Lo anterior fue informado en conferencia de prensa por el presidente en funciones del Banco de Guatemala y de la Junta Monetaria, licenciado Edín Velásquez; el ministro de Economía y presidente de la Junta Directiva del BANVI, licenciado Juan Luis Mirón y el superintendente de Bancos, licenciado Gustavo Ayestas Escobar.

La SIB después de una evaluación que realizó acerca de la situación financiera del BANVI, decidió, conforme a las facultades que le otorga el artículo 101 de la Ley de Bancos, emitir un acuerdo mediante el cual se hace cargo de las operaciones y bienes de la organización rectora de la vivienda popular en el país, dijo Velásquez.

Dicha entidad emitió el acuerdo 8-92 el 30 de abril del presente año, por medio del cual se hace cargo de las operaciones del BANVI, lo que fue elevado a la Junta Monetaria, cuerpo colegiado que lo aprobó el lunes último en una sesión extraordinaria a través de la resolución 221-92, expresó Velásquez.

La participación de la Superintendencia se limitará, por el momento, a hacer una evaluación de la situación interna del BANVI, en lo que se refiere a los aspectos financieros y contables, después de lo cual, y al concluir la evaluación, hará un informe y lo elevará a la instancia correspondiente dentro del plazo que marca la ley, que esperamos no pase de los 30 días, subrayó el presidente en funciones del Banco de Guatemala. 

La SIB consideró que no quedaba otra alternativa, dado el agravamiento de la situación inadecuada que se ha mantenido en el BANVI a través del tiempo, no obstante que se hicieron recomendaciones a lo largo de bastante tiempo por parte de la Junta Monetaria y la Superintendencia, sin que se hayan tomado las acciones que corrigieran esa situación desfavorable, enfatizó.

Por su parte, el licenciado Ayestas, superintendente de Bancos, dijo que la decisión de intervenir el BANVI se tomó porque dese hace tiempo existía preocupación por la situación financiera de esa institución, especialmente en lo que se refiere a su liquidez, su solvencia y algunos otros aspectos administrativos. 

“Ayer por la mañana asistimos a las oficinas del BANVI para notificar a la junta directiva de las decisiones que fueron tomadas por la Superintendencia de Bancos y avaladas por la Junta Monetaria. También tuvimos una reunión con el Sindicato de Trabajadores del BANVI, a quienes se les explicó los propósitos de la intervención”, expresó Ayestas.

La Superintendencia de Bancos, como entidad interventora, garantiza a todos los despositantes, a todos los que tienen recursos en el BANVI, que sus depósitos están salvaguardados, todos los depósitos monetarios están salvaguardados, subrayó el superintendente.

Los derechos de los trabajadores del BANVI también permanecerán inalterables, porque los objetivos de la intervención son exclusivamente de carácter financiero; en este sentido, nuestra obligación es que en un mes plazo tenemos que elaborar un informe a efecto de ver la viabilidad que tenga la institución para buscarle salidas y determinar que siga funcionando o, por el contrario, decidir su cierre, expresó.

Un poco de historia

El Banco Nacional de la Vivienda, BANVI, fue creado por medio del Decreto 2-73 de fecha 24 de enero de 1973 e inició operaciones el 1 de julio de ese mismo año. 

Fue concebido como un banco comercial e hipotecario y además como Unidad Ejecutora encargada de “la realización de Programas de Desarrollo Urbano y Construcción de Vivienda que satisfagan las necesidades de la población de menores ingresos”. 

Esta dualidad de funciones implicó, desde un inicio, un contraste de intereses; ya que debía captar recursos en un mercado bancario altamente competitivo, pagando tasas de interés atractivas para el ahorrante y destinatarios al desarrollo de proyectos habitacionales para la población más pobre del país. 

En sus 20 años de vida institucional, el BANVI únicamente ejecutó, a lo sumo, 20 mil viviendas que fueron adjudicadas a miles de familias guatemaltecas de los estratos sociales de más bajos recursos del área metropolitana y del interior del país, según algunas autoridades.  El Sindicato de Trabajadores del BANVI, en cambio indicó que fueron 58 mil 672 viviendas.

No obstante lo anterior, su participación en el campo de la construcción jamás pudo cumplir con eficacia las funciones que se le atribuyeron, por consiguiente, su aporte a contrarrestar el creciente déficit habitacional, que se agravó con el terremoto de 1976, fue mínimo.

En sus últimos años el BANVI fue convertido en un “botín político” y en una “mina de oro” por los gobiernos de turno, quienes lo convirtieron en el centro de devolución de favores a sus familiares, amigos y correligionarios, así como una fuente de enriquecimiento fácil. Ante tal situación el banco fue liquidado luego de un tortuoso proceso que se inició en octubre de 1997 y finalizando en diciembre de 2003.