Según los acuerdos gubernativos 72-2014, 73-2014,74-2014 y 75-2014, que determina los salarios mínimos de Q1 mil 500 para la actividad de la industria de manufactura ligera para la circunscripción económica de San Agustín Acasaguastlan y Guastatoya, El Progreso; Estanzuela, Zacapa, y Masagua, Escuintla.

Estos acuerdos son de conformidad con el artículo 105 del Código de Trabajo. En él se habla sobre la Comisión Nacional del Salario, organismo técnico y consultivo de las comisiones paritarias encargadas de asesorar  en lo que respecta a la política general del salario.

Además, dicta que  en cada departamento o circunscripción debe haber una comisión paritaria de salario mínimo, integrada por dos patronos e igual número de trabajadores sindicalizados, y un inspector de trabajo cuyo cargo es la presidencia de la misma. 

La medida entrará en vigor a partir de enero, no obstante, el Movimiento considera que las disposiciones violan garantías constitucionales y genera la ausencia de justicia y equidad.

El documento consta de 146 páginas, donde precisa la violación de las garantías constitucionales provocadas por dichas normas y pide a la Corte de Constitucionalidad que sean suspendidas de forma provisional y expulsadas del ordenamiento jurídico.

Sindicatos y organizaciones populares expresaron en diciembre último su rechazo al salario de Q1 mi 500 para aquellos municipios. Señalaron que esos ingresos son 50% el salario mínimo vigente, en tanto que la Canasta Básica marca un mismo precio en todo el país, que en noviembre era de Q3 mil 218.10.

En cambio, los alcaldes de aquellas circunscripciones dijeron que habrá beneficio para la población, especialmente las más pobres.

Blanca Alfaro, alcaldesa de Masagua, Escuintla, comentó que el salario de Q1 mil 500 es la base, y la productividad puede permitir a la clase trabajadora local a alcanzar sueldos de Q3 mil o Q4 mil.

La Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) se pronunció al respecto y mencionó que esta disposición es contraria a los derechos humanos y es una práctica discriminatoria.

Carlos Contreras, ministro de Trabajo, justificó que en aquellos municipios hay pagos mensuales de Q600, por lo que el aumento a Q1 mil 500 tendrá beneficios.

Gracias a esas disposiciones, el Ejecutivo proyecta que en 2015 habrá 10 mil puestos de empleo en los cuatro municipios.