Justicia

Juez revisa indicios contra señalados en Cooptación del Estado

El juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, confirmó los indicios contra algunos de los implicados en el caso denominado Cooptación del Estado en el Sicoin y Guatecompras.

Por Glenda Sánchez y Henry Pocasangre

Juez Miguel Ángel Gálvez muestra las listas que contienen la descripción de los contratos y los porcentajes de las coimas que fueron distribuidas entre los implicados en el caso. (Foto Prensa Libre: Esbin García)
Juez Miguel Ángel Gálvez muestra las listas que contienen la descripción de los contratos y los porcentajes de las coimas que fueron distribuidas entre los implicados en el caso. (Foto Prensa Libre: Esbin García)

El juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, confirmó los indicios contra algunos de los implicados al ingresar el mismo al Sistema de Adquisición y Contratación del Estado  (Guatecompras) y el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin).

La investigación electrónica en los portales de fiscalización  confirmó las licitaciones, la adjudicación y pagos que se  les hicieron. En la jornada también desvaneció los alegatos de varios defensores de los señalados, entre ellos que pedían    calidad moral del colaborar eficaz Juan Carlos Monzón y los reclamos de hacer una resolución por clamor popular o  interés  internacional.

Desarrollo

“En  Guatecompras y en el Sicoin  se puede comprobar quién es el contratista y a quiénes se les hicieron los pagos  que se despliegan   en  las tablas que se encontraron en los dispositivos de Juan Carlos Monzón, porque además revela el  representante legal y NOG  —número de operación Guatecompras—”,  aseveró Gálvez en el proceso de desvanecer los alegatos de la defensa de los señalados. 

Agregó que entre la comprobación que hizo observó los contratos que se adjudicaron a la Portuaria  Santo Tomás de Castilla y Puerto Quetzal. Además de  las empresas de seguridad privada  en el Registro Nacional de Personas  y el Ministerio de Cultura —Escorpión y Súper Control 24—. 

“En el caso de Juan Carlos Salguero Barrientos,  que   aparece en el listado con las siglas  RUN, al buscarlo en     Guatecompras se observó la disponibilidad de los contratos y el monto por Q2 millones cinco mil. Además, que  a la  empresa se  le identificó  como  Proyectos Importaciones  de Guatemala S. A.,  pero es hasta en la búsqueda en el Sicoin que aparece el número de NOG: 2779587, así es como corroboramos está información”, estableció  el juzgador. 



Una  Siesta toma un abogado durante la jornada de ayer en la Sala de Vistas de la CSJ. (Foto Prensa Libre: Edwin Bercián)
Una Siesta toma un abogado durante la jornada de ayer en la Sala de Vistas de la CSJ. (Foto Prensa Libre: Edwin Bercián)


Recordó que las listas encontradas en los dispositivos señalan el contratista, el evento y el valor del mismo, así como el porcentaje que  cobrarían en concepto de las coimas, las cuales eran hasta del 15 por ciento, y    el monto que le correspondería a los exfuncionarios y sus colaboradores.

“El 60 por ciento lo distribuía  en la capital, Baldetti y Pérez Molina se quedaban con el 55 por ciento y   Juan Carlos Monzón  tomaba el cinco”, detalló mientras mostraba los cuadros  a los presentes.

Uno de los principales argumentos de los  abogados defensores —entre ellos los de Baldetti y Pérez Molina— que suprimió  el juez fue la    declaración de Juan Carlos Monzón como colaborar eficaz.   Gálvez dijo que no tenía valor ese alegato  porque no se había tomado en cuenta para resolver.

“No he leído esa declaración para saber qué dicen... aparte me llamó la atención que muchos de los abogados pedían que no se tomara en cuenta el testimonio porque él —Monzón— no tenía la calidad moral”,  aseveró.

Gálvez agregó: “¿Cómo le van a pedir al colaborador eficaz calidad moral, si se supone que él es pícaro y delincuente?”.

Otro de los argumentos de los abogados que no tiene validez, según Gálvez, es cuando hacen referencia a que   el  Ministerio Público  criminaliza  la libertad de industria y el trabajo que el órgano   realizó.



Ciudadanos queman cohetillos  antes de que el bus de los implicados abandone la CSJ. (Foto Prensa LIbre: Edwin Bercián)
Ciudadanos queman cohetillos antes de que el bus de los implicados abandone la CSJ. (Foto Prensa LIbre: Edwin Bercián)


En la audiencia el juez también cuestionó por qué en el caso de los contratos de seguridad del Registro Nacional de las Personas  solo se vincula al exministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, y al exdirector del Renap, Rudy Gallardo. “Me llamó la atención por qué no está el delegado del Congreso y el  del Tribunal Supremo  Electoral”, se cuestionó.  

Ayer se cumplieron 26 jornadas de la audiencia de primera declaración y se esperaba que Gálvez resolviera; sin embargo, se aplazó para hoy por problemas de energía eléctrica.

Más allá de Cooptación

  • Varias fueron las situaciones que llamaron la atención en la audiencia, desde vestuarios hasta anécdotas.
  • La audiencia comenzó con una hora de retraso y concluyó pasadas las 17 horas, a diferencia de los días anteriores en los que el juez ha decidido posponerla desde las 16 horas.
  • La implicada  Roxana Baldetti lució un atuendo de colores claros en el que  resaltaba el blanco, algo que llamó la atención de los presentes pues en las otras audiencias ha vestido de colores oscuros.
  • Durante la argumentación el juez contó una anécdota: “En una ocasión estaba en una audiencia de un colaborador eficaz, cuando le pregunté su profesión me dijo que era sicario. Le dije que en qué consistía eso y me explicó que eran las cosas que tenía que hacer para recibir pagos e indicó que eran servicios profesionales porque no cualquiera puede matar a alguien que tiene seguridad”.
  • La bendición: Los implicados en el proceso y quienes acudieron a la audiencia se sorprendieron con la presencia de un sacerdote vestido con sotana café. Se trataba de Juan Luis Lázaro, director del Hogar del Niño Minusválido Beato Hermano Pedro, quien llegó a visitar al señalado Juan Luis Ortiz.
  • Un grupo de personas esperó afuera de tribunales el autobús que trasladó a las 57 personas implicadas en el proceso, a quienes les quemaron cohetes y gritaron: “¡Qué viva el imperio de la ley, ladrones!”.