Guatemala

Mesa técnica y diputados acuerdan cambios a reforma para la justicia

Ambas instancias acordaron efectuar varias modificaciones a la propuesta de reformas constitucionales. Algunos de los cambios regresan a metodologías que han sido criticadas.

Dentro de los cambios hay un incremento al presupuesto del Organismo Judicial.

Dentro de los cambios hay un incremento al presupuesto del Organismo Judicial.

Según el procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León Duque, debido al rechazo que había generado el desconocimiento de lo que pretendían las reformas a la Constitución en el sector Justicia se hizo el esfuerzo de reunirse con los jefes de bloques y algunos diputados para que plantearan sus inquietudes y propuestas.

Como resultado de estas citas, que comenzaron el lunes de la semana pasada, se efectuaron varias modificaciones a la propuesta inicial, que a criterio de De León no restan la esencia de la propuesta inicial.

Entre las modificaciones se acuerda cambiar el nombre del Consejo Nacional de Justicia a Consejo de Administración Judicial. Según el Procurador, algunos congresistas temían que se estuviera creando una superinstitución, por lo que se le quitó la facultad de nominar magistrados para la Corte de Constitucionalidad y se le otorgan funciones únicamente administrativas y financieras.

Esta propuesta no está escrita en piedra. De acuerdo con el Magistrado de Conciencia, ellos presentaron un borrador que recogió todas las inquietudes de los congresistas, pero no significa que estos puedan efectuar más modificaciones.

Modificaciones

Consejo Nacional de Justicia

 

Se reforma el nombre a Consejo de Administración Judicial. Se le otorgan funciones únicamente administrativas y financieras. Ese organismo solo emitirá la lista de postulados a magistrados de la CSJ y se le quita la facultad de proponer para la CC.
Integración de la CC

 

La propuesta inicial contemplaba una elección cruzada entre el Ejecutivo, la CSJ y el Congreso. Las enmiendas devuelven la facultad a la Usac y a las universidades privadas para proponer candidatos. Además, la CSJ elegirá sin pasar por el Consejo.
Elección del Fiscal General
 
Se buscó que los cuatro candidatos los propusiera el Congreso y la CSJ, pero las enmiendas pretenden que sea mediante concurso público que analizará una comisión que integrarían la Usac, las universidades privadas, el OJ, la CSJ y el Congreso.
Derecho indígena

 

Según Amílcar Pop, se podrían crear fueros especiales al estilo militar, lo que significa que delimitan su aplicación a un grupo pequeño. Además, se obliga a regirse por las leyes ordinarias, lo que choca con el Derecho Indígena, que tiene su propia cosmovisión.
Se eleva el presupuesto al OJ

 

Se creó un artículo nuevo que eleva del 2 al 3 por ciento del presupuesto de ingresos ordinarios los recursos que deberán ser asignados al Organismo Judicial. Además, la elección de la CSJ la hará el Congreso, para un período de nueve años.

Se retrasa

El miércoles se iniciaría con la discusión y aprobación de las reformas en el pleno del Congreso. Sin embargo, a petición del congresista Dorian Taracena, de Encuentro por Guatemala, se retrasó para la próxima semana.

Taracena argumentó que necesitaban más tiempo para estudiar las 24 enmiendas que se habían presentado.
Manuel Conde, diputado del Partido de Avanzada Nacional, aseguró que mañana por la mañana varios jefes de bloques se reunirán para evaluar si hay consenso respecto de las enmiendas o si  aún hay que efectuar modificaciones.

Amílcar Pop, de Winaq, aseguró en la instancia de jefes de bloques que él desconocía la propuesta y que no había sido invitado a discutir cambios. “Ha sido un grupo selecto”, manifestó. Sin embargo, De León Duque aseguró que este participó en el primer grupo con el que ellos se reunieron.

El congresista  manifestó su rechazo a la modificación que se efectuó a la jurisdicción de los pueblos indígenas, pues a su criterio se crea una especie de fuero especial, en el que la ejecución del mismo se delimita a un pequeño grupo.

Según el legislador, también se está obligando a que se respete el Derecho ordinario, cuando la jurisdicción indígena es diferente. “Si el Código Penal dice que por hurto o robo hay cárcel, no se podrán emitir otras sanciones como la compensación a la comunidad”, se quejó.

Orlando Blanco, jefe de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), indicó que esa bancada aprobará cualquier propuesta que emane de la mesa técnica. No obstante, aseguró estar preocupado porque cada vez se está “diluyendo más” el contenido original.

“Es como si hubiera entrado leche entera y se cambió a deslactosada, pero entiendo que se está haciendo en aras de alcanzar consensos”, agregó.

Para Blanco, en la nueva propuesta se están haciendo una serie de propuestas que minimizan la  original. “Se está cediendo mucho, se preserva el poder del Congreso, y en la Corte Suprema de Justicia se devuelven atribuciones que se pretendía que fueran asumidas por el Consejo, con el fin de fortalecer la carrera judicial”, manifestó.

Entre los cambios se regresa a las universidades privadas y a la de San Carlos el poder para elegir a un magistrado para la CC cada una. “De nuevo se politiza la elección de la Corte”, rechazó Blanco.

Difieren

Según De León Duque, en las reuniones de cabildeo participaron la fiscal general, Thelma Aldana; el jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, Iván Velásquez; él y una abogada que recopiló las propuestas.

La procuradora adjunta de la PDH, Hilda Morales, desconocía acerca de esa búsqueda de consenso. Sí sabía que los diputados se estaban reuniendo y aseguró que como mesa técnica no se apoyaban cambios, porque la propuesta inicial era la que se respalda, pues se hizo con base en consensos nacionales.

“Se está restando fuerza a una propuesta bien reflexionada y discutida”, manifestó.

“No era perfecto”

Según el procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León Duque, nunca se dijo que el documento fuera perfecto y siempre se propuso escuchar a los sectores.

Las enmiendas plantean modificar hasta el preámbulo de la iniciativa y se elimina la parte de que deben ser ratificadas en consulta popular.

En la propuesta se detallaban varias garantías y principios que debía regir el sistema de administración de justicia, entre estas los principios de igualdad, no discriminación, idoneidad, capacidad, honradez y especialización. En las enmiendas se elimina la idoneidad y la honradez.

Manuel Conde, del PAN, indicó que hay muchos detalles en una norma constitucional. A su criterio, hay varios aspectos que deben  ir en leyes ordinarias.

En la iniciativa original se pretendía que los magistrados y jueces de la Corte de Apelaciones  prestaran  juramento a la Constitución ante el Consejo Nacional de Justicia. Como este se elimina y se crea uno más administrativo, se continuará presentando ante la CSJ.

Pese a las exigencias, la modificación al derecho de antejuicio no se retomó. Según De León: “Este tema ya se perdió, por eso no lo abordamos, pero hubo más de algún diputado que hizo la consulta, pero no creo que se vaya a  llevar al pleno”.

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