Prensa Libre

POR SANDRA VALDEZ

Según Anaya, las consultas son una especie de “salvaguarda” de los derechos a la tierra, la cultura y la región; este último respecto de los lugares sagrados.

“Cuando los Estados deciden algo que puede afectar a los pueblos indígenas, deben consultarlos para obtener su consentimiento. Estas consultas reflejan el sentir de las comunidades”, expresó ayer Anaya durante el foro Pueblos indígenas y recursos naturales: perspectivas para un desarrollo integral e incluyente.

Afirmó: “La consulta de buena fe intenta llegar a los consensos para salvaguardar los derechos fundamentales; ese es el espíritu”.

El relator de Naciones Unidas expuso que en los estudios de impacto ambiental deben participar las poblaciones a las que afectará la actividad por la cual se hace la evaluación.

“Son otra salvaguarda; deberían ser conjuntamente con pueblos indígenas; pero si no quieren participar, lo deben hacer los Estados”, expuso.

Sin embargo, aclaró que aunque las comunidades participen en estudios, estos no remplazan las consultas comunitarias.

Reflexiones

Anaya dejó otras reflexiones: ¿Cómo visualizar sistemas económicos para que sean acordes con los derechos humanos? ¿Cuál es el papel de las empresas en un futuro de desarrollo que promueve los derechos humanos? ¿Cuál será la relación entre gobiernos, empresas y pueblos indígenas dentro de modelos de desarrollo?

En la misma actividad participóÉrick Archila, ministro de Energía y Minas, quien habló sobre el diálogo que mantienen con la Iglesia, empresas y organizaciones respecto de una problemática “que viene de años anteriores”.

Sin embargo, dijo que contestaría antes las preguntas del público, por lo cual varios se pararon para pedirle que se quedara. A pesar de eso, Archila se retiró, por lo que el líder indígena Daniel Pascual le salió al paso para recordarle que el Estado es uno, por lo que no puede justificar que es un problema anterior a su administración.