Del resto de los países afectados por la caducidad en los primeros tres meses del año que viene del llamado Estatus de Protección Temporal -Honduras, El Salvador y Haiti-, la secretaria interina de Seguridad Nacional, Elaine Duke, tomará la decisión en los próximos días, anunció su departamento.
En el caso de Honduras, la situación debe aún analizarse, pero como la protección de 86.000 hondureños caducaba también el 5 de enero, Duke ha decidido conceder una prórroga de seis meses mientras toma una decisión definitiva. La fecha de expiración es ahora el 5 de julio de 2018.
Sin embargo, pese a ser también Mitch el desastre que motivó el TPS para Honduras, el DHS aplazó su decisión “por la falta de información definitiva sobre las condiciones sobre el terreno comparadas con las de antes del huracán”.
“No obstante, dada la información de la que se dispone, es posible que la designación de TPS para Honduras termine al final de la extensión automática de seis meses, con su debido retraso”, apuntó el DHS.
El Estatus de Protección Temporal, conocido como TPS por sus siglas en inglés, se otorga a ciudadanos de países con condiciones extraordinarias, como conflictos armados o naturales, designados en una lista del DHS.
Honduras y Nicaragua fueron incluidos en la lista del TPS después de que el huracán “Mitch” arrasara Centroamérica en 1998 y esa protección se ha ido renovando desde entonces periódicamente. Duke considera que en el caso de Nicaragua la situación es ahora como antes del ciclón, de ahí su decisión de poner fin al TPS.
En los últimos años, los beneficiarios del TPS han visto cómo su permiso se renovaba de manera automática por periodos de 18 meses, pero el Gobierno de Donald Trump decidió reevaluar las condiciones que justificaron la concesión del programa.
El Salvador recibió el TPS en 2001 producto de una serie de sismos y Haití en 2010 por su catastrófico terremoto.
La secretaria interina de Seguridad Nacional, Elaine Duke, pidió asimismo al Congreso que promulgue “una solución permanente para este programa temporal” al reconocer “la dificultad que enfrentan los ciudadanos de Nicaragua y potencialmente de otros países”.
Toda una vida
Muchos de los beneficiarios centroamericanos del TPS llevan en Estados Unidos cerca de 20 años. Han hecho sus vidas en el país, comprado viviendas y formado familias. En muchos casos son padres de niños con nacionalidad estadounidense. Un estudio del Center for American Progress, un centro de investigación de corte progresista con sede en Washington, cifra en 275.000 a esos hijos.
Las posiciones restrictivas que el presidente Trump y su Gobierno tienen en cuestiones migratorias hicieron saltar las alarmas según se acercaba la fecha límite en la que la administración tenía que decidir sobre una nueva prolongación del TPS. Las declaraciones de miembros de la administración destacando el carácter “temporal” de estos permisos alimentaron el temor de los beneficiarios.
Los Gobiernos de los países afectados llevaron a cabo una ofensiva diplomática en los últimos meses buscando convencer a la administración de Trump de que mantuviera los permisos. La semana pasada, los cancilleres de Honduras y El Salvador volvieron a viajar a Washington para verse con funcionarios y congresistas.
Tanto legisladores como organizaciones civiles, pasando por líderes religiosos e incluso de la Cámara de Comercio estadounidense llamaron al Gobierno de Estados Unidos a no dejar morir el TPS que protege a centroamericanos y haitianos.
