Justicia

Sinibaldi, prófugo, ataca a la Cicig a través de Twitter

En un comunicado divulgado esta noche en su cuenta oficial de Twitter, el exministro prófugo Alejandro Sinibaldi ataca a la Cicig por la persecución en su contra por actos de corrupción, aunque sin expresar disposición alguna a presentarse ante los tribunales de justicia.

Por Redacción

Sinibaldi fue nominado candidato presidencial de PP en septiembre de 2014, pero meses después renunció al partido.
Sinibaldi fue nominado candidato presidencial de PP en septiembre de 2014, pero meses después renunció al partido.

Sinibaldi tiene orden de captura desde el 11 de junio de 2016 por su supuesta participación en la compra de regalos onerosos al exbinomio presidencial Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti con dinero del Estado, en el caso conocido como La Cooperacha, que tiene a varios exintegrantes del gabinete de Gobierno patriotista en prisión.

En el comunicado, supuestamente escrito por el exministro prófugo,  éste señala que Cicig está violando su derecho de presunción de inocencia al "politizar, mediatizar, juzgar y sentenciar los casos", aunque sin aportar datos o razones del por qué se mantiene oculto en lugar de enfrentar a la justicia.

Además, niega ser dueño de un hangar y de un helicóptero, aunque reconoce que sí lo usó pero como un servicio “rentado”. Acepta ser propietario de cuatro propiedades allanadas, mas no de otras ocho que las autoridades le atribuyen.

Alega que puede comprobar su origen de su patrimonio, producto de su trayectoria empresarial, pero lo hará cuando haya "condiciones adecuadas y no de Inquisición".

Sinibaldi, quien fue el ministro estrella del gobierno de Otto Pérez Molina y presentado como precandidato a la presidencia en septiembre de 2014, reclama que agentes de Cicig supuestamente han amedrentado a empleados de sus empresas y  considera violados sus derechos.



Sospechoso

A petición del MP y Cicig, un juzgado autorizó la inmovilización nueve inmuebles, un helicóptero y dos hangares relacionados con Sinibaldi, por posible corrupción en su gestión en el Inguat y el Ministerio de Comunicaciones.

El nombre del exministro también ha figurado en investigaciones sobre irregularidades en el Transurbano y la adjudicación de la ampliación de la carretera de Cocales a la frontera con México a cargo de la empresa Oderbrecht, cuyo precio fue aumentado de forma ilegal pero la obra quedó inconclusa.