Prensa Libre

POR DANILO LóPEZ

Flores está bajo la custodia de su padre en la lotificación Castillo, zona 2 de Mazatenango, Suchitepéquez. La madre, Hannah Maranda New, vive en Denver, Colorado, y también espera que se reúnan lo más pronto posible, ya que mantiene un proceso legal contra el país norteamericano por haber quebrantado la Ley y violado los derechos de la niñez, al haber deportado a un menor de la tribu sioux, que es patrimonio estadounidense.

El adolescente cursaba el tercer grado de primaria en la Escuela Jefferson Elementary, pero su preparación académica se frustró cuando fue expulsado de su país y enviado a Guatemala. Además, debería recibir tratamiento médico porque es hiperactivo.

Aunque por su edad este año ya debió haber terminado la primaria, cursó el cuarto grado en una escuela de Mazatenango.

Afronta dificultades

El adolescente está de vacaciones escolares y con dificultad trata de interactuar con algunos niños que viven cerca de su humilde vivienda, con quienes juega futbol y monta bicicleta, pero no olvida que sus padres luchan por reencontrarse y retornar a su normal forma de vida.

El padre del menor emigró ilegalmente a Estados Unidos en 1986, y 26 años después, en el 2009, fue detenido por agentes del Departamento de Migración, pero aún no entiende por qué lo deportaron, si ya tenía residencia legal en ese país.

Flores indicó que cuando fue deportado, el menor andaba con él, pero a pesar de haber dado explicaciones a las autoridades de Migración, lo encerraron en un cuarto, lo obligaron a firmar documentos y los regresaron a Guatemala.

“Las autoridades estadounidenses tenían mi dirección de residencia y trabajo porque yo pagaba mi seguro social, así como mis impuestos, y fácilmente me podían identificar. No entiendo por qué 26 años después me envían de regreso a mi país”, expresó.

No hubo audiencia

“Tenían que darnos una audiencia con el juez de Migración, pero yo nunca la tuve. No se dieron cuenta de que violaron los derechos constitucionales del niño, porque él es ciudadano estadounidense y en la misma Constitución de las tribus indígenas de ese país dice que el Gobierno y el Congreso tienen la obligación de proteger a los niños indígenas”, enfatizó.

Agregó que a las autoridades de Migración no les importó que el menor tuviera que tomar medicamentos, y que además, amenazaron con enviarlo a la cárcel si no firmaba el documento de deportación.

Explicó que labora como fontanero en la comuna mazateca, pero que sus ingresos no son suficientes para adquirir los medicamentos que su hijo necesita.

Señaló que desde que fue deportado lucha para que las autoridades estadounidenses asuman su responsabilidad y rectifiquen el error, y aseguró que sus abogados trabajan para solucionar el problema.