jueces tienen asignados esquemas de seguridad por los procesos judiciales que conocen, no están ajenos a algún tipo de intimidación, resalta el informe, el cual también menciona el reciente caso del juez Miguel Ángel Gálvez Aguilar, quien “ha denunciado la existencia de persecución constante de vehículos sin placas”, esto ocurre ocho meses después de que el mismo juzgador, junto a Érika Aifán, Yassmín Barrios y Pablo Xitumul pidieron información sobre sus quejas.

El informe concluye que “la institución encargada de la investigación no ha puesto debida atención”, y muchas de las denuncias han sido desestimadas y a la fecha no han sido informados sobre los motivos por las que fueron archivadas. Además, “la nula protección” por parte de la CSJ al dar trámite a denuncias promovidas contra operadores de justicia.

Con respecto a la inmunidad que gozan los jueces y magistrados, y que es garantía constitucional, esta se convierte en “herramienta de inamovilidad, el riesgo es constante, permanente y potencializado” al asignar los antejuicios a “jueces aliados al crimen organizado, en un sistema judicial cooptado para garantía de impunidad” señala el informe.

Advierte que “el panorama es desalentador” ante la falta de interés del Estado de fortalecer al Sector Justicia en la lucha contra la corrupción generada por la criminalización contra los operadores de justicia y “la pasividad o temor de la población” de manifestarse contra ésta, y la consecuencia directa es que “la corrupción e impunidad se sigue enraizando en el país”.

Además, señalan controversias en torno al funcionamiento de las comisiones de postulación, la falta de certeza jurídica, incumplimiento para ser juez o magistrado e irregularidades en designación de magistrados de la Corte de Constitucionalidad.

Asociaciones de jueces deben unirse

A criterio de la jueza Nohemy Téllez que parte de las alternativas que se podrían plantear para cambiar el panorama actual es que las asociaciones de jueces “deben de tener una incidencia bien importante” y no trabajar de forma individual, a fin de que unan, fortalezcan y actúen con estrategia y esto podría contribuir a que en el futuro las circunstancias cambien y agrega que el Colegio de Abogados y Notarios también tiene incidencia, pero “actualmente está alineado”.

La juzgadora llamó a la reflexión a los funcionarios judiciales puesto que las decisiones que toman desde sus despachos “debe tener una visión a nivel de país y no de que solo me interesa mi sector de mi despacho y de mi grupo familiar para que si yo decida una u otra forma se me va a beneficiar o no o se me va a ayudar a un ascenso” además sus decisiones inciden en el desarrollo, y atraer mayor inversión nacional o extranjera.

Mientras que para el juez Carlos Pérez, en la “no tenemos un estado de derecho fortalecido” y se está fallando en tener una verdadera República “porque hay una intromisión entre poderes el Poder Judicial lamentablemente está haciendo muy afectado en relación a su independencia” es un elemento fundamental para poder tener esa fortaleza en el sistema judicial.

“Lamentablemente se han dado retrocesos” dijo Pérez e hizo énfasis a que “ahora una interrelación bien interesante entre este Poder Judicial y el Poder Político se siente muy cómodo es decir se generó una empatía y no se busca la manera de romper estos lazos que tienen capturado al Poder Judicial” acotó.

Erika Aifán, jueza de mayor riesgo D, demandó al Estado de Guatemala, debido a “fuertes amenazas a su independencia judicial y seguridad personal por parte de círculos poderosos en Guatemala, incluso dentro del poder judicial”, según un comunicado difundido este martes 7 de septiembre.

La petición fue presentada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) este mismo 7 de septiembre por su equipo legal probono de King & Spalding y el Centro Cyrus R. Vance para la Justicia Internacional (Vance Center), quien emitió un comunicado con la información.

Según el comunicado, la jueza Aifán tiene a su cargo casos de corrupción de alto nivel y crimen organizado. Añade que en marzo de 2021 ella fue descrita como un “ícono de la lucha contra la corrupción en Guatemala”, recibió el Premio Internacional Mujeres de Coraje 2021 del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América y es integrante de la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad, apoyada por el Vance Center.

Recuerda que la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Aifán en 2019, pero que recientemente han surgido nuevas amenazas en procesos judiciales ante la Corte Suprema de Justicia de Guatemala que buscan retirar su inmunidad judicial mediante antejuicios.

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“Esto permitiría procesarla penalmente por supuestos excesos en sus actuaciones judiciales en casos llevados por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI). Hace un mes, el jefe de la FECI Juan Francisco Sandoval fue destituido por la fiscal general María Consuelo Porras y obligado a abandonar el país, por temor a su vida”, se lee en el comunicado.

