Cadena denunció que el Ministerio de Energía y Minas firmó el contrato de ampliación petrolera 2-85 con la empresa Perenco Guatemala Limited, sin la aprobación del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap), lo cual viola la Ley de Áreas Protegidas.

Guzmán explicó que se le pidió al Gobierno de Guatemala que se pronunciara respecto del cuestionamiento, pero el Ejecutivo, a través de la Procuraduría General de la Nación, solicitó que se diera por concluido el trámite, por considerar que había acciones judiciales pendientes de resolver.

Guzmán agregó que al analizar las respuestas del Ejecutivo, se detectó que se referían a los amparos presentados en la Corte de Constitucionalidad. Sin embargo, aclaró que esas acciones eran por denuncias de daños ambientales, y no sobre la legalidad en la firma del contrato, lo que generó dudas, y por eso se recomienda la investigación.

Agregó que el Consejo de Asuntos Ambientales, integrado por los ministros de Ambiente de los países miembros del TLC —Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, República Dominicana y EE. UU.— tienen 21 días para revisar la notificación.

A partir del 6 de abril próximo, cualquiera de esos países puede votar a favor de la investigación, llamada Expediente de Hechos, y solo se necesita un voto para iniciar.

Se calcula que la investigación internacional, en la cual participará un equipo de profesionales, podría completarse en seis meses.

Una vez concluida esa labor, se presenta al Consejo, para que la analice en su próxima asamblea general, que se celebrará en enero del 2012, aunque también podría convocarse a una reunión extraordinaria.

Abre otras posibilidades

Cadena dijo que ahora corresponde a los países miembros del TLC pedir la investigación, la cual considera positiva porque permitirá conocer a fondo la forma en que se hizo el contrato y permitirá comprobar que la actividad petrolera daña los humedales del Parque Laguna del Tigre.

Comentó que solo la recomendación ya es importante para la lucha contra la impunidad en el país, porque el Estado, en su conjunto, Legislativo, Ejecutivo y Corte de Constitucionalidad, favorecen a una empresa transnacional.

Explotación

Perenco se encuentra en Guatemala desde el 2001, después de haber comprado los derechos de explotación de la empresa Basic Resources. Entre sus activos se encuentran el pozo Xan y 475 kilómetros de oleoducto, la refinería La Libertad y la terminal Piedras Negras, en Izabal.

En julio del 2010, el Ejecutivo aprobó la ampliación del contrato petrolero 2-85 a favor de esa empresa, a pesar de la oposición de los ministros de Ambiente, Cultura y Gobernación.

Preocupante

Ronaldo Robles, secretario de Comunicación Social de la Presidencia de la República, señaló que el Ejecutivo seguirá con mucha atención el caso, y dijo que existe la buena intención de brindar todos los datos que se les demanden, porque las consecuencias no son para personas en particular, sino para el Estado, y eso es preocupante para el país.

El funcionario considera que una investigación internacional no afectará las relaciones comerciales entre los países. “Si se incurrió en una falta de carácter administrativo y eso deriva en un proceso de investigación, lo veríamos lamentable”, expuso.