GUATEMALA – El sector creció 47% en el 2014 y contribuyó con 1% al producto interno bruto (PIB), afirmó Mario Orellana, presidente de la Gremial de Industrias
Extractivas (Gremiext),
A pesar del poco apoyo del Gobierno a la industria minera. El empresario señaló que para que ese aporte se mantenga la minería necesita que se aprueben al menos 10 licencias más.
“Esta es una actitud clara del Gobierno de evitar a un sector que contribuye al desarrollo del país en áreas rurales, cosa que la agricultura no hará, y solo para no tener que lidiar con la conflictividad”, refirió Orellana.
Regina de Cerezo, gerente de Relaciones Corporativas de la Compañía Guatemalteca de Níquel, S.A (CGN), informó que cuatro minas aportaron en el 2014 el 1% al PIB, por lo que si se aprobaran más licencias, el crecimiento de la riqueza nacional sería aún mayor.
“La función del Ministerio de Energía y Minas es revisar y otorgar licencias. El hecho de que exista una presa de más de cien licencias es ilegal, pues una moratoria de facto es ilegal”, señaló la ejecutiva de CGN.
Según el presidente de la Cámara de Industria, Fernando López, la moratoria se produce de hecho, por lo que es ilegal.
El presidente de Gremiext recordó que en el 2012 hubo un acuerdo de regalías voluntarias y se liberaron algunas licencias, pero después ya no se ha vuelto a aprobar otra.
Posiciones
Según la Dirección General de Minería, no se está deteniendo ninguna solicitud de licencia y a todas se les está dando el trámite correspondiente. En esa oficina aseguraron que son trámites que pueden durar años.
Por su parte, Miguel Ángel Balcárcel, comisionado para el Diálogo Nacional, afirmó que, desde la perspectiva del Ejecutivo, esas solicitudes no se pueden inmovilizar y se les ha dado el curso correspondiente.
“No se puede dejar de reconocer la conflictividad que genera la minería, por eso se envió al Congreso una iniciativa de ley para una moratoria, para reflexionar y rediscutir la Ley de Minería, pero está estancada”, señaló Balcárcel.
Juventino Gálvez, director del Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente (Iarna), de la Universidad Rafael Landívar, expuso que la tasa de crecimiento del sector minero es acelerada, pero que el 1% que creció en el 2014 contrasta con el 3% de aumento en la conflictividad en todo el país.
En la minería, aseguró Gálvez, existe manipulación de parte de las mineras, que compiten por recursos. En su opinión, el sector deja pocos beneficios y el personal que recluta es demasiado especializado y no es de las comunidades aledañas. “El Gobierno no tiene la capacidad para regular las actividades mineras y ha perdido su control”, expresó Gálvez.
RIESGOS
López afirmó que las inversiones en minería pueden irse si la tasa de las regalías sube al 10%. De acuerdo con Orellana, no se debe esperar que los proyectos cierren y volver a comenzar, porque los procesos en la industria minera son largos.
Como sociedad, hay que definir qué se quiere para el país, dijo López.
Q100 millones al año dejarían de percibir las municipalidades.
100 mil empleos se perderían si suben regalías.
Suspensión temporal
El Gobierno propuso una moratoria en el Congreso de la República para la suspensión temporal de la emisión de nuevas licencias de reconocimiento y explotación de minerales metálicos en todo el territorio nacional durante dos años, pero esta continúa sin resolución.
El Ejecutivo espera que ese período de suspensión temporal permita identificar y aprobar las reformas necesarias a la Ley de Minería (Decreto 48-97) y su Reglamento (Acuerdo Gubernativo 176-2001), que establezcan un mejor ambiente de negocios en el sector. En octubre del 2012, el Ministerio de Energía y Minas presentó una propuesta de reforma a la Ley de Minería, iniciativa que contiene 36 cambios, como crear un fondo minero, seguridad ambiental y mecanismos de información y diálogo con las comunidades, entre otros.
