En su informe de país, Guatemala reconoció “haber desarrollado esfuerzos para superar los retos que persisten originados en las manifestaciones de violencia, discriminación y exclusión, así como la  implementación de medidas indispensables que ayuden a erradicar la pobreza crítica, prevenir y combatir el delito, ya que imposibilitan el pleno desarrollo de sus habitantes”. 

Los resultados del informe de la CIDH, Situación de los Derechos en Guatemala: Diversidad, desigualdad y exclusión, entregado ayer al mandatario Jimmy Morales y presentado ante funcionarios y activistas de derechos humanos, revela que persisten los problemas que limitan el desarrollo del país.

El documento se centra en tres ejes: seguridad ciudadana, la administración de justicia y la situación de desigualdad y exclusión de los pueblos indígenas. Asimismo cita una serie de conclusiones y recomendaciones.

Violencia criminal

En seguridad ciudadana, el reporte establece que en Guatemala el alto índice de homicidios se relaciona con crimen organizado y delincuencia común. La mayoría de los delitos son atribuidos a la violencia generada por organizaciones criminales, tales como carteles de narcotraficantes y pandillas.

Además, señala que la  violencia en el transporte público se ha incrementado, especialmente en ataques con arma de fuego. Entre 2013 y 2014 fueron ultimadas 737 personas y 640  resultaron heridas.

James Cavallaro, presidente de la CIDH, dijo durante su discurso  que según declaraciones del mandatario se redujo la cifra de homicidios en el último mes.

“Esperamos que siga así, porque es uno de los más altos del continente”, aseveró, y mencionó que a pesar de esa reducción hay situaciones que agravan la inseguridad: el resurgimiento de las desapariciones asociadas actualmente al actuar del crimen organizado y la respuesta de la comunidad a  la violencia, como los linchamientos o el uso desmesurado de la seguridad privada.

También hizo referencia a los ataques contra   defensores de los derechos humanos, entre ellos  defensores de pueblos indígenas, periodistas y  representantes de las víctimas del conflicto armado interno, entre otros.

Cavallaro señaló que en el 2014 se habrían registrado 814 ataques contra defensores, y en el 2013 se habrían documentado 657 hechos de violencia.

Operadores de Justicia

Los esfuerzos hechos en Guatemala para obtener independencia y eficacia de la administración de justicia no han sido suficientes.

“Se ha constatado, a través de  diversos informes, grandes violaciones de derechos por la falta de capacidad del Estado guatemalteco de administración de justicia adecuada y eficiente”, declaró el presidente de la CIDH, quien señaló que acceder a la justicia es un obstáculo para la mayoría de los guatemaltecos y obtener una respuesta efectiva está restringido a unos “pocos”.

Agregó que la impunidad ha sido medida, en los últimos años, con los informes de la  Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, los cuales han revelado que de 28.4 hasta 29.1 por ciento de los casos denunciados quedan impunes.

El funcionario reconoció los avances en las sentencias de alto impacto relacionadas con el crimen organizado, que incluyen casos de corrupción, secuestros, violación y asesinato. Además  resaltó el avance en las investigaciones relacionadas con violaciones de lesa humanidad durante el conflicto armado interno. Destacó el incremento de las solicitudes de prueba científica por parte del Ministerio Público.

Discriminación

La CIDH observó que continúa la falta de regulación y protección de los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas conforme a los estándares internacionales, que también provocaría daños sociales y ambientales en los territorios indígenas, como el despojo de tierras y la contaminación de sus aguas.

“Guatemala es el segundo país con poca distribución de tierras”, expresó Enrique Gil Botero, comisionado relator para Guatemala de la CIDH.

Cavallaro recomendó que es importante retomar los compromisos establecidos en los acuerdos de paz, como instrumentos para avanzar en la tarea de construcción de un país más democrático, justo, tolerante y respetuoso.

El experto cuestionó la creciente militarización de la seguridad pública, la cual contraviene precisamente el espíritu de los acuerdos de paz firmados en 1996.

Al final de su discurso, Cavallaro instó a Morales a que se discuta la derogación   de la pena capital, un compromiso adquirido por el país, pues sabe por publicaciones de prensa que se presentó una iniciativa para implementarla.