Expertos en el funcionamiento del Sistema Penitenciario (SP) coinciden al señalar que ese hecho logró que Lima Oliva, como militar, se constituyera como una autoridad dentro de Pavoncito.

El militar cumple una pena de 20 años de prisión por la muerte del obispo Juan José Gerardi, ocurrida el 26 de abril de 1998.

Pista

El teléfono de Lima Oliva tiene ilimitado acceso a internet, dicen el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala en la investigación sobre el caso por traslado de reos que supuestamente el militar logró por medio de sus conexiones con autoridades del SP.

Según las pesquisas,  el capitán negociaba los traslados de reos por cifras que llegaron hasta los US$12 mil —unos Q96 mil—. Además se dice que Édgar Camargo, exdirector del SP, recibía US$2 mil —unos Q16 mil— por cada hecho.

El militar también utilizaba el móvil para mostrar por la red social de Facebook todas sus actividades comerciales y de relaciones públicas, porque fotografiaba los eventos de la Cooperativa Torre Fuerte, que funciona desde hace cinco años y de la cual es presidente, así como a las personas que lo visitaban en la prisión, entre quienes se menciona a políticos.

El exdirector del SP Alejandro Giammattei comentó que no son  sorpresa ninguna de las actividades de Lima Oliva, pues cuando estuvo al frente de la institución denunció esos hechos.

“En el 2006, los reos de Pavoncito se quejaban de él. Decían que violaba sus derechos humanos. Además, lo relacionaban con el narcotráfico. Se ordenó su traslado a la cárcel del Infiernito, en Escuintla, pero por una serie de amenazas se suspendió”, refirió.

El ex viceministro de Seguridad  Julio Rivera Clavería indicó que la corrupción en el SP no se inició con Lima Oliva, y considera que tampoco se acabará al abrir un nuevo proceso en contra del militar.

“Él es solo una pieza de la impunidad en el SP. Hay que recordar que comparte espacio con reos de alta peligrosidad”, afirmó.

Rivera Clavería dijo que para combatir el crimen que se genera en las prisiones  se necesita nueva infraestructura con tecnología moderna, así como la preparación del personal del SP, y se debe replantear la política penitenciaria de Estado, que contemple mayor rigor para reos peligrosos.
Gary Estrada, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, señaló que el SP sufre del olvido del gobierno central desde hace varios años.

“El SP está al final del sistema de justicia del país, y es la cenicienta de la historia”, dijo.

El ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, informó que tenía conocimiento de que en Pavoncito no se cumplía con los protocolos de seguridad.

“Sabíamos de situaciones anómalas, que aunque  no se incurría en  delitos  no debían ocurrir”, expresó.

El presidente Otto Pérez Molina también negó que tenga alguna relación con Lima Oliva. “Yo rogaría a ustedes que no presten atención a sus declaraciones. Ahora, como dicen, los patos les tiran a las escopetas”, refirió.

Confrontación

Édgar Gutiérrez, director del Instituto de Problemas Nacionales, de la Universidad de San Carlos, opina que en los señalamientos que Lima Oliva hizo contra López Bonilla  se aprecia una actitud de reclamo porque se siente traicionado.

“Creo que la furia que se nota en las declaraciones  de Lima Oliva obedece a que él participó en la campaña que el Partido Patriota hizo en el 2011, lo que ha documentado”, enfatizó Gutiérrez.

Ronaldo Leiva, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, ve que Lima Oliva manifestó una seria confrontación con el ministro, pero que no es por su condición de militar.

“La crisis del poder se da entre quien tiene la capacidad de ordenar las cosas y quienes son los que manejan administrativamente”, indicó.

Gobernación

Ministro no conocía pesquisa  

El ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, reiteró que   no tomó parte en la investigación que  efectuaban   la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y el  Ministerio Publico (MP) para capturar a funcionarios del Sistema Penitenciario.

Semanas  atrás,  López Bonilla fue cuestionado sobre señalamientos en contra de   Edy Fisher, por su supuesta complicidad con Byron Lima Oliva, pero manifestó que no existían denuncias concretas.

En este sentido, ayer reiteró que  “lo que había  era  información sobre el tema, pero no sabía que había  una investigación en curso”.

El funcionario manifestó que  fue el miércoles cuando se enteró de las diligencias que se efectuaban en busca de varios involucrados en el caso.

Ese día lo llamó Édgar Camargo y le comentó que su vivienda estaba siendo allanada y que sería detenido.

“No tenía conocimiento de la investigación porque no puedo ser juez y parte. En eso entiendo perfectamente al MP y a la Cicig”, indicó López Bonilla.

Afirmó: “En los  casos  donde participamos, una vez entra en el ámbito del MP  ya no puedo decir cómo va la investigación, porque está en el marco del accionar de la Fiscalía”.

“El señor Byron Lima y todos los imputados  producto de una investigación del MP y de la Cicig donde Gobernación no tomó parte, tienen que aclarar esa situación  legal”,  manifestó el ministro.

Presidios

Subdirectora, a cargo del SP

Silvia  Guinea  Chavarría, subdirectora del Sistema Penitenciario, asumió ayer la dirección temporalmente, mientras nombran al sustituto de Édgar Camargo, quien está detenido por asociación ilícita y lavado de dinero.

El ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, refirió que el nuevo director será nombrado en los próximos días, cuando encuentren el perfil idóneo.

“Tenemos  currículos de personas que hemos estudiado  y sobre la base de eso vamos a trabajar; necesitamos  gente con conocimiento,  con  experiencia, con un nombre  construido  profesionalmente…”. Guinea Chavarría, directora en funciones, fue notificada ayer, a las 10 horas, por Gobernación.

Proceso

Juez solicita más  seguridad

El juez primero de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, solicitó ayer a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y a la Policía Nacional Civil (PNC) que  redoblen la seguridad hoy en la audiencia de primera declaración de Byron Lima Oliva;  Édgar Camargo, quien fungía como director de Presidios, y el resto de la presunta red que funcionaba desde la prisión.

En cuanto a la petición a la CSJ, Gálvez explicó que  es para brindar seguridad en la judicatura, y a la PNC, para la protección perimetral de la Torre de Tribunales, con el objetivo de  garantizar la integridad de los fiscales, los sindicados y los abogados defensores.

Debido a la cantidad de acusados, la diligencia judicial  podría tomar dos días —hoy y el lunes próximo—, explicó el juez. Además, por el número de abogados defensores y el tiempo que tardará el MP en los señalamientos.
Por Byron Vásquez

Cifras

US$12 mil fue la mayor cantidad que supuestamente se cobró por un traslado.

15 años es el tiempo que Byron Lima Oliva lleva en prisión, por el crimen contra Gerardi.