Justicia

Falta de controles acrecienta hacinamiento en las cárceles

Gobernación destaca que en las prisiones hay por lo menos tres mil personas que ya cumplieron condena. El Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), señala que mensualmente se tramita y logra la libertad de 70 reclusos, en promedio.

Por Jerson Ramos y Sara Melini

El hacinamiento en las cárceles es un problema para el Sistema Penitenciario. (Foto Prensa Libre: HemerotecaPL)
El hacinamiento en las cárceles es un problema para el Sistema Penitenciario. (Foto Prensa Libre: HemerotecaPL)

La falta de control en el cumplimiento de las condenas impuestas por los tribunales de justicia es una de las causas del hacinamiento en las prisiones, donde por lo menos  tres mil internos   ya cumplieron sus penas, aseguró ayer en un acto público el ministro de Gobernación, Francisco Rivas Lara.

El IDPP rechazó las declaraciones del funcionario pues asegura que efectúa  trámites  para lograr la libertad de quienes ya concluyeron su castigo.

“Hay personas condenadas que ya cumplieron su pena y que no han salido. ¿Por qué no han salido? Porque ellas en realidad carecen de un abogado que les tramite su solicitud ante las judicaturas correspondientes”, aseguró el ministro.

La cifra aumenta, añadió Rivas Lara, si se agrega a los reos que han cumplido la mitad de la sanción y pueden solicitar redención de la pena, y los que permanecen en  prisión por delitos menores, lo cual eleva a por lo menos cinco mil el número de internos que, según el funcionario, deberían abandonar las cárceles.

“Me impactó el tema del Sistema Penitenciario y de los reos que ya cumplieron su condena y siguen presos”. Iván Velásquez, jefe de Cicig.

El Sistema Penitenciario (SP) tiene a su cargo 21 prisiones, en  la capital y la provincia, las cuales tienen   capacidad para albergar a seis mil 809 reos.

La población reclusa registrada hasta ayer era de 19 mil 891 personas, entre hombres y mujeres, de los cuales 10 mil 267 cumplen   condena, mientras que nueve mil 624 permanecen en prisión preventiva, a la espera de que se resuelva su situación jurídica.

La cifra se actualiza a diario  por el ingreso de   nuevos reclusos y los egresos   por cumplimiento de condena, beneficio de redención de pena o medida sustitutiva.

Sobrepoblación

Estadísticas señalan que el SP tiene una sobrepoblación que alcanza el 192.82 por ciento.

Rivas Lara aseguró que se analiza la implementación de un plan para disminuir y posteriormente eliminar el hacinamiento, por medio de acciones conjuntas entre varias instituciones del sector de justicia.

Añadió que también contemplan la construcción de más cárceles, como en repetidas ocasiones ha expresado el presidente Jimmy Morales.

Para terminar con el hacinamiento no se requieren recursos nuevos, sino   esfuerzos coordinados y que eviten la sobrepoblación en las cárceles, indicó el ministro.

En diciembre del 2015, la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) condenó al Estado de Guatemala por ser responsable de la violación de los derechos humanos de los reclusos.

En relación con el desarrollo de más presidios, el funcionario dijo que se trata de un nuevo proyecto que se definirá en el largo plazo y que incluye la instauración de procesos para edificar  recintos que cumplan con las medidas de seguridad pertinentes.

El ministro agregó que también se requiere que abogados del IDPP o privados contribuyan con tramitar la  libertad  de los reclusos.

En el acto participó el jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Iván Velásquez, quien calificó de  sensibles las declaraciones de Rivas Lara.

“Me impactó el tema del Sistema Penitenciario y de los reos que ya cumplieron su condena y siguen presos”, comentó.

El comisionado recomendó que las facultades de Derecho de las universidades hagan una jornada en la cual los estudiantes contribuyan con la revisión de la libertad de reclusos  y que la acción debería formar parte de las medidas para reducir el hacinamiento.

“Tenemos algunos planteamientos que espero compartir con el señor ministro muy pronto, probablemente esta semana”, agregó Velásquez.

