Prensa Libre

POR G. CONTRERAS, J. LARA, L. CERESER Y C. ORANTES

Roberto Alejos, presidente del Legislativo, en conferencia de prensa, informó ayer que la próxima sesión extraordinaria —convocada para mañana— estará enfocada en ratificar el estado de Sitio, al igual que el estado de Calamidad Pública por la tormenta tropical Ágatha y la erupción del Volcán de Pacaya, fenómenos ocurridos en mayo último.

Alejos afirmó que la supresión de algunos artículos relacionados con la libertad de expresión fue un “error”, por lo que serán modificados a la hora de ratificar la medida que afecta Alta Verapaz —está contenida en el decreto gubernativo 23-2010— .

La diputada Rosa María de Frade señaló que la supresión del artículo 5 constitucional —referente a la libertad de acción— y el numeral 7 del artículo 8 de la Ley de Orden Público —el cual ordena exigir a los órganos de publicidad o difusión evitar publicaciones que a juicio de la autoridad contribuyan o inciten a la alteración del orden público—.

“Los artículos contravienen claramente la libertad de expresión, y no se puede permitir porque están violando derechos fundamentales de la población de Alta Verapaz”, expuso De Frade, por lo que en la próxima plenaria pedirán restablecer esos derechos.

Posiciones divididas

Gabriel Orellana, abogado constitucionalista, coincidió con la parlamentaria y afirmó que una medida como exigir que se eviten determinadas publicaciones solo se puede justificar en un estado real de guerra.

“Atenta frontalmente contra la libertad de expresión, porque esta ley es producto de cuando Guatemala estaba en la época de los gobiernos militares —emitida en 1975—”, dijo.

Alejandro Balsells, del Centro para la Defensa de la Constitución, aseguró que el decreto gubernativo no atenta contra el derecho a la libre expresión.

“Sí hay, pero motivado por algo que pone la ley. Son medidas establecidas. Es normal en casos como el estado de Sitio”, refirió.

Un dictamen jurídico del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (Ieccpg), concluyó que la referida disposición del Ejecutivo “limita los derechos permitidos en la Carta Magna”. No obstante, cuestiona los allanamientos sin autorización judicial.

“Son violatorios al artículo 23 de la Constitución Política de la República, pues este derecho no está contemplado entre los que pueden ser cesados de acuerdo con el artículo 138 de la Carta Magna”, señala el análisis.

Carlos Menocal, ministro de Gobernación, aclaró que el decreto que dio vida al estado de Sitio en Alta Verapaz no tiene ninguna intención de restringir la libertad de expresión.

“Lo que hemos hecho es solicitar la colaboración de los medios de comunicación para que se divulgue todo lo que se está trabajando en ese departamento, porque la intención es recuperar la territorialidad y la gobernabilidad”, dijo.

Oswaldo Samayoa, del Ieccpg, explicó que a su criterio no hay violación a la libre emisión de pensamiento, pero que estas medidas en otras oportunidades no han favorecido en nada.

“Hay que emitir una nueva Ley de Orden Público, así como definir una nueva política nacional; de lo contrario, solo se provoca zozobra”, dijo Samayoa.