En octubre pasado, los representantes de los mencionados sectores celebraron tres sesiones de trabajo en las que se logró consensuar una agenda ambiental con seis ejes que deben ser atendidos de manera inmediata. Se acordó firmar un pacto —se concretará mañana— que tendrá una duración de cinco años y que busca que las nuevas autoridades hagan suya la agenda como parte de su política en gestión ambiental.

Pilares fundamentales

Andreas Lehnhoff, ministro de Ambiente y Recursos Naturales, explicó: “Uno de los temas que exigía la ciudadanía era específicamente el clamor ambiental, porque hay un reconocimiento de que los indicadores ambientales del país van para abajo”.

Uno de los ejes en que se logró consenso es el agua, que es el central porque el 95 por ciento de todas las fuentes del país están contaminadas, por lo que puede tener implicaciones de seguridad alimentaria, y no tiene ley.

Los otros son la deforestación, en función del cambio climático; la recarga hídrica, por ser un problema muy profundo en la provincia, debido a la pérdida de 132 mil hectáreas de bosque al año.

También la gestión ambiental, por la necesidad de mejorarla y porque se relaciona con la forma como se extienden las licencias y los permisos, debido a que ese sistema existe desde hace casi 30 años.

El manejo de desechos es otro eje, porque se cuenta con pocos rellenos sanitarios bien manejados y los demás son tiraderos que causan que el país se hunda en basura, pues no hay inversión. Es un problema municipal y del sector privado.

Además, la producción sostenible, que busca que el país logre producir sin degradar y sea competitivo. Esta parte interesa particularmente a los sectores exportadores y beneficia a la sociedad en cuanto a la salud.

También se establece la preparación para enfrentar el cambio climático, debido a la alta vulnerabilidad. Un ejemplo es el deslizamiento ocurrido en El Cambray 2 y la debilidad en seguridad alimentaria por la variabilidad climática.

Lehnhoff indicó que la agenda que se acordó y se firmará consta de tres partes. “Una es el contenido de cada uno de los temas. Luego, lo que hay que arreglar, en términos de institucionalidad, es lo que se relaciona con la regulación, porque muchos de los ejes acordados tienen debilidad porque o no hay legislación o no es apropiada; y tercero es el financiamiento, porque Guatemala es el país que menos invierte en el sector público ambiental de los países centroamericanos”, aseguró.