La violencia que llevaron consigo arraigó con facilidad y floreció en El Salvador, Honduras y Guatemala, países con gobiernos débiles y disfuncionales.       

Algunos datos sobre la cuestión.      

¿De dónde proceden las pandillas centroamericanas?    

Un estudio estimó que unos 350 mil inmigrantes salvadoreños llegaron de forma ilegal al sur de California entre 1980 y 1985 intentando escapar de la guerra civil y la corrupción de su país.       

Llegaron con pocos conocimientos de inglés y muchos se asentaron en barrios pobres con fuertes pandillas mexicanas y afroamericanas.       

Para sobrevivir y evitar el acoso, algunos formaron pandillas como la mara Salvatrucha o se unieron a otras como la Banda de la Calle 18. Los miembros de estos grupos cometieron delitos graves y fueron enviados a prisión, donde se aumentó su exposición a la violenta cultura de pandillas.       

En los 90, Estados Unidos aumentó las deportaciones de inmigrantes acusados de delitos, en especial miembros de pandillas. Hasta 1.500 jóvenes salvadoreños, guatemaltecos y hondureños eran devueltos al mes a Centroamérica. Llegaban con la notoriedad de ser mafiosos de Los ngeles.       

“En estos tres países hay esta enorme explosión de bandas y miembros de pandillas, en parte debido a la forma en que los niños de la calle ganaban estatus y reputación, y en parte porque es una forma de sobrevivir”, explicó Tom Ward, profesor asociado de la USC y que ha estudiado el fenómeno.       

¿Qué relación hay entre las pandillas y la oleada de migrantes en la fronatera estadounidense?       

Mucha gente que sale de Centroamérica dice estar huyendo de la violencia de las pandillas. Pero la migración también es un intento de reunificar a las familias.     

Al menos el 80% de los jóvenes detenidos en la frontera tienen un progenitor o un pariente cercano ya en Estados Unidos, señaló Doris Meissner, ex comisionada del Servicio de Naturalización e Inmigración de Estados Unidos y miembro del Instituto de Política de Migración, un grupo de estudios bipartisano de Washington.      

Los miembros de la familia que ya están en el país han ahorrado dinero para pagar a un coyote que lleve a sus hijos a través de la frontera para que sus hijos no sean reclutados a la fuerza en las pandillas y sus hijas no sean objeto de violencia sexual.       

¿Por qué vemos ahora este éxodo de migrantes, especialmente niños?     

Los rumores en Centroamérica circulan con rapidez, y hay una persistente creencia de que Estados Unidos ha relajado su postura hacia los menores. Esa creencia se basa en recientes debates sobre un posible cambio de la política migratoria, y una modificación de la ley en el 2008 que concedía más derechos a menores en la frontera, incluyendo una vista ante un juez.       

Al mismo tiempo, las operaciones contra los cárteles hicieron que esas organizaciones criminales y sus operaciones de contrabando se extendieran de México a Centroamérica. Y más gente decidió que era hora de salir hacia Estados Unidos, donde creían que podrían quedarse.       

A los inmigrantes se les dijo que sus hijos se entregaran a la Patrulla Fronteriza porque recibirían un permiso para entrar en ese país, dijo Erico Olsson, director asociado del Programa Latinoamericano del Centro Internacional Woodrow Wilson para Académicos.       

Sin embargo, ese permiso era en realidad una orden de comparecer ante un tribunal de deportación.       

Aun así, dada la sobrecarga de los tribunales y la escasez de jueces, conseguir una vista puede demorarse hasta tres años. Entre tanto, los niños se han reunido con su familia en Estados Unidos y viven lejos de la violencia de su tierra natal.       

¿Qué han hecho y qué están haciendo los gobiernos centroamericanos y EE. UU.?       

Desde 2008, Estados Unidos ha asignado 803 millones de dólares a la Iniciativa de Seguridad Regional Centroamericana, que incluye esfuerzos para perseguir el tráfico de narcóticos, apoyo en el desarrollo de instituciones fuertes de policía y justicia, y prevención de delitos y violencia.

En general, los esfuerzos se han centrado en impedir que los jóvenes se unan a pandillas, no en perseguir a los miembros de estos grupos. Y no se ha medido de forma metódica el impacto de estos programas.       

Ahora, el gobierno de Barack Obama ha pedido que el Congreso apruebe 3.700 millones de dólares en gastos de emergencia para gestionar la crisis.

La propuesta incluye 300 millones de dólares en repatriaciones y esfuerzos de reintegración, entre otros aspectos. Además, la financiación pagaría una campaña mediática sobre los peligros del viaje a Estados Unidos y la posible falta de estatus de inmigrante legal cuando llega la gente. Parte del dinero iría a intervención de pandillas y reforma de prisiones.