Señaló que el hacinamiento en los reclusorios es una “bomba de tiempo” y que representa un peligro para la sociedad.

El comisionado recordó la matanza ocurrida en la prisión de Puerto Barrios, Izabal,   a principios de este año, cuando fueron ultimados ocho reclusos y 22   resultaron heridos.

Rechazo

La coordinadora de Ejecución Penal del IDPP, Patricia Secaida, rechazó las declaraciones del ministro del Interior y aseguró que son los jueces de Ejecución Penal los responsables del tiempo que los reclusos permanecen en prisión.

  • 6 mil 809 es la capacidad máxima actual de las 21 cárceles de Presidios.

Aseguró que esa institución tramita   mensualmente 70 redenciones de pena, en promedio, por lo cual, afirmó,   la cifra que proporcionó Rivas Lara no es real.

“No son tres mil ni cinco mil; son menos. Cuando se condena a alguien, a la mitad del tiempo se tiene derecho a solicitar en el Juzgado de Ejecución Penal el cómputo de la condena y verificar si se puede acceder al beneficio que dé la libertad anticipada, que señala la Ley del Régimen Penitenciario”, explicó.

El abogado penalista Alejandro García dijo que muchas veces ni siquiera los familiares de los reclusos gestionan la libertad por redención de pena o al finalizar el tiempo de la condena.

“El Juzgado no lo hace de oficio, se necesita un abogado, y en la práctica es quien lleva el debate el que a veces hace apelación de la sentencia, va a casación e interpone amparo. Luego, en el Juzgado de Ejecución Penal también le toca al defensor”, señaló.

Ranulfo Rojas, presidente del Organismo Judicial, dijo conocer las necesidades y deficiencias del sistema de justicia. “Estamos conscientes del tema de mora judicial y estamos dispuestos a cooperar en la creación y acompañamiento de las entidades que ayuden a disminuir  estas elevadas estadísticas”, expuso.

  • No hay estadísticas
  • Además del problema de hacinamiento en el  Sistema Penitenciario de todo el país, las autoridades se enfrentan a un reto: la falta de datos estadísticos que permitan tomar decisiones político-criminales impide generar propuestas y acciones que repercutan positivamente en el país.
  • A decir de Zoel Franco, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales (IECCP), aunque las intenciones del ministro de Gobernación son buenas, las medidas que se deben tomar deben ser específicas.
  • “La intención de combatir el hacinamiento en  las cárceles es muy buena; sin embargo, el problema es que no existen datos específicos sobre la situación legal de cada uno de los reos”, manifestó Franco.
  • El analista agregó que de confirmarse la presencia de reos que hayan cumplido su condena y sigan guardando prisión, sería una grave violación a los derechos humanos.
  • “Mediante seguimientos se ha determinado que muchos reos dicen haber terminado su condena cuando solo han cumplido la mitad; hay que evaluar cada caso”, puntualizó.

Sentencia de PDH

En diciembre del 2015, la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) condenó al Estado de Guatemala como responsable de la violación de los derechos humanos de los reclusos.

La sentencia señala “como responsable al Estado de Guatemala, a través del Ministerio de Gobernación y la Dirección General del Sistema Penitenciario, por no realizar las acciones necesarias, encaminadas a preservar el orden y la seguridad dentro de los centros carcelarios”.

En un apartado del documento, la PDH exige al SP efectuar las gestiones  para elaborar informes de buena conducta y trabajo de los prisioneros, con los cuales se analiza la pertinencia de su permanencia en las cárceles.

Sin herramientas

Patricia Secaida, del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), afirmó que de haber privados de libertad  que habiendo cumplido su condena continúen en prisión se estarían cometiendo ilegalidades, pues estarían retenidos de manera ilegal.

“Debemos analizar cada uno de los casos, pues la mayoría de condenados puede optar a una medida de libertad condicional o de redención de pena al cumplir la mitad de su condena. Si de verdad esta ya ha sido cumplida, el Sistema Penitenciario estaría incurriendo en irregularidades graves”, explicó Secaida.

