Comunitario

Comunitarios de Sayaxché solicitan estado de Calamidad

Saúl Paau, integrante de la Comisión por la Defensa de la Vida en Sayaxché, en conferencia de Prensa solicitó declarar el estado de Calamidad Pública sin violar los derechos constitucionales de la población y con el único fin de garantizar y agilizar la ayuda humanitaria a los afectados.

Por Carlos Álvarez

Comunitarios de Sayaxché piden que se implemente el estado de Calamidad Pública para agilizar la ayuda humanitaria. (Foto Prensa Libre: Carlos Álvarez)
Comunitarios de Sayaxché piden que se implemente el estado de Calamidad Pública para agilizar la ayuda humanitaria. (Foto Prensa Libre: Carlos Álvarez)

Comunitarios, integrantes de Consejos Comunitarios de Desarrollo y organizaciones civiles, quienes participaron en la conferencia, señalaron a la empresa Reforestadora de Palma de Petén, S. A. (Repsa), como la culpable de los daños ecológicos que sufrió el río La Pasión.

Otra de las peticiones era que se clausure definitivamente las operaciones de la empresa Repsa, por el daño al ambiente y por carecer de los estudios de impacto ambiental como lo reconoció el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales.

Asimismo, solicitan que se dé un resarcimiento económico a las familias y comunidades que tienen dependencia de los recursos naturales del río y se realicen las investigaciones y se castigue los culpables del desastre que calificaron de “irreparable”.

Marco Antonio Mateo, representante de la sociedad civil de Sayaxché, indicó que la corresponsabilidad del desastre ecológico es también del Ministerio de Ambiente, que permitió las operaciones de la empresa sin contar con los estudios exigidos por la ley.





Río muere lentamente

Prensa Libre visitó la aldea El Pato, ubicada a 355 kilómetros de la capital, donde se presume comenzó la contaminación. La localidad, que tiene dos mil 200 habitantes, colinda con tres empresas que se dedican al cultivo de palma africana.

Pese a que en el lugar ya no se ven peces muertos en la superficie del río, la penuria aún empieza. Las personas no pueden pescar ni utilizar el agua, debido a que las autoridades prohibieron usar los recursos naturales por riesgo de toxicidad.

Más de la mitad de la población labora para Repsa y el restante porcentaje obtiene trabajo indirecto de las actividades de la empresa.

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