Política

Denuncian fraude y coacción de sindicato de Salud

En medio de amenaza de paro en hospitales públicos y bloqueos de carreteras para este lunes, el ministro de Salud, Luis Enrique Monterroso presentó ayer en el Ministerio Público una denuncia penal en contra del exministro de Salud, Jorge Villavicencio, y Luis Lara, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud,  por el posible fraude en el pago de honorarios por  Q20.6 millones por negociación de un pacto colectivo.

Por Urías Gamarro

Además, el documento al que tuvo acceso Prensa Libre solicita al MP investigar posible enriquecimiento ilícito, cobro ilegal de comisiones y acciones de extorsión y coacción de parte de líderes sindicales hacia funcionarios de la cartera de Salud, bajo amenazas de paralizar servicios a los pacientes a partir de hoy.

Además de esta acción penal, el 21 de julio recién pasado   Monterroso denunció en  el Ministerio de  Trabajo el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo 2013-2015, lo que  obligará a las partes a negociar un acuerdo diferente.





Posibles delitos

La denuncia presentada en la Fiscalía contra la Corrupción del MP está   vinculada con la suscripción del Pacto Colectivo  2013-2015  entre las partes.

Según el oficio presentado,   Villavicencio y Lara habrían cometido varios delitos al firmar un pacto lesivo a los intereses del Ministerio de Salud.   Uno de ellos se refiere al establecimiento de   un arancel del 10 por ciento para  el pago de  servicios profesionales  de Franco López, por   Q24 millones.

El 18 de febrero  del 2014, Franco López —que asesoró el pacto colectivo vigente— recibió del Ministerio de Salud un desembolso de Q7 millones, y el segundo pago se hizo efectivo el 4 de julio de ese año,   por lo que suma Q14 millones.

Las transferencias fueron autorizadas por Villavicencio cuando fue ministro de Salud.

En el Pacto se acordó que el 7 por ciento vendrían de recursos del Ministerio, y el 3 por ciento restante sería cubierto por cada trabajador, al  aplicarles un descuento directo al salario, para pagarle al profesional. Parte de los pagos —Q6.4 millones— se hizo a través de las cuentas del sindicato.

Coacción y chantaje

Además de la investigación sobre el movimiento financiero,  Monterroso denuncia en el MP que, con amenazas de paralizar el sistema nacional de Salud, los dirigentes sindicales le exigen la reinstalación de 28 trabajadores que fueron destituidos por haber cometido faltas administrativas que incluyen  desde robo de medicamentos y  tráfico de influencias hasta intento de violación a la madre de un paciente en el hospital de Amatitlán.

Además revela presiones para que se paguen viáticos con agilidad a los líderes sindicales y para que firme la derogación del acuerdo ministerial 136-2015,  sobre unidades de control interno o auditoría.

Monterroso pide al MP  que aperciba y encamine acciones para evitar el chantaje y coacción que lleven a la paralización de los servicios de salud en todo el país.

Carlos Sanabria, líder sindical del  Hospital Nacional Carlos Manuel Arana Osorio, de Chiquimula, dijo ayer por la tarde que a partir de hoy, a las  6  horas, tomarían las instalaciones y que solo  atenderían emergencias.

El sindicalista justificó la acción con la falta de pago  a empleados y la reciente contratación de policías privados para resguardar el hospital.

Obliga a negociar

El pacto laboral firmado en el 2013 fue aplaudido por el presidente Otto Pérez Molina y la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti.

El 15 de octubre de ese año, en un acto protocolario efectuado en el Hospital General San Juan de Dios, los mandatarios y el entonces ministro de Trabajo, Carlos Contreras, entregaron al dirigente Luis Lara el mencionado pacto.   En esa ocasión, el representante salubrista llamó a Pérez Molina “presidente amigo”.

Casi 21 meses después, el actual ministro de Salud denunció el Pacto Colectivo en la cartera de Trabajo, lo que permite que al vencerse, el próximo 12 de septiembre, se deban negociar nuevas condiciones.

El pacto laboral de Salud es el único de los contratos entre trabajadores y el Estado  que  incluye una cláusula para denunciar el documento un mes antes de que se venza, y permite volver a la mesa de negociación.

Según Monterroso, el acuerdo actual pone en riesgo al sistema de Salud.   Cumplir con los acuerdos significa erogar Q1 mil 832.6 millones  en medio de la mayor crisis financiera, que ha causado carencias en todos los hospitales y centros de Salud.

La lesividad del contrato laboral se evidencia sobre todo en  dos artículos:

  1. Derecho igualitario: en el artículo 20 del nuevo pacto colectivo se pretende hacer que otras organizaciones sindicales en el Ministerio de Salud cuenten con igualdad de derechos. Eso implicaría  que, de dos mil 69 personas que gozan la licencia sindical, se incremente a 12 mil.
  2. Reglamento de viáticos: en la nueva versión se pretende un incremento de Q100 millones para cada año  en ese rubro de gasto para los sindicalistas.

En cuanto a la  licencia sindical, explicó  que se obliga a  aplicar el derecho de igualdad a los 20 sindicatos inscritos en el Ministerio

Amparados en este beneficio, dos mil 69 sindicalistas  se ausentan de sus labores para atender los requerimientos del gremio, y a pesar de que no trabajan, cobran su sueldo cada mes.

Si no se denunciaba el Pacto,  el artículo 20 permitiría que   12 mil  personas gozaran, por igualdad,  de la licencia sindical.

Carlos Ulbán, ministro de Trabajo, informó ayer que al existir una  denuncia, lo que procede es  una renegociación al vencerse el Pacto.

“Dadas las circunstancias económicas del Estado, lo que se recomienda en este caso es que se prevea que haya recursos para financiar el Pacto”, dijo.

Los sindicalistas solicitan también el pago de una  deuda por bono de antigüedad, junto con el salario mensual, así como el traslado de trabajadores temporales al renglón 011 —permanentes—.