Justicia

Instancia buscaría condicionar a Cicig

El futuro de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) estaría sobre un campo minado en la Instancia Coordinadora del Sector Justicia (ICSJ), que evalúa su labor y que es la encargada de recomendar su continuidad en el país.

Por Byron Rolando Vásquez

Sede de la Cicig en la zona 14. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
Sede de la Cicig en la zona 14. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Esa instancia está integrada por Mauricio López Bonilla, ministro de Gobernación; Remberto Ruiz, director interino del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP); Thelma Aldana, fiscal general, y Felipe Baquiax, presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), quienes tienen en común que han tenido diferencias con la Cicig.

Debido a la fuerte presión internacional sobre el presidente Otto Pérez Molina para que confirme la prórroga de la Cicig por dos años más, se habría creado la ICSJ para darle apariencia de legalidad a una decisión que ya ha tomado el Ejecutivo, afirman fuentes cercanas a esa instancia. Sin embargo, si la presión externa es tanta podrían recomendar que se prolongue el mandato de la Cicig, pero imponiendo otras condiciones.

Las mismas fuentes afirman que buscarían dos opciones para que se quede la Comisión, pero atada de manos.

Modificar el mandato

El plan A de la ICSJ, según las fuentes consultadas, sería aceptar la prórroga de la permanencia de la Comisión, pero modificando su mandato. Esta opción significaría que se tendría que someter la modificación en el Congreso, que estaría sujeta a impugnaciones de todo tipo. Esta sería una medida dilatoria, ya que mientras el Ejecutivo no apruebe la reforma del mandato, la Cicig cumpliría funciones mínimas.

Se tendría que esperar hasta septiembre, cuando concluye el período actual, para negociar con las Naciones Unidas un texto con nuevos contenidos y que sería sometido a la aprobación del Legislativo.

Esta opción dejaría en receso la labor de la Cicig y bloquearía su trabajo en el país.

Vida de la Cicig

  • En junio del 2002 nació el proyecto en el seno de la ONU.
  • En 2003 la PDH tomó el proyecto y comenzó su institucionalización.
  • En 2004 el Estado firmó con la ONU el convenio de creación de la Cicig con el nombre de Ciciacs.
  • En 2007 finalmente cobra vida la Cicig.

Controlar su trabajo

El plan B sería ponerle ataduras a la Cicig, con el propósito de mantener el control sobre su trabajo, señala otra fuente consultada. Le atribuye al ministro de Gobernación que insista en preguntar cuál sería el cronograma de trabajo de la Cicig si se amplía el mandato.

Con ello se buscaría prorrogar el período de la Cicig por dos años más, pero con las manos atadas, para evitar que lleve a cabo investigaciones sobre algunos casos de corrupción, afirma la fuente.

Sin embargo, esta opción, que ya fue ensayada por Pérez Molina cuando planteó que la Cicig solo debe transmitir conocimientos, entraría en conflicto con el actual mandato de la Comisión.

Otro de los consultados y que ha participado en el proceso dice que también la ICSJ buscaría quitarle “dientes” a la Comisión.

Subraya que es como decirle a la Cicig: “Miren, esta es su camisa de fuerza para los próximos dos años”. Esa situación supondría, por ejemplo, limitar su ámbito de acción para que no pueda investigar casos que le crean conflicto al poder.

Terreno minado

Uno de los entrevistados refiere que el ambiente en la ICSJ es hostil hacia la Cicig porque los miembros de la instancia evaluadora tienen en común que las investigaciones de la Comisión afectaron sus labores.

¿Por qué en el Ministerio de Gobernación estarían distanciados de la Cicig? La Comisión le desmanteló toda la estructura delictiva que funcionaba en Presidios y el ministro no estaba enterado de la investigación.

Entonces, eso le dejó un mal sabor de boca porque no se le informó sobre las pesquisas que se llevaron a cabo y que involucraron hasta al director de Presidios, Édgar Camargo.

Thelma Aldana, jefa del Ministerio Público, fue objetada por la Cicig cuando se postuló para magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y el comisionado Carlos Castresana también la vetó en el 2009.

El actual comisionado, Iván Velásquez, cuestionó la elección de Aldana como fiscal general, y eso le habría causado molestias.

En el caso de Baquiax, la Comisión respaldó a la exmagistrada Claudia Escobar, quien denunció corrupción en la elección en la cual él fue ungido como magistrado y afirmó que había sido un proceso “perverso” y “viciado”.

En cuanto a Remberto Ruiz, director interino del IDPP, en febrero del 2010 la Cicig presentó una objeción contra él y no logró tomar posesión de ese cargo cuando ya había sido electo por el Congreso.

El Legislativo emitió el acuerdo 8-2010 cuando eligieron a Ruiz y una semana después promulgó el 9-2010, en el que declaró nula su elección.

De esa manera, según una de las fuentes, esta instancia habría sido formada a la medida de los intereses de Pérez Molina, con el fin de buscar formas “elegantes” para deshacerse de la Cicig.

“Siete añoslleva la Comisión en Guatemala”

A la medida del ejecutivo

Helen Mack, de la Fundación Myrna Mack, confirma la versión de los entrevistados y señala que la ICSJ lo único que están haciendo es quedar bien con el mandatario Pérez Molina, porque él les pidió buscar el mecanismo para decirle no a la Cicig.

“Hemos escuchado de todo, pero lo único que están buscando es tratar de justificar cómo decir sí, pero no a la prórroga de la Cicig. Es inaceptable que pretendan ponerle una hoja de ruta como que fuera su sirviente, porque tiene autonomía, y eso es lo que no les gusta”, dijo Mack.

Agregó que cambiarle el mandato a la Comisión significaría que tendría que ir al Congreso en un año electoral, por lo cual sería imposible que se aprobara el cambio.

“Buscarían renovar el período de la Cicig bajo las condiciones que quiere el presidente y lógicamente la ONU le diría que de esa forma no sería posible”, refirió la entrevistada.