Mensualmente, el IDPP logra que alrededor de 70 reos recuperen su libertad mediante las medidas permitidas; sin embargo, el trabajo es lento al no existir suficientes juzgados de Ejecución para que lo autoricen.

“Existen plazos y métodos para lograr una libertad condicional o una redención de pena, el problema es que muchas veces los reos no los conocen”, comentó.

Secaida agregó que la falta de programas de tratamiento a los privados de libertad y la falta de personal en el IDPP dificultan la labor.

Desconocimiento

Según el abogado penalista Alejandro García, muchas de las personas que   guardan prisión han sido abandonadas por los abogados que los acompañaron durante el proceso, limitándoles información respecto de su proceso penal y  sus posibilidades de optar a una redención de penas o libertad condicional.

“Cada uno de los casos es diferente. El problema radica en la mala práctica de los abogados, que solamente acompañan a sus clientes a los debates y no les proporcionan información sobre el resto de su proceso penal”, explicó García.

El profesional del Derecho agregó que la detención de cualquier persona que ya haya cumplido una condena es una retención ilegal, aunque dijo que esos casos son poco comunes.

“El proceso para solicitar la libertad cuando se cumple una condena puede hacerlo de manera personal el reo; sin embargo, pocos lo saben”, detalló García.

Los juzgados notifican mediante el Sistema Penitenciario a los reos sobre el trámite de su caso, por lo que les es fácil tener control sobre los procesos, explicó el abogado.

Lo considera prioridad

Aunque sin detallar las acciones en cada área, el presidente Jimmy Morales declaró ayer de urgencia priorizar la seguridad y reforma del Sistema Penitenciario, para aliviar el hacinamiento.

Durante su discurso, en un desayuno con la Cámara de Comercio, para informar a empresarios sobre las acciones de seguridad y economía, el mandatario mencionó  en primer lugar  reformar Presidios, porque el 10 por ciento de los reos ya cumplieron   condena.

Ejemplificó que a 900 privados de libertad  solo 30 guardias los cuidan, por turnos.

“Lo importante es que retomemos el control”, expresó.

Otras acciones

Con el fin de disminuir los índices de delincuencia común,  homicidios y secuestros, Morales le apostará a la prevención y a más inversión en inteligencia civil e investigación.

Esta es la primera vez, desde que asumió el poder, que el gobernante dedica varios minutos a explicar públicamente acciones en seguridad y justicia, ya que fue el gran tema ausente en su discurso de toma de posesión.

Renuncia director

En conferencia de prensa, Francisco Rivas, ministro de Gobernación, informó que el director del  Sistema Penitenciario, Alexánder Toro Maldonado, presentó la noche del martes su carta de renuncia.

Rivas detalló que los motivos de la renuncia de Toro son personales y agregó que aún no la ha analizado.

De aceptarse la dimisión, sería el subdirector operativo, Basilio Hernández, quien asuma el cargo temporalmente.

Cárceles al límite

El problema de la sobrepoblación en las prisiones del Sistema Penitenciario comenzó en 1996.

6 mil 809 es la capacidad máxima actual de las 21 cárceles de Presidios.

Año

Población reclusa

1991

5 mil 669

1993

5 mil 967

1995

6 mil 640

1996

6 mil 604

1999

8 mil 204

2000

6 mil 974

2002

8 mil 77

2003

8 mil 852

2005

8 mil 247

2008

8 mil 259

2010

11 mil 164

2011

12 mil 731

2012

15 mil 013

2013

16 mil 887

2014

18 mil 444

2015

19 mil 930

2016

19 mil 891

Fuente: Diagnóstico de Presidios del CIEN y Ministerio de Gobernación

Datos de interés

Actualmente no funciona la prisión de Guastatoya, por hundimiento.

La cárcel Fraijanes 2 está en uso parcial, por la destrucción causada por reos en 2010.

En 1968 fueron creadas las granjas de rehabilitación, cuyo modelo ya caducó.

Cerca de mil personas guardan prisión en cárceles a cargo de la PNC en sus 14 comisarías.

No existe infraestructura para clasificar a los reos por perfil o delito.