Agregó que están preocupadas porque, a pesar de que han manifestado su oposición al modelo de desarrollo con base en la minería, se pretende establecer empresas transnacionales en el gobierno de turno, hecho que también los candidatos presidenciales en contienda apoyan.

Participantes en el congreso explicaron que ya ha habido despojo de terrenos, compra de líderes, y que la minería usa mecanismos represivos para forzar a los vecinos a vender tierras en zonas francas con alto potencial para esas empresas.

Chávez recordó que en las 58 consultas comunitarias de buena fe que se han hecho en el occidente del país, ha predominado el rechazo a la explotación minera.

María Laínez, residente de la región mam, dijo que en el Congreso han analizado los problemas que llevarán las empresas mineras que insisten en ingresar a su territorio, y temen que este sea destruido, y que los procedimientos de las empresas para extraer minerales causen enfermedades.

Candelaria Montejo, de la región de Huista, refirió que una prueba de la complicidad que existe entre el Gobierno y los candidatos que buscan la Presidencia es el intento de reglamentación de consultas que se quiso imponer y que no ha sido resuelto en definitiva por la Corte de Constitucionalidad.

“No podemos decir que el Estado nos representa, cuando no somos tomadas en cuenta; por ello mantenemos nuestra lucha en favor de la vida”, puntualizó Montejo.