Justicia

Corrupción suma 97% de impunidad

La efectividad de la justicia —Ministerio Público y Organismo Judicial— en relación con los casos de corrupción que registró la administración pública en el 2015 alcanzó el 2.96 por ciento, mientras el resto de los procesos, es decir el 97.04 por ciento de los casos, quedó en la impunidad.

Por Glenda Sánchez

Un proyecto habitacional, en Chinautla, motivó la pesquisa contra Arnoldo Medrano. (Foto Prensa Libre: Álvaro Interiano)
Un proyecto habitacional, en Chinautla, motivó la pesquisa contra Arnoldo Medrano. (Foto Prensa Libre: Álvaro Interiano)

A pesar de la reducida cifra, se muestra avance de 2.40 puntos porcentuales, pues en el 2008 solo se reportaba 0.56 en ese flagelo.

El incremento se nota a partir del 2011 —administración de Claudia Paz y Paz—, cuando pasó de 0.56 por ciento a 2.40 por ciento. Y creció de forma importante en el 2014, cuando tomó posesión Thelma Aldana. En ese año —2014—, la efectividad subió a 2.94 por ciento, hasta llegar a 2.96 por ciento.

Algunas de la causas por las que los procesos quedaron en la impunidad incluyen la desestimación de los procesos penales, reprogramación de las audiencias y porque los abogados defensores buscaron salidas alternas para frenarlos.

Detalles

El Ministerio Público (MP), en su portal web www.mp.gob.gt/cicig/, calcula el nivel de impunidad con base en los casos remitidos por la Fiscalía a los diferentes juzgados del país, las acusaciones presentadas y las sentencias condenatorias emitidas.

Se refleja que cada año se registra un promedio de cuatro mil expedientes por algún tipo de hechos de corrupción, sin superar los cuatro mil 550.

Los datos revelan que los delitos que más se cometen son abuso de autoridad, cobros indebidos, desobediencia, enriquecimiento ilícito, falsedad en declaración jurada patrimonial e incumplimiento de deberes.

Además, hay expedientes por fraude e incumplimiento de pago, malversación, soborno en atributos y tráfico de influencias.

Entre los departamentos que registran más procesos de ese flagelo se encuentran Guatemala, Quetzaltenango, Suchitepéquez, Izabal y Quiché. Entre los que menos registran se incluyen Totonicapán, Chiquimula, Baja Verapaz, Jalapa y Retalhuleu.

Cifras

Solo en el 2015, el departamento de Guatemala registró tres mil 17 casos —acumulados—, Suchitepéquez 396, Quetzaltenango 356 y Escuintla 249.

La Fiscalía contra la Corrupción establece que el 26 por ciento de las denuncias que se recibieron el año pasado fueron contra municipalidades. Luego, siguen los desaparecidos fondos Nacional para la Vivienda (Foguavi) y Nacional para la Paz (Fonapaz).

En lo que corresponde a ministerios, destacan Salud —caso en el que el Juzgado Quinto ya declaró con lugar un antejuicio contra el exministro Luis Enrique Monterroso—, Gobernación y Desarrollo Social.

Asimismo, el Registro Nacional de las Personas (Renap), algunos de los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes), empresas privadas y diputados.

También el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), personal del Congreso y del Organismo Judicial —se incluye personal administrativo, jueces y también asistentes—.

Hasta noviembre del año pasado, 602 empleados públicos y funcionarios fueron capturados por diferentes delitos. Del total de aprehensiones, el 43 por ciento —equivalente a 260— corresponde a empleados y extrabajadores del Renap y 35 por ciento a la Policía Nacional Civil (PNC).

Entre los expedientes en los cuales se incluye como involucrados a varios agentes, según datos de la Fiscalía, está el desvío de Q52 millones de la institución a cuentas en el país y a bancos ubicados en Panamá.

Versiones preliminares refieren que esa red enviaba a reparar los autopatrullas a talleres fantasmas, con sobrevaloración de servicios y repuestos. Otro de los casos señala a unos 20 policías de la red de estar involucrados en muertes extrajudiciales en Raxruhá, Alta Verapaz, en el 2014.





Respuesta

La fiscal general, Thelma Aldana, manifestó que para incrementar la efectividad en los procesos ha fortalecido la Dirección de Investigaciones Criminalísticas con la asignación de personal y capacitación. Asimismo, dijo que preparan una matriz de investigación con apoyo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

Se llamó por vía telefónica en varias ocasiones al presidente del OJ, Ranulfo Rojas, para escuchar su postura, pero no respondió.