Hasta ayer, unos 300 mil vecinos de siete municipios de la región Huista, Huehuetenango, llevaban tres días sin el servicio, debido a un sabotaje de las líneas cerca de Jacaltenango y a que inconformes ocupan la subestación en la aldea las Guacamayas, La Democracia.

Sin embargo, Energuate informó que anoche se recuperó el servicio en esa región.

El problema se mantiene en siete departamentos, incluidos los cinco donde Energuate tiene clientes en áreas conflictivas: San Marcos, con 80 mil 614; Zacapa, 17 mil; Alta Verapaz, 10 mil; Huehuetenango, 60 mil 146; y Quiché, nueve mil 491.

Entre tanto, las protestas suben de tono, debido a quejas de altos cobros por parte de Energuate y optan por pagar conexiones ilegales que ofrecen otras organizaciones, por Q40 mensuales, y en algunos lugares demandan una condonación de la deuda.

En Chisec, Alta Verapaz, luego de seis días sin servicio, este comienza a restablecerse, y empleados de Energuate quitan las líneas conectadas directamente y llegan a un convenio de pago con los pobladores.

Impacto económico

Según Jaime Tupper, gerente de Energuate, el impacto económico por el robo de energía o acciones de grupos que cobran en lugar de la distribuidora, llega a Q110 millones de pérdidas eléctricas no reconocidas en la tarifa, es decir, hurto de energía. Además, Q531 millones de energía en factura que no han cobrado.

Tupper agregó que quienes pagan a otras organizaciones por la energía de Energuate, de todas formas tendrán que cancelarle a la empresa después, ya que esta suministra el servicio.

Según Carmen Urízar, presidenta de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE), estas acciones son “ilegales e indeseables” para el país, y son como el robo de cualquier otra cosa, un caso de carácter penal que se constituye en un delito que debe ser castigado por las autoridades.

Miguel Ángel Balcárcel, coordinador de la Comisión Nacional de Diálogo, señaló: “Este es un problema complejo, porque dejó de ser algo focalizado local, y se transformó en un problema de orden nacional”, al referirse a las conexiones ilegales.

“Los cálculos someros de la empresa que valida el Ministerio de Energía, y la CNEE, es que representa un ingreso anual de cerca de Q250 millones para esas organizaciones. Ese es el cobro que está previsto entre todos los usuarios”, dijo el comisionado de Diálogo, aunque también cuestionó algunos cobros elevados.

“En materia del servicio eléctrico hay una serie de deficiencias que existen entre los usuarios. No son la gran mayoría, pero ha habido cobros exagerados; por ejemplo, usted llega a consumir Q100 y de repente le llega un recibo de Q1 mil 500”, dijo.

PROBLEMA CRECE

Huehuetenango es otro  departamento afectado.

El 4 de marzo, comunidades de Morales, Izabal, cumplen 10 días sin luz.

El 20 de febrero, vecinos de varios municipios de San Marcos denuncian cortes constantes de energía.

El 14 de febrero se restablece la energía eléctrica en Estanzuela, Zacapa, después de dos semanas sin luz.

El 24 de enero, unos 200 pobladores de Salamá, Baja Verapaz, se enfrentan a trabajadores de Energuate.

Daños colaterales

Jaime Quiñónez, director del Centro de Atención Permanente de Jacaltenango, Huehuetenango, aseguró que han tenido que enviar la reserva de vacunas a la cabecera departamental, por no tener refrigeración. Con ello unos dos mil 500 niños dejaron de ser vacunados hasta que se restablezca el servicio de energía.

“Esto es un robo”

José Luis Pérez, uno de los usuarios y líderes de la  aldea San Isidro, Malacatán, San Marcos, afirmó: “Es lamentable todo lo que se está dando porque  estamos pagando unos recibos exagerados. Imagínese, todo el mes de febrero no hubo servicio de energía eléctrica y me llega una factura de Q250. Imagínese, a esto se le llama robo”.