VEA INFOGRAFÍA: Resultados de país

“Guatemala se mantiene apenas dentro de la categoría de países moderadamente libres”, señaló el informe dado a conocer ayer por la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa).

La medición incluye un promedio de 10 libertades diferentes, y les asigna una calificación de cero a 10; mientras más alto el valor, mayor será la libertad económica.

RETROCESO

La calificación del país fue de 60.4 puntos, con el mismo número del promedio mundial. En esta última edición, el país retrocedió cuatro casillas en el ranquin global y bajó 0.8 puntos en la calificación final.

De los 10 indicadores calificados, los derechos de propiedad fueron los que más atraso mostraron, con -5 puntos. La libertad de empresa también se vio afectada, con -3.7 puntos.

La libertad comercial tuvo una pequeña caída de -0.8 puntos, mientras que la libertad de inversión y financiera se mantuvo en su posición.

“Se ve reflejada la debilidad de las instituciones públicas“, lamentó Javier Zepeda, director ejecutivo de la Cámara de Industria. Agregó que ese tipo de evaluaciones afectan al país porque revelan la poca certeza jurídica del país.

“Uno de los principales factores que analiza un inversionista es la certeza jurídica, y si las reglas no están claras y hay un cambio constante, genera incertidumbre”, destacó Zepeda.

MEJORAS

El indicador que mayor avance tuvo fue el de libertad laboral, con 1.3 puntos más que en la medición del 2014.

También hubo leve mejora en la libertad monetaria y de gobierno, pero por debajo de un punto.

Aunque el grado de percepción de corrupción persiste en el país, en la calificación hubo una leve mejora de 0.3 positivo.

El índice de libertad económica lo encabezan Hong Kong, Singapur, Nueva Zelanda, Australia y Suiza.

Los peores calificados son Corea del Norte, Cuba y Venezuela.

Según la evaluación, cada día es más necesario estructurar acciones conjuntas para trabajar en la institucionalidad del país, reforzando la legitimidad de los distintos poderes.

Poca confianza

Las resoluciones judiciales son lentas y poco confiables, cita el informe.

Además, la falta de transparencia y un débil servicio civil dificulta la implementación de políticas públicas.