Justicia

Juez ordena arraigo contra Édgar Barquín

El juzgado penal de turno ordenó el arraigo contra Édgar Baltazar Barquín Durán excandidato a la vicepresidencia por el partido Libertad Democrática Renovada (Líder), luego que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) oficializará los resultados electorales

Por Manuel Hernández y Glenda Sánchez

El juzgado penal de turno ordenó el arraigo en contra de Édgar Barquín Durán (Foto Prensa Libre: Hemerotaca PL)
El juzgado penal de turno ordenó el arraigo en contra de Édgar Barquín Durán (Foto Prensa Libre: Hemerotaca PL)

La solicitud del MP es como medida cautelar para garantizar su presencia en el país, mientras se realizan las investigaciones por su posible vinculación a una red de lavado de dinero que funcionaba en Jutiapa desde el 2008.

El vocero de la Dirección General de Migración, Fernando Lucero confirmó que a las 19.24 horas llegó la orden del juez a dicha entidad, por lo que ya se ingresó al sistema informático de Migración.

La medida se tomó, luego de perder materia la solicitud de antejuicio que el MP y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) presentaron el pasado 15 de julio contra Barquín Durán por los delitos de asociación ilícita y tráfico de influencias, cuando Barquín era candidato a la vicepresidencia por el partido Líder.

El caso donde se vincula al excandidato vicepresidencial del partido Líder se denomina Lavado y Política.

También el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) presentaron antejuicios contra los diputados Jaime Martínez Lohayza y Manuel de Jesús Barquín Durán, hermano del excandidato.

La investigación inició en el segundo semestre de 2014 por denuncias sobre la existencia de una estructura que operaba en ese departamento dedicada desde el 2008 a desarrollar actividades de lavado de activos, y contaba con la colaboración de autoridades locales y nacionales.

El cabecilla de la red de lavado de dinero era Francisco Edgar Morales Guerra, alias “chico dolar”, quien entre el 2008 y el 2011 recibió grandes sumas en efectivo de moneda extranjera, principalmente dólares. Para la realización de sus actividades ilícitas contó con la participación de familiares, particulares y funcionarios públicos.

Las capturas

Por el momento suman 10 las personas aprehendidas:

  • Francisco Edgar Morales Guerra: asociación  ilícita, lavado de dinero, defraudación tributaria, falsificación de documentos privados, financiamiento electoral ilícito y cohecho activo.
  • Silvia Antonieta Guevara: asociación ilícita, lavado de dinero, revelación de información confidencial o reservada.
  • Héctor Vicente Reyes Linares: asociación ilícita, lavado de dinero, defraudación tributaria y falsificación de documentos privados.
  • Rudy Estuardo Martinez Orellana: asociación ilícita, lavado de dinero, defraudación tributaria y falsificación de documentos privados.
  • Dain Alfredo Orellana y Orellana: asociación ilícita y lavado de dinero.
  • Edgar Leonel Guerra Pérez: asociación ilícita y lavado de dinero.
  • Marco Tulio Morales Guerra: asociación ilícita, lavado de dinero.
  • Javier Villatoro López, asociación ilícita y cohecho activo.
  • Lesbia Catalina Martínez Monroy: defraudación tributaria y falsificación de documentos privados.
  • Mynor Leonel Morales Monterroso: cohecho pasivo.

Modo de operar

Integrantes de la organización recolectaban el dinero a través de personas particulares y de algunas organizaciones que ya han sido investigadas en Guatemala y en el exterior por lavado de dinero.

Morales Guerra introducía este dinero al sistema financiero (en dólares o quetzales) a través de unas 200 empresas ficticias y de testaferros, quienes a su vez transferían el dinero a sus cuentas hacia diferentes países (Estados Unidos, China, Hong Kong, Taiwán, Corea del Sur, Islas Caimanes, Francia, Turquía, Colombia y Brasil) aparentando que provenían de transacciones comerciales.

Se documentaron 686 transferencias al exterior que ascienden a US$33 millones (aproximadamente Q255 millones) pero se estima que las operaciones de lavado podrían llegar a Q937 millones.

Para garantizar su permanencia y solidez, dicha red estaba protegida por círculos de poder. Se estableció que Edgar Barquín Durán, quien fungía en ese entonces como presidente del Banco de Guatemala y la Junta Monetaria, ayudó para que Morales Guerra saliera intacto de las investigaciones de las instituciones fiscalizadoras y de investigación.

También contó con la colaboración de los diputados Jaime Martínez Lohayza y Manuel Barquín Durán, este último dispuso que se utilizaran sus oficinas y colaboradores del Congreso para asesorar, apoyar y trasladar documentación a Morales Guerra. Mientras que Silvia Antonieta Guevara Prado -quien fungía como gerente de una sucursal del Banco G&T- en Asunción Mita, Jutiapa, lo asesoró y alertó sobre los controles de la Intendencia de Verificación Especial (IVE).