La petición presentada por Aifán contra el Estado de Guatemala es por denuncias de violaciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Esta busca “no solo reivindicar los derechos individuales a la independencia judicial, la vida, la integridad personal, el debido proceso legal, y la protección judicial de
una jueza que lucha contra la corrupción en Guatemala, la Jueza Erika Aifán, sino también apoyar al Estado de Derecho en ese país, en el contexto de ataques fuertes en contra del
mismo por círculos poderosos, públicos y privados, que favorecen la continuidad de la corrupción y de la impunidad, incluso dentro de la misma administración de justicia”, se lee en la petición presentada.

Además, que la jueza Aifán goza de Medida cautelar No. 682-18, solicitada por la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala y por CEJIL, otorgada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (“la Comisión”) el 23 de octubre de 2019 por Resolución 55/2019.

Violaciones contra Aifán

El documento refiere que la petición tiene el objetivo de “señalar las múltiples violaciones de los derechos humanos en el fondo del mismo asunto tratado por las medidas cautelares, así como subrayar el cumplimiento meramente parcial por parte del Estado con las medidas cautelares, y el grave empeoramiento reciente, a pesar de las medidas, de la situación de independencia judicial de la Peticionaria y del Estado de Derecho en Guatemala”.

Añade que luego que se le otorgaron las medidas cautelares a Aifán, los ataques a la independencia judicial de ella y al Estado de Derecho en Guatemala incluyen:

• a) Procesos infundados y parcializados de antejuicio, el rechazo arbitrario del amparo, y una multa infundada por una Recusación indebidamente rechazada, violando a los artículos 8 y 25.1 en relación con los artículos 1.1 y 2 de la Convención.

• b) Denuncias penales en contra de la Jueza, o bien infundadas o fundadas en sus labores jurisdiccionales, y no administrativas, violando al artículo 8 en relación con el artículo 1.1 y 2 de la Convención.

• c) Amenazas en contra de la vida y la integridad física y moral de la Jueza, violando a los artículos 4 y 5 en relación con el artículo 1.1 de la Convención.

• d) Actos de hostigamiento, intimidación y agresión, violando a los artículos 4, 5, y 8 en relación con el artículo 1.1 de la Convención.

• e) La falta de responder y procesar oportunamente y con apego al debido proceso legal los hechos denunciados por la Jueza Aifán, violando a los artículos 8 y 25.1 en relación con el artículo 1.1 de la Convención.

• f) La designación al juzgado de personal de apoyo incompetente y corrupto, sin sanciones correspondientes a sus infracciones graves, y la falta de asignación de recursos humanos adecuados, violando al artículo 8 en relación con el artículo 1.1 de la Convención.

• g) Dos procesos disciplinarios infundados ante el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados, violando a los artículos 8 y 25.1 en relación con el artículo 1.1 de la Convención.

• h) La omisión legislativa para tipificar como delito el atentar contra la independencia judicial, tal como dispone textualmente el artículo 203 de la Constitución Política de la República de Guatemala: “A quienes atentaren contra la independencia del Organismo Judicial, además de imponérseles las penas fijadas por el Código Penal, se les inhabilitará para ejercer cualquier cargo público.” violando el artículo 8 en relación con el artículo 2 de la Convención.

Incumplimiento de medidas cautelares

El documento también refiere que Guatemala es responsable por la falta de cumplimiento pleno con la Medida Cautelar resuelta por la Comisión, en particular la falta de cumplimiento pleno con las medidas precisadas en la Resolución:

• a) adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad
  personal de la señora Érika Lorena Aifán.

• b) adopte las medidas necesarias para garantizar que la beneficiaria pueda llevar a cabo sus labores como juez sin ser objeto de amenazas, hostigamientos o amedrentamientos en el ejercicio de sus funciones.

• c) concierte las medidas a implementarse con la beneficiaria y sus representantes.

Petición completa de la jueza Erika Aifán

De esta forma se resuelve la petición de jueces de alto impacto que habían solicitado a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la remoción de Mota porque temían por su integridad ante los cambios que él estaba implementando y por lo cual habían pedido su destitución.

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A las 14:59 horas fue entregada su carta de renuncia, luego de tres meses de gestión, y aceptada a las 15.10 horas en el Departamento de Recursos Humanos.

Nester Vásquez, presidente de la Corte Suprema de Justicia, confirmó la renuncia poco después en conferencia de prensa.

“El doctor Roberto Antonio Mota Bonilla ha decidido presentar su carta de renuncia irrevocable, por motivos de índole personal, la cual ha sido aceptada y canalizada por la unidad respectiva para los efectos legales correspondientes”, según el comunicado del OJ.

Vásquez informó que estuvo dirigiendo esta mañana una reunión extraordinariol de pleno de la CSJ y se enteró por las redes sociales que existía una orden de captura contra Mota Bonilla por violencia contra contra la mujer.

Incluso, la magistrada de la CSJ, Delia Dávila, le remitió una carta a Vásquez para que fuera detenido Mota Bonilla a las 9 horas, aunque no hubo alguna respuesta.

“En mi caso no tengo que hacer una consideración y una situación que afecte al Organismo Judicial. Este asunto del proceso penal, orden de aprehensión es un asunto muy personal de Mota Bonilla. No puedo venir y hacer otras consideraciones”, dijo Vásquez.

Desde el lunes último, Mota no se ha presentado a trabajar en el OJ.

El magistrado también se refirió que tomará una decisión de la persona que estará a cargo de la seguridad en los próximos días. Recalcó que bajo la dirección de Mota Bonilla no se realizó alguna contratación de personal.

La orden de captura

Yolanda Sandoval, fiscal de la Mujer, confirmó que está vigente una orden de detención contra Mota desde el 5 de marzo último.

El señalamiento de la Fiscalía contra Mota es por violencia psicológica y económica contra su esposa por supuestas agresiones el 31 de agosto de 2017. Ese día, según la fiscal, la esposa de Mota fue agredida y denunció los hechos. Después, la Fiscalía resolvió que no hay delito por perseguir, aunque el caso no fue archivado y la semana pasada fue reactivada la orden de captura a petición de la esposa se informó.

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Jueces y sociedad civil pidieron destituirlo

El lunes recién pasado, la Federación Centroamericana de Jueces y Juezas por la Democracia y la Alianza por las Reformas, que reúne a 40 organizaciones sociales, solicitaron a Vásquez la destitución de Mota Bonilla. A eso se le sumó la petición de remoción que plantearon los jueces Miguel Gálvez, Erika Aifán y la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad.

Afin al presidente Morales

Mota Bonilla asumió la jefatura de seguridad del OJ en diciembre del 2018, sin embargo, su desempeño no goza del beneplácito unánime de los jueces. Algunos de ellos, como los jueces de Mayor Riesgo, tienen temor por los nuevos procesos que se están implementando y podrían significar una reducción de las garantías a su integridad física.

Una de las objeciones más fuertes es su experiencia en la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia(SAAS) y en la Secretaría de Inteligencia Estratégica (SIE), estrechamente ligada al gobierno de Jimmy Morales.

Roberto Mota Bonilla fue jefe de seguridad del @OJGuatemala desde diciembre del 2018. Algunos jueces de alto impacto se quejaron por la falta de comunicación y solicitaron su destitución.
Además, tiene orden de captura. pic.twitter.com/vtHZUeyJAh

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) March 12, 2019

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En conferencia, Fabricio Regnier, el secretario general del Stoj, señaló que Motta Bonilla está despidiendo personal de seguridad y reubicando agentes lejos de sus lugares de residencia, lo que determina “despidos indirectos”.

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Reignier expuso que el nuevo jefe de Seguridad del OJ ha contratado a personal que trabajó en la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS) y en la actualidad “hacen vigilancia en los pasillos de la Torre de Tribunales” sin identificación y no portan uniforme.

“Le pediremos al presidente del Organismo Judicial, Nester Vásquez Pimentel, la revocatoria del nombramiento de Motta Bonilla y analizaremos plantear una denuncia formal. La situación es grave e incómoda, en la entrada hay de esos agentes de seguridad, es bien notorio, están vestidos de particular en los pasillos vigilando al personal administrativo y jueces”, se quejó Regnier.

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El secretario del Stoj se reunirá con Vásquez Pimentel y le pedirá de destitución del jefe de Seguridad porque a su criterio “atenta con la autonomía del OJ”.

Regnier indicó que ha recibido varias denuncias de los agentes de Seguridad que se quejaron por “amenazas” y esa condición laboral genera inestabilidad.

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“Esperamos que se proceda de la manera más urgente a la revocatoria de Motta Bonilla, es un secreto a voces que extrabajadores de SAAS están en el Organismo Judicial y hubo una convocatoria externa para contratar agentes. Es inapropiado, es fuerte que quieran intervenir y supeditar al Organismo Judicial”, criticó Regnier.

La Dirección de Comunicación de ese organismo informó que durante la tarde Mario Siekavizza, portavoz del OJ, brindará una postura relacionada con los señalamientos que denuncia el sindicato.

Ampliaremos

Agentes de Seguridad del @OJGuatemala señalan que "sí hay nuevos agentes jefes que no usan uniforme" que vigilan las diversas áreas de ese organismo.| pic.twitter.com/jTbM0dL6tK

— Edwin Pitán (@Epitan_PL) February 19, 2019

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