Guatemala

Sectores sociales repudian muerte en Panzós, Alta Verapaz

Repudio, indignación y rechazo causó en varios sectores sociales la muerte de Antonio Bev Ac, de 35 años, durante el desalojo efectuado el martes último en comunidades de Miralvalle y Agua Caliente, Panzós, Alta Verapaz, que además dejó una decena de heridos.

Agentes policiales y efectivos del Ejército participan en un desalojo, en Agua Caliente, en el Valle del Polochic.

Agentes policiales y efectivos del Ejército participan en un desalojo, en Agua Caliente, en el Valle del Polochic.

La Coordinadora de ONG y Cooperativas, así como las fundaciones Toriello y Rigoberta Menchú, mediante comunicados, mostraron su repudio y rechazo a esas acciones violentas que segaron la vida de Bev Ac.

En los desalojos, que continuaron ayer, en Telemán, Panzós, participaron unos 600 efectivos militares.

Representantes de organizaciones se mostraron preocupados porque estos hechos se den en el marco de la visita del secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-moon.

Según reportes de dirigentes sociales, Carlos De La Torre, delegado de la oficina del Alto Comisionado de la ONU, llegó ayer a Miralvalle para verificar lo acontecido y emitir un informe.

MP investiga

Las primeras pesquisas del Ministerio Público (MP) establecen que Bev Ac murió a causa de golpes en la cabeza.

Agentes fiscales del MP investigan si los responsables fueron policías o militares. La esposa de Bev Ac, María Cha, asegura que su cónyuge murió por balazos de la Policía.

Dirigentes de diversas agrupaciones se lamentaron de que a pesar de la existencia de mesas de diálogo con dependencias gubernamentales se hubieran registrado esos hechos violentos.

“El argumento de propiedad sobre la tierra que dan los representantes del ingenio Chabil Utzaj es irrelevante, ya que hay litigios pendientes de resolver, y no se ha podido demostrar la plenitud de sus derechos”, señalan las organizaciones mediante comunicado.

Óscar Pop, de la sociedad civil, se mostró preocupado por los índices de violencia en desalojos, y puso como ejemplo uno efectuado la semana pasada en Santa Lucía Lachuá, Cobán.

Los hechos

El desalojo en Miralvalle fue ordenado por el Juzgado de Primera Instancia Penal de Cobán, a petición de la empresa Chabil Utzaj.

Donald González, portavoz policial, aseguró que el Ejército mantuvo presencia perimetral en la acción, y que fue la Policía la que ejecutó el desalojo.

El gobernador Vinicio Villar dijo que intentarán crear de nuevo una mesa de diálogo, para hallar una salida pacífica al problema.

“No queremos más enfrentamientos”, subrayó Villar.

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