Por qué es importante la elección de director de la Defensa Pública Penal

El Congreso tiene previsto juramentar este miércoles a los cuatro profesionales que integrarán la comisión de postulación que elegirá una terna de donde saldrá quien dirigirá el Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP).

El derecho de defensa de un ciudadano lo establece la Constitución por lo que es parte de las atribuciones del IDPP. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
El derecho de defensa de un ciudadano lo establece la Constitución por lo que es parte de las atribuciones del IDPP. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

La directora del IDPP, Nidia Arévalo de Corzantes, dejará el cargo el próximo 5 de agosto, para terminar un periodo de cinco años. Este periodo empezó luego de que finalizó el tiempo para el que fue elegida Blanca Stalling y, debido a que no hubo postuladora, el cargo lo asumió de manera interina Remberto Leonel Ruiz Barrientos -afín a Stalling-, quien ocupaba la dirección ejecutiva y de Recursos Humanos del Instituto.

Luego de una serie de amparos, el Congreso convocó a la postuladora y finalizó la integración de una terna del 2015, en la que se encontraba Ruiz, Arévalo de Corzantes y Hugo Roberto Jáuregui. No obstante, la Corte de Constitucionalidad otorgó otro amparo a Rodolfo Arturo Franco Castillo para que el Congreso eligiera director en abril del 2016, en la cual fue elegida Arévalo de Corzantes.

El director del IDPP es parte de la cadena de justicia y sectores que siguen los procesos de postulación prevén que Stalling quiera retomar el control de esa instancia, la cual dirigió por dos periodos.

Sectores que ven de cerca los procesos de postulación no descartan que Stalling quiera retomar el control de la institución, que conoce bien y que dirigió por 10 años.

La directora ejecutiva del Movimiento Pro Justicia, Carmen Aída Ibarra, indicó que la importancia del IDPP recae por un mandato constitucional de proveer un servicio gratuito en materia de defensa penal, el derecho de defensa cuando no se tienen los recursos para pagar un abogado privado.

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“Si no hay defensores públicos, si la persona no cuenta con un abogado defensor, no puede haber administración de justicia, eso nos llevaría al incumplimiento del debido proceso y nos haría retornar a las épocas inquisitivas en donde poco o nada se respetaban las garantías del debido proceso”, dijo Ibarra.

El instituto como tal es fundamental, porque forma parte de las instituciones que tienen que guiar al país hacia una correcta administración de justicia y participa en el diseño de ciertas políticas institucionales orientadas a mejorar la administración de justicia. El IDPP pertenece a la instancia coordinadora para la modernización del sector justicia en donde se han presentado varias iniciativas como la prisión preventiva.

“En la parte política, el instituto se convirtió en una especie de botín político para el Congreso de la República, particularmente durante las dos gestiones de Blanca Stalling, a quien siempre reconocimos su capacidad de trabajo y los esfuerzos de fortalecer al instituto, pero le criticamos que accediera a darle cuota de poder a diputados, para ganar su primera y segunda elección”, dijo Ibarra.

Sede del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP). (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Elvyn Díaz, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, indicó que el IDPP es importante porque tiene la defensa de las personas que son sometidas a un proceso penal y que no tienen recursos para pagar un abogado de confianza, con ello se da una defensa efectiva para tener el derecho de defensa.

“Recordemos que muchos de los datos que se han evidenciado en América Latina detalla que las personas de escasos recursos son los que más utilizan estos servicios y Guatemala no es la excepción, las personas implicada deben de gozar de los derechos y uno de ellos es de la defensa”, dijo Díaz.

Proceso penal de Stalling

La magistrada separada Blanca Stalling enfrenta proceso penal por el delito de tráfico de influencias y resistencia al arresto, por haber presuntamente presionado al juez Carlos Ruano para que beneficiara con una medida sustitutiva a su hijo Otto Molina Stalling, quien en ese momento era sindicado en el caso de estafa al seguro social conocido como Igss-Pisa.

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Al comienzo el caso fue designado al Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal, a cargo de Adrián Rodríguez, pero Stalling lo recusó por dudar de su imparcialidad y esto llevó al juez a inhibirse.

Luego, el caso pasó al Juzgado Octavo, a cargo del juez suplente José Alvarado. No obstante, Stalling logró separarlo del caso alegando que mantiene una amistad con él y que había fotografías de ambos juntos.

El expediente pasó a manos de la jueza Silvia Morales, titular del Juzgado Noveno. Sin embargo, ella se inhibió aduciendo que dudaban de su imparcialidad.

Hasta el momento no se ha realizado la audiencia de etapa intermedia, la cual ha sido suspendida en nueve ocasiones.

Consejo del IDPP

  • Héctor Echeverría, representante del Colegio de Abogados
  • Raúl Robles, representante de los defensores de planta
  • Luis Aragón, representantes de los decanos de las facultades de Derecho
  • Nester Vásquez Pimentel, presidente de la Corte Suprema de Justicia, pero puede delegar en otro magistrado su representación.
  • PDH ya no participa luego de declararse inconstitucional su participación en dicho consejo.

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