Esas acusaciones fueron aceptadas a trámite por el juez federal Ricardo Leite y afectan a Lula, al exsenador del Partido de los Trabajadores  (PT) Delcidio Amaral, y a su asesor Diogo Ferreira, al banquero André Esteves, al empresario José Carlos Bumlai y a su hijo Mauricio Bumlai, y al abogado Edson Ribeiro, confirmó el tribunal.

Los cargos se refieren a supuestos intentos de sobornar a uno de los exdirectivos de Petrobras implicados en las corruptelas en esa estatal a cambio de que se negara a cooperar con la justicia en las investigaciones.

La acusación que por primera vez convierte a Lula en reo de la Justicia fue aceptada un día después de que el expresidente acudiera, a través de sus abogados, al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra, para denunciar que es víctima de una “persecución política y judicial”  en Brasil.

La base del proceso está en un acuerdo de cooperación que el exsenador Amaral pactó con la Justicia y por medio del cual denunció que Lula le encargó pagar 250 mil reales  (unos 77 mil dólares) para “comprar el silencio”  del exdirector de Petrobras Nestor Cerveró, arrestado por las corruptelas en la petrolera.

Amaral, quien era el jefe del oficialismo en el Senado, también implicó en ese asunto a la presidenta Dilma Rousseff, suspendida de sus funciones desde el pasado 12 de mayo para responder a un juicio de destitución, quien no fue citada en el proceso iniciado hoy por el juez Ricardo Leite.

Según la denuncia presentada por el Ministerio Público, los otros acusados en este caso colaboraron con ese intento de soborno, con lo que responderán por el mismo cargo de obstrucción a la justicia que ahora pesa contra Lula, uno de los líderes más carismáticos que ha tenido Brasil y quien gobernó entre el 2003 y el 2011.

Lava Jato avanza contra todo y todos

La “Operación Lava Jato” de la Policía Federal, que investiga la red de corrupción que actuó en Petrobras, avanza en forma arrolladora sobre toda la cúpula política de Brasil.

En medio de la aprehensión generalizada, un hecho ilustró esa sensación de que “nadie de salva” en Brasilia: el arresto de un agente de la misma Policía Federal, acusado de facilitar el ingreso de contrabando a ese país.

El caso es emblemático porque ese agente, de ascendencia japonesa, se hizo famoso por ser el que fue a buscar a sus casas a los políticos, empresarios y ex funcionarios de Petrobras arrestados en el marco de la Lava Jato.

El rostro del “japonés de la Federal” había aparecido en las tapas de los diarios junto al de los “presos famosos”, a quienes condujo hasta la cárcel de la Policía Federal en Curitiba, y luego había sido replicado en máscaras de carnaval e infinitos “memes”.

En la escena política, denuncias, delaciones, grabaciones ocultas y ahora pedidos de arresto mantienen en jaque a líderes del Gobierno interino de Michel Temer, del Gobierno apartado de Dilma Rousseff y del tercer mayor partido del país, el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), que fue opositor de la presidenta y es aliado del presidente en ejercicio.