COLABORACION
Seguridad nacional con derechos civiles
Lo que más preocupa al liderazgo latino es que en la formulación de las políticas de seguridad nacional han influido grupos políticos.
Por: Sergio Muñoz Bata

A un año de los atentados terroristas del 11 de septiembre, Estados Unidos no ha podido todavía establecer con certidumbre ni la magnitud real del suceso ni el posible alcance de sus consecuencias.

Los atentados terroristas de aquel martes fatal han obligado al país a emprender una revisión rigurosa del concepto de seguridad nacional y a una drástica reformulación de la política exterior del país. En este sentido, la dimensión histórica de la fecha y las transformaciones que de ella podrían derivarse siguen siendo un “trabajo en progreso”, y sin final.

La preocupación por reforzar la seguridad nacional, a veces de manera obsesiva, ha llevado a las autoridades a plantearse la necesidad de hacer un escrutinio adecuado de los 517 millones de personas que anualmente entran y salen del país, muchos de ellos varias veces. Pero la dificultad de esta tarea ha traído algunos problemas colaterales que preocupan a las comunidades de inmigrantes.

La serie de ajustes en las fronteras para ejercer mayores controles ha disminuido ya el número de inmigrantes indocumentados que entran al país. También ha ocasionado trastornos a los turistas al reducir, por ejemplo, el tiempo de su estancia en el país.

Sin embargo, lo que más preocupa al liderazgo latino es que en la formulación de las políticas de seguridad nacional han influido grupos políticos, que no consideran importante preservar los derechos civiles de las comunidades inmigrantes. Se señala que ha habido casos en los que las autoridades policiacas locales, estatales y federales han utilizado “perfiles raciales” para decidir si una persona es “sospechosa”.

También preocupa a los inmigrantes y a sus líderes la “resurrección” de un memorandum de entendimiento redactado por el Congreso en 1996, en el que se planteaba la cooperación entre las autoridades policiacas y el Servicio de Inmigración. Dicho memorandum nunca fue llevado a la práctica e incluso en Los Angeles, el Concejo de la ciudad formuló una ordenanza prohibiendo la colaboración entre la policía angelina y el INS. Ahora, sin embargo, el departamento de Justicia ha recomendado que entre en vigor y ya varias ciudades han anunciado su inclinación a adoptarlo.

En el debate sobre la seguridad nacional no han faltado las ideas contradictorias. Así por ejemplo, hay fuerzas que pugnan por establecer la identidad de los extranjeros residentes en el país, mientras que otras se niegan a permitir que se expidan los documentos que los identificarían.

Considere, por ejemplo, que la oficina del Seguro Social ha empezado a enviar cartas de verificación de números del seguro social a empresas que emplean a indocumentados. Las cartas no sugieren acciones, pero han motivado a ciertos patrones temerosos de estar en una lista del gobierno como violadores de las leyes.

Por otro lado, ha sido notable la reticencia de ciertos gobiernos estatales a permitir que los indocumentados puedan solicitar licencias para conducir automóviles. Otorgársele una licencia de conducir a un extranjero indocumentado se le dota de un documento de identidad que de alguna manera podría facilitar la ejecución de posibles actos terroristas en el país.

En los próximos días, el gobernador de California, Gray Davis, debe decidir si firma un proyecto de ley, ya aprobado por la legislatura estatal, que permitiría que quienes tienen la habilidad y los conocimientos de las leyes de tránsito puedan obtener su licencia de conducir, sin tener necesidad de mostrar documentos migratorios.

Davis sabe bien el valor del trabajo de los indocumentados y sabe que sin su fuerza laboral se paralizaría el Estado y se encarecerían aún más los alimentos y los servicios. Si quiere facilitar el bienestar de California y preservar sus aspiraciones políticas, Davis debe firmar la ley que les permitiría a los trabajadores cumplir sus obligaciones laborales de la manera más eficiente.

-Sergio Muñoz Bata es miembro del Consejo editorial de Los Angeles Times.