Justicia

Luis Rabbé queda sin inmunidad por caso de plazas fantasma

Parlamentario salió del país el pasado 16 de agosto, en un vuelo a México, confirmó Migración. 

Por Jerson Ramos

Luis Rabbé puede ser investigado por la Fiscalía por su implicación en la contratación irregular de personal. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
Luis Rabbé puede ser investigado por la Fiscalía por su implicación en la contratación irregular de personal. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El diputado Luis Rabbé perdió la inmunidad por decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la resolución permitirá ser investigado por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig),

La resolución de la CSJ se dictó el jueves último, durante la sesión de pleno extraordinario a la que fueron convocados los magistrados.

El 17 de agosto recién pasado no se efectuó la reunión porque los funcionarios estuvieron en diversas actividades afuera del Palacio de Justicia.

Josué Felipe Baquiax, magistrado de la CSJ, explicó que el fallo se tomó de manera unánime, por considerar que los señalamientos que el  MP y la Cicig hicieron en su solicitud son "graves".

Los magistrados fundamentaron su decisión en el informe de la pesquisa que les remitió la magistrada Zonia de la Paz Santizo Corleto, vocal segunda de la Sala Tercera de Apelaciones de lo Penal.

El reporte de Santizo Corleto estableció  que existe la posibilidad de que Rabbé Tejada tenga relación con la contratación irregular de personal del Congreso, cuando fungió como presidente del Organismo Legislativo, en el período 2015-2016.

"Se analizó el informe rendido por el juez pesquisidor, donde se recomendo retirarle ese privilegio, por lo consiguiente fue sometido al cotejo por los magistrados y luego se acordó por unanimidad declarar con lugar la solicitud”, aseveró.

Gestión Penal del Organismo Judicial (OJ) deberá designar el juez instructor que llevará el proceso penal contra Rabbé.

Salió del país

La Dirección General de Migración (DGM) informó que el diputado Luis Rabbé salió del país en un vuelo comercial de Aeroméxico el martes último; su destino sería la Ciudad de México. Rabbé no tenía ninguna restricción para salir de Guatemala.

Varios comentarios se publicaron en redes sociales cuando se supo que el diputado viajó al extranjero 48 horas antes de que se conociera la posibilidad de retirarle el derecho de antejuicio.

Usuarios de Twitter y Facebook compartieron la fotografía en la que se ve a Rabbé Tejada parado junto a su equipaje, en instalaciones que parecen ser de un aeropuerto.

Los usuarios dicen que es en Guatemala, aunque también indican otros que se trata de México, a su arribo.

El usuario  David Juárez escribió en su cuenta de Twitter: “Mi pregunta es si ya saben que Luis Rabbé es prófugo de la justicia y saben en dónde esta?”.

El caso de Rabbé

Una investigación del Ministerio Público (MP) y de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) encontró que la nómina de plazas fantasma en el Congreso que creó la Junta Directiva presidida por el diputado Luis Rabbé, incluyó a maestros, profesionales, bachilleres, secretarias bilingües y hasta un panadero.

Según la pesquisa, ninguno llegó a trabajar en el Legislativo, pero tenían salarios entre los Q8 a Q20 mil.

El ente investigador descubrió que los supuestos empleados prestaban sus servicios a otras dependencias del Estado, para empresa privadas de diversa índole, incluso para empresas de los propios diputados.

Para investigar el caso,  el MP y Cicig solicitaron siete antejuicios contra diputados y exdiputado del Congreso, pues durante la gestión de Rabbé y Crespo se favoreció a los miembros de la junta directiva con contrataciones de personal o plazas fantasmas.

Por la aprobación de 235 contrataciones irregulares y no menos de 50 plazas fantasmas en el Congreso, siete diputados, encabezados por Luis Armando Rabbé Tejada y Arístides Crespo Villegas, son señalados de peculado y abuso de autoridad, les añaden nombramientos ilegales.

En este caso también están vinculados, capturados y enviados a prisión los exdiputados Alfredo Augusto Rabbé Tejada, Édgar Romeo Cristiani Calderón y Luis Mijangos, quien también es exdirector del Congreso. Otro excongresista, Carlos Humberto Herrera Quezada, tiene orden de captura y arraigo.

La investigación descubrió que en los primeros días de enero del 2015 Crespo autorizó el nombramiento de 87 personas bajo el renglón 022 para  la directiva.

Más de 25 de estas plazas eran de un salario igual o por encima de los Q15 mil. Los nombramientos de las personas en el Organismo Legislativo, que no asistían a sus labores, se autorizaron por Crespo a solicitud de otros diputados.

A Luis Rabbé se le atribuyen 148 contrataciones o nombramientos irregulares. “Los sueldos de las contrataciones fueron de Q4 mil y hasta  Q20 mil”,  indicó el MP.

Contrataciones señaladas

  • Arístides Crespo: Como presidente del Congreso contrató a 17 personas, con nivel diversificado, bajo el renglón 022, 13 de ellas asignadas a la Presidencia como asistentes, con salarios entre Q10 mil y Q15. Mil. Además, en los primeros días de enero de 2015, poco antes de entregar el cargo, autorizó el nombramiento de 87 personas, en el renglón 022 para los miembros de la Junta Directiva que estaban por terminar su gestión. Autorizó la contratación bajo el renglón 022 de al menos 44 personas asignadas a diversas unidades administrativas, 25 de estas plazas con salario igual o por encima de Q15 mil.
  • Luis Rabbé: Solicitó dos plazas fantasma, para Mario Raúl Franco y Franco, con un sueldo de Q20 mil, y para Marco Antonio Lorenzana Pineda, ganando Q7 mil. Además autorizó la contratación de unas 38 personas que no llegaban a trabajar y estaban designadas a los miembros de la Junta Directiva.

Delitos y sus penas

  • Abuso de autoridad: un funcionario o empleado público que comete u ordena la comisión de actos arbitrarios. La pena es de uno a tres años de cárcel.
  • Nombramientos ilegales: cuando un funcionario sabe que una persona no cumple con los requisitos para ocupar un puesto público. La sanción es de seis meses a dos años de prisión y multa de Q10 mil a Q25 mil.
  • Peculado por sustracción: cuando un funcionario sustrae o permite a otro sustraer bienes públicos. Tiene una pena de cinco a 10 años de cárcel y multa de Q10 mil a Q50 mil.

*Con información de Glenda Sánchez