Prensa Libre

El horror, la indignación que se ha sentido en el mundo entero ante esta nueva comprobación de violencia, obligan a que la sociedad estadounidense y sus autoridades mediten en serio acerca de la evidente necesidad de poner límites a esa pasmosa facilidad de adquisición de armas de fuego de todo tipo y, especialmente, aquellas cuyo poder las convierte en máquinas fabricantes de masacres en cuestión de segundos.

Una prueba adicional de que ya ha llegado el momento de actuar en contra del libertinaje en la venta de armamento la constituye el hecho que el asesino utilizó las armas adquiridas de manera legal por su madre, maestra de la escuela y también asesinada por el hechor, quien luego se dirigió a la escuela para masacrar a niños que recibían clases de ella. Este es el elemento más perturbador, porque si bien la violencia criminal con armas de fuego por desgracia es común en el mundo, los criminales y asesinos en muchas ocasiones las adquieren de manera ilegal, mientras en Estados Unidos las poderosas organizaciones de lobistas de la industria armamentista hacen abortar cualquier intento de control.

La sociedad estadounidense es la única en la que son comunes las matanzas irracionales de personas, por individuos que disparan a placer en universidades, escuelas, centros comerciales y calles, y que normalmente se suicidan en el lugar o perecen baleados por los cuerpos élite de francotiradores policiales. Ciertamente hay atentados criminales terroristas en otras latitudes, pero estos se diferencian de la irracional violencia hoy comentada en que se trata de fanáticos ideológicos, religiosos, o una mezcla de ambos. En Estados Unidos es irracionalidad pura.

Veinte niños y cuatro maestros se han agregado a la lista de víctimas de masacres. Esta última tiene también el agregado de ocurrir apenas a dos semanas de la Navidad. Las banderas estadounidenses están a media asta en todo el país, pero ello no dejará de ser un hecho puramente simbólico si no comienza la lucha por enfrentar esta mal entendida libertad de tener armas que está en la Constitución de ese país. No se trata de impedir ese derecho, sino de pensar en cómo no beneficiar con ello a los criminales y perturbados.

El tema es difícil. Provocará debates y dividirá a la población entre quienes apoyan los controles y quienes no lo hacen. Pero la realidad se impone: algo se debe hacer cuando debido a la permisividad de compra de armas, las escuelas de primaria donde asisten niños a sus clases con frecuencia se vuelven sitios de masacres que comprueban hasta dónde puede llegar la maldad humana.