Justicia

CSJ suspende en definitiva mina en La Puya

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó la suspensión definitiva de las operaciones del proyecto de minería VII Derivada.

Por Edwin Pitán

Pobladores de San José del Golfo y San pedro Ayampuc, se resisten a ser desalojados por policías del ingreso a la mina. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
Pobladores de San José del Golfo y San pedro Ayampuc, se resisten a ser desalojados por policías del ingreso a la mina. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

De acuerdo con la notificación el Centro de Acción Legal-Ambiental y Social (Calas) fue amparada de manera definitiva por la CSJ, la cual determinó que con la autorización del proyecto de explotación minera para la extracción de oro y plata en La Puya se violaron derechos de los pobladores, al no efectuar una consulta popular, para que la población manifestara su apoyo o rechazo a las labores.

La mina está ubicado en la aldea La Puya, entre los municipios de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc,

La CSJ ordenó al Ministerio de Energía y Minas (MEM) anular el expediente identificado como LEXT-054-08, entre esa dependencia y la entidad Exploraciones Mineras de Guatemala (Exmingua), en el cual consta la autorización para efectuar los trabajos extractivos.

La resolución fue emitida por unanimidad por los magistrados de la CSJ y se advierte al MEM de que, de no acatar la orden, se impondrá una multa de Q1 mil.

En el análisis del caso y resolución participaron nueve magistrados titulares —Silvia Valdez, Vitalina Orellana, Delia Dávila, Josué Baquiax, Nery Medina, Sergio Pineda, Silvia García, José Pineda y María Morales—, así como cuatro suplentes —Carlos Paiz, Manfredo López, Gustavo Dubón y Freedyn Fernández—.

Los magistrados titulares que no integraron la CSJ para conocer el caso fueron Ranulfo Rojas, presidente del Organismo Judicial; Blanca Stalling, Néster Vásquez y Douglas Charchal.

Antecedentes

El pasado 22 de febrero, la CSJ notificó el amparo provisional a Calas, con el que se ordenó suspender de manera temporal las operaciones mineras.

En noviembre del 2011, el MEM otorgó la licencia de explotación minera a Exmingua, pese a gestiones de pobladores cercanos al proyecto  en las cuales se señalaban vicios en el procedimiento.

Cuatro años duraron las protestas de pobladores de la localidad y activistas de derechos humanos para evitar que la empresa continuara, y formaron un campamento en las afueras. Las autoridades intentaron desalojarlos en varias ocasiones.