Esos casos fueron  documentados por la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) en el informe de Situaciones de la Trata de Personas en Guatemala, presentado recientemente, y que   evidencia  la vulnerabilidad de los menores  a ser sometidos a la prostitución, con mayor incidencia en zonas fronterizas  y comunidades cercanas a  destinos  turísticos de  Escuintla, Sacatepéquez, Huehuetenango, Sololá, Quetzaltenango y Quiché.

Sandra Gularte, jefa de la Unidad contra la Explotación y Trata de Personas de la PDH, señaló  que la explotación sexual de menores es una de las formas más inhumanas de esclavitud, y que se  debe, principalmente,  a la pobreza extrema en la que viven las familias de las víctimas.

Añadió que el turismo sexual es una de las cuatro formas de explotación    existentes, junto a  la prostitución voluntaria y remunerada, la pornografía y la trata.  Esta última ocurre cuando  intervienen personas individuales o redes dedicadas al comercio ilícito, que someten a sus  víctimas a  esclavitud.

“Si bien  hay normativas que castigan el ilícito, como la Ley Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, y Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, no existe ningún control sobre la prostitución infantil y la población la ve como natural”, agregó.

La funcionaria  lamentó que debido a la indiferencia del Estado, el país  es promovido en el extranjero como el “paraíso” para el turismo sexual, por lo que desde esa entidad han implementado  controles en los pasos fronterizos con México, Honduras y El Salvador; además de los principales puertos y aeropuertos para identificar el ingreso de personas que vienen con este fin.

“Guatemala es un país de riqueza culinaria y sus paisajes, pero también existe el turismo que busca  a los menores. Hemos documentado denuncias y sabemos que es un problema enraizado en nuestra sociedad, que no ha tenido la atención necesaria por parte del Estado”, señaló.

Jugoso negocio

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) presentaron recientemente el informe Trata de personas con fines de explotación sexual, el cual documenta la magnitud y las consecuencias de ese  fenómeno criminal en el país desde un enfoque jurídico, el cual involucra al Estado para tener acceso ilegal a registros de identidad, movilidad migratoria, facilidades de transporte y permisos sanitarios.

“La trata de personas con fines de explotación sexual es un drama humano y social, una violación a los derechos y un delito. Es una práctica que roba la  inocencia y la dignidad de los menores, y constituye un crimen inaceptable que conculca derechos fundamentales, mientras los victimarios se benefician, lucran, torturan y truncan vidas a costa del sufrimiento de otros”, señala el informe.

Un caso particular es el de Virginia*, una niña de 13 años  que fue rescatada en un prostíbulo. La menor declaró a la Procuraduría General de la Nación (PGN) que fue contactada a través de  Facebook y  posteriormente llevada  contra  su voluntad al lugar para trabajar de mesera.

La Unicef  establece que en Guatemala hay 48 mil 500 víctimas directas de trata de personas expuestas al turismo sexual,  y que las ganancias por ese flagelo alcanzan unos Q12 mil 300 millones al año, lo que representa el 2.7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), aún más que el presupuesto total de educación para la niñez y la adolescencia en el 2014, que fue el 1.44% del PIB.

El Estudio de Tolerancia Social: análisis, desafíos y recomendaciones, efectuado por el Programa Internacional para la Erradicación de la Trata, establece que el 44.4% de los casos de explotación sexual en el país ocurre por la pobreza de las familias de las víctimas, el 31.1% por falta de valores morales y el 24.5% por carencia de educación, lo  que significa que un alto porcentaje de las víctimas viven en contexto de calle.

En ambos informes se  pide  el cumplimiento del Código de Ética de Empresarios Hoteleros,  para impedir la trata de personas y el turismo sexual en el país, ya que hasta ahora el Instituto Guatemalteco de Turismo no tiene ningún control sobre autohoteles, pensiones y otros establecimientos donde son explotadas niñas y adolescentes.

Forma de operar

De acuerdo con la PDH, la explotación sexual en niñas y adolescentes se manifiesta de diferentes formas, que van desde la decisión de los padres   que venden a sus hijas para matrimonios o de familiares que prostituyen a las menores —por Q50 en algunos casos, o  por pago de deudas—. También se  señala que es común   el abuso de niño y adolescentes  que migran a otros países.

Además, la entidad conoce de víctimas que fueron violadas decenas de veces en una sola noche.

Las PDH resalta que en las fronteras y en las rutas  hacia estas se detectan a víctimas de explotación sexual, que son sometidas para prestar sus servicios —sexuales— a transportistas y personas que van hacia Estados Unidos.

En la frontera de Tecún Umán, San Marcos, hay un área exclusiva de bares junto a  las orillas del río Suchiate, donde mujeres de todas las edades están en contexto de prostitución.

De acuerdo con la PDH,   el turismo sexual se mueve a través de agentes de viajes, taxistas y mototaxistas,  y que  los puntos de convergencia casi siempre son discotecas y cebicherías.

Víctima

Julia Hernández, originaria de Retalhuleu, de adolescente fue engañada por traficantes de personas, y   debido a la necesidad económica por la  que atravesaba tomó una decisión que la marcó para toda la  vida. Recuerda que hace cinco años un coyote le ofreció llevarla a Estados Unidos, con la promesa de trabajar en aquel país, pero que al llegar a México fue vendida al propietario de negocios de bebidas alcohólicas.

“La falta de trabajo hace que busquemos nuevos horizontes  sin saber lo que nos puede pasar. Creo que de 20 personas que se rescatan hay 25 que están siendo víctimas de trata. Yo me tuve que regresar con mis sueños truncados y más pobre, porque había pedido prestado el dinero para el viaje y ahora sigo con la deuda”, expresó Hernández.

Carlos Visoni, representante de los pueblos indígenas ante el Concejo Departamental de Desarrollo, señaló que Retalhuleu es vulnerable a  este problema por ser un paso hacia la frontera,  donde están repletos de puntos ciegos y donde miles de personas cruzan a diario  de un país a otro sin control migratorio.

Teresa Laines, del Proyecto de Convergencia Política de Huehuetenango, explicó que ese departamento, por ser fronterizo, es un corredor y que gran cantidad de  mujeres están expuestas a caer en manos del crimen organizado,  narcotráfico o grupos dedicados al tráfico de personas.

Vayron Herrera, delegado de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos en  Huehuetenango, reconoció  que existe un problema  de inseguridad y de facilidad para que menores  busquen  el sueño americano y terminen convirtiéndose  en víctimas de abusos.

En Santa Rosa  hay  poco control sobre la edad de las mujeres que practican la prostitución  en cantinas, bares y cebicherías, principalmente  en Barberena.

Juan Herrera,  delegado de la PDH en Santa Rosa,  dijo que en algunos casos, quienes  negocian con la prostitución  de menores también  utilizan a sus  víctimas para trabajos forzados  y ventas ilícitas, lo que  logran a  través de  intimidaciones  y amenazas.

La gran barrera para debilitar el abuso contra menores es la falta de denuncias y los pocos programas de prevención. El MP recibió  en el 2015 394 denuncias  de trata, de las cuales se desestimaron 67. En ese mismo período se judicializaron 121 casos, de los cuales en  67 se dictó  sentencias —37 condenatorias— y  27  fueron abandonados. Ese mismo año  solo se presentaron  cuatro denuncias en la PDH.

Además, el Gobierno solo    cuenta con seis albergues para atender a las víctimas y hay  tres no gubernamentales. A finales del año pasado  el Estado cerró el único albergue para atención a mujeres adultas víctimas de violencia sexual, por falta de recursos.

* Nombres ficticios
Con información de Mike Castillo,
Jorge Tizol y Oswaldo Cardona