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EDITORIAL
Pena benigna en fraude cuantioso
César Sandoval, el ex gerente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) copartícipe en la estafa de Q350 millones contra la oficina gubernamental confiada a su administración, fue condenado ayer a pasar 13 años y cuatro meses de cárcel, de los cuales tal vez a lo sumo purgue cinco.
No obstante haber sido hallado culpable de cinco cargos, este perverso cerebro de uno de los fraudes más escandalosos en un país con largo historial de saqueos al erario, ha tenido la suerte de ser visto con ojos de compasión por los integrantes del Tribunal Undécimo de Sentencia, y acogido a ese remedo jurídico, impensable para una persona de su catadura, del concurso ideal de delitos.
Con esta dispensa, delitos que suman penas de prisión por 27 años, terminaron reducidos a menos de la mitad, y como la ley permite dejar la cárcel luego de purgar la mitad de la condena, Sandoval podrá al cabo de un lustro disfrutar sin ninguna limitación de los fondos defraudados, felicitarse por su osadía y burlarse de por vida de la justicia.
Por esta circunstancia, la sentencia dictada ayer tiene un sabor agridulce. Es positiva, por constituir la primera en un caso de corrupción, que envía además una advertencia a los ladrones de cuello blanco, pero frustra lo barato que saldrá a Sandoval haber urdido y concretado un robo que tiene sumido en grave crisis de servicios al Seguro Social.
Se entiende que los jueces fallan conforme a pruebas y no por presunciones y aquí es donde el Ministerio Público debe poner sus barbas en remojo para los siguientes juicios de fraudes a ventilarse, porque en éste exhibió inconsistencias, como su pedido tardío de adicionar a Sandoval el delito de lavado de dinero, lo cual, si hubiera progresado, tal vez habría cambiado el sentido del fallo benigno proferido ayer.
Pero este caso no está cerrado, y además de la posibilidad de apelar la sentencia contra Sandoval, la Fiscalía tiene el reto de sustentar los cargos contra el eferregista Carlos Wohlers y otra docena de implicados en esta estafa, la mayoría de los cuales están prófugos.
Desde la perspectiva del interés social, es oportuno reflexionar si acaso no se hace necesario revisar las sanciones para los delitos probados a Sandoval y tipificar, además, el enriquecimiento ilícito, porque, de otra manera, los corruptos que hacen fila para ser enjuiciados podrían apelar a similar trato y volver pronto a la libertad para disfrutar el