El pasado sábado, el juez cuarto de Primera Instancia Penal, Carlos Guerra,  ligó a proceso a otros cinco funcionarios que son investigados por ese hecho trágico, con lo que se abre la posibilidad de sentar un sano precedente sobre la responsabilidad de funcionarios que tienen a su cargo la protección de menores de edad.

La mayoría de los sindicados afrontan cargos por abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y homicidio culposo, aunque los señalamientos todavía podrían quedarse cortos cuando se atiendan testimonios y pormenores presentados por el Ministerio Público contra todos los relacionados en la custodia y protección de varias niñas y adolescentes que debían gozar de la protección del Estado.

La responsabilidad por muchas de las graves fallas registradas en esa tragedia llegan hasta la Presidencia, pues el propio mandatario fue advertido de incidentes previos al fatal desenlace, aunque de momento la Corte Suprema de Justicia ha encontrado inconsistentes los argumentos para tramitar una solicitud de antejuicio planteada por dos diputados contra Jimmy Morales.

Sin embargo, en la audiencia del pasado sábado la evaluación del juez determinó que un subcomisario, una subinspectora de la Policía Nacional Civil y la exsupervisora del Departamento contra el Maltrato del Hogar Virgen de la Asunción deben guardar prisión, mientras que los representantes de la Procuraduría General de la Nación y de la Procuraduría de Derechos Humanos gozarán de arresto domiciliario mientras se profundizan las investigaciones.

El caso adquiere relevancia porque diversos matices de la función pública serán juzgados, donde los primeros indicios apuntan a una cadena de fallos y abusos de personas que no cumplieron a cabalidad con sus obligaciones, sobre todo tratándose de un caso tan sensible, como el de los menores cuyo mayor problema era provenir de hogares desintegrados, inmersos en una enorme conflictividad, o vivir bajo constante abuso de parientes y por lo cual fueron puestos bajo cuidado estatal.

En cierto sentido, el sistema se encuentra en el banquillo de los acusados, y de hecho al respecto  ya se han producido otras graves denuncias, como intentos de personal  de la PNC que habría buscado entorpecer las investigaciones, lo cual tampoco se debe tolerar y más bien se espera  amplia colaboración de los mandos superiores vinculados con los encartados, en cualquiera de las dependencias involucradas.

Más que la culpabilidad o inocencia de estos funcionarios, este proceso debe servir para enviar un poderoso mensaje a quienes de manera irresponsable se desempeñan en cargos para los que quizá no estaban preparados adecuadamente o, peor aún, sabiéndolo lo hicieron con extrema negligencia, por el compadrazgos de sus designaciones, lo cual ahora queda claro puede tener consecuencias catastróficas y por lo mismo no deben quedar en la impunidad.