Roberto Alejos, expresidente del Congreso y actual diputado, señaló que muchas normas surgen de casos particulares que se busca atender, “pero su elaboración no es bien estudiada y su aplicación es difícil”.

Un ejemplo de esta práctica es la Ley para el control de Animales Peligrosos, conocida como “ley canina”, aprobada el 6 de noviembre del 2003 y que entró en vigencia en mayo pasado. Esta regula la tenencia de perros de razas consideradas peligrosas y fija controles en su crianza, pero es de difícil aplicación, debido a la carencia de métodos para determinar la peligrosidad y supervisar a cada can que es sacado a la calle.

Resistencia al cambio

De acuerdo con Amílcar Pop, presidente de la Comisión de Probidad del Congreso, los obstáculos en la implementación de las leyes provienen tanto del Estado como de dificultades prácticas para su implementación por parte de las instituciones.

Un primer nivel de resistencia en el Estado, según Pop, es contra la legislación que transforma aspectos del aparato estatal, como las leyes de Acceso a la Información Pública, contra el Femicidio, la anticorrupción y contra la Discriminación Racial.

“Hay resistencia a su cumplimiento por males históricos como el oscurantismo, machismo, y en el Estado especialmente porque ha sentado sus bases en el secretismo, la impunidad y los privilegios”, dijo Pop.

Otra normativa es la Ley Anticapuchas, que fue aprobada en 1995, durante la presidencia en el Congreso de Efraín Ríos Montt, y que irónicamente fue infringida por sus correligionarios, el Jueves Negro —el 24 de julio del 2003—, cuando protestaron para exigir la inscripción de ese general retirado como presidenciable.

En el segundo nivel de falta de cumplimiento figuran, de acuerdo con Pop, normativas con dificultad técnica, como las reformas al Reglamento de Tránsito que limitan el número de personas que pueden viajar en una motocicleta.

En el tercer nivel de falta de cumplimiento el parlamentario ubicó las leyes de Amparo y Exhibición Personal y la Electoral y de Partidos Políticos, porque ambas, según su criterio, generan “contradicciones diversas con la realidad”, lo cual ha motivado propuestas de modificaciones.

La falta de discusión y de mayor análisis antes de su aprobación afecta muchas de estas normativas explicó el diputado César Fajardo, presidente de la sala de Deslegislación.

El artículo 183, en su inciso a), señala entre las atribuciones del presidente de la República “cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes”, algo que no ocurre en su totalidad, refirió Fajardo.