El dato es publicado este lunes por el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (Iccpg), que hace una evaluación sobre la situación del SP y su necesidad de reformarlo.

“Al tener que trabajar en centros que presentan una sobrepoblación crítica, se dificultan las labores –del personal– para garantizar la integridad física de las personas privadas de libertad, la posibilidad de ejercer un control sobre dicha población y  su propia integridad física”, revela el documento.

Según el Iccpg, el hacinamiento en las prisiones es, por si solo, una violación a los derechos humanos de los privados de libertad y provoca que “se violente drásticamente el derecho a la salud”, pues solo se tienen cinco médicos asignados a todos los centros de privación de libertad.

“Esto, además de no poder trasladar a los privados de libertad a los hospitales, con la frecuencia necesaria, ha generado proliferación de diversas enfermedades, especialmente de la piel y la tuberculosis”.

El documento del instituto refiere que ese hacinamiento no se debe a la falta de centros carcelarios más grandes o a que sean pocos, si no a un posible abuso de la privación de libertad, en especial como una medida de coerción.

“En los últimos siete años se ha pasado de tener 10 mil 744 personas privadas de libertad, en el 2009, a 19 mil 918 en el 2016”, señala el Iccpg.

Debilidades

Según la publicación, otra de las debilidades que tiene el SP es la selección del personal, pues el Ministerio de Gobernación, como responsable de este, no ha diseñado un mecanismo efectivo y transparente para esto.

“En los últimos tres años, cuatro personas han sido nombradas al puesto de director del SP. De éstas, dos han salido del puesto en medio de escándalos; uno capturado por alegaciones de cohecho pasivo, asociación ilícita y conspiración para lavado de dinero; y otro destituido después de la fuga de reos”, se señala.

El uso de la prisión preventiva es otro problema a superar, según la organización; pues, de la población privada de libertad, el 49 por ciento está en prisión preventiva, mientras que los estándares internacionales dictan que este porcentaje no debe sobrepasar el 25 por ciento.

Como parte de una reforma integral del SP, el Iccpg propone  elaborar un diagnóstico sobre la situación del SP. Crear registros fiables y de fácil manejo para contar con información relacionada con el estatus de las personas privadas de libertad.

Además, diseñar e implementar la carrera penitenciaria y mecanismos transparentes para la selección y nombramiento de las autoridades del SP y del persona e iniciar con el proceso de erradicación de la corrupción y desarticulación de las estructuras criminales que operan dentro de los centros de privación de libertad.