La opinión del ente recaudador refiere que el efecto inmediato que provocaría la aprobación de la iniciativa causaría una reducción del 2.9% de la recaudación total y 0.3% de los ingresos respecto del producto interno bruto (PIB).

El proyecto complementa la Ley de Fomento a la Actividad Exportadora y de Maquila (decreto 29-89), así como la de Zonas Francas (decreto 65-89), que tiene vencimiento el 31 de diciembre del 2015 y que de acuerdo con la Organización Internacional del Comercio (OMC) deberá desaparecer.

Las empresas suscritas a estos regímenes gozan de exenciones fiscales en impuestos, como el ISR, IVA, IUSI e ISO, entre otros, bajo la condición de que deben generar inversión y empleo, además de que su producción debe destinarse al mercado extranjero.

El Ejecutivo, por medio del Ministerio de Economía, presentó esta iniciativa para competir con esquemas similares de incentivos a escala internacional; sin embargo, la SAT, en su argumento, expuso que habrá un efecto en los ingresos tributarios que sirven para financiar el presupuesto por la vía de los impuestos internos.

Al ser consultado, el superintendente Carlos Muñoz afirmó a Prensa Libre que se encuentra fuera del país para tratar asuntos personales y quien está en funciones es Omar Franco, intendente de Recaudación quien firmó el documento.

El Directorio de la SAT lo preside la ministra de Finanzas, María Concepción Castro.

Diferentes escenarios

En sus argumentos, la SAT indicó que de manera inicial, lo que se dejaría de percibir en impuestos internos serían Q1 mil 295 millones, pero en otros escenarios consideran que el fisco dejaría de percibir hasta Q2 mil 721 millones.

Por aparte, en la inversión amortizable, el Estado dejaría de percibir en los próximos 55 años, unos Q542 millones anuales (US$68 millones).

La SAT tomó como referencia el monto mínimo de inversión y la tasa líder de interés.

Sorprendidos

Al ser cuestionado respecto de la postura de la SAT, el diputado Antonio Ralda se mostró sorprendido, ya que dijo que técnicos de esa institución y del Ministerio de Finanzas mostraron consenso respecto del proyecto, junto con representantes de otras bancadas, el pasado 4 de febrero.

Además, que en el caso de las observaciones que se efectuaron, se emitieron las enmiendas que establecen controles para que las empresas ya existentes, y que busquen estos beneficios fiscales, no migren al nuevo régimen. Estas enmiendas, dijo, se establecieron el pasado 17 de marzo.

Para Sergio de la Torre, ministro de Economía, el análisis de la SAT es muy ligero y no cuenta con la parte de la realidad del empleo y la inversión en el país.

“No tenemos la ley de fomento que cumpla con los compromisos de la OMC y la SAT no tiene esa dimensión”, se quejó De la Torre.

El ministro expresó que solo para la industria de vestuario y textil existe una inversión de Q500 millones y para otras actividades de Q1 mil 500 millones en salarios.

De la Torre enfatizó que esos salarios generan consumo, y a su vez ingresos fiscales.

Según los registros del Mineco, 987 empresas están bajo el decreto 29-89 que gozan de beneficios fiscales, de las cuales más de 300 están relacionadas con el sector de vestuario y textil.

En el caso de zonas francas, existen 209 usuarios comerciales, 22 de servicios y 31 industriales. Se calcula que unas 600 mil personas tienen empleo directo en empresas bajo estos regímenes.

INDUSTRIA
“Matan la maquila”
Antonio Malouf, directivo de Vestex, aseguró que si Guatemala no promueve una nueva normativa que otorgue privilegios fiscales, sobre todo a las empresas de vestuario, estas se retirarán del país, de manera automática.

“Si no cumplimos, los inversionistas coreanos se va mudarán a El Salvador y a Honduras”, añadió el empresario textil.

CONTROLES
“Existió consenso”
Fanni D. Estrada, directora de la Agexport, afirmó que en las negociaciones la SAT y Finanzas participaron. “Es lógico que la SAT quiera más recaudación y esta ley generará mayor actividad económica”, indicó.

La ley promueve la inversión de nuevas empresas y existen controles para que la inversión actual no migre al nuevo régimen.

DATO

987 EMPRESAS operan bajo el decreto 29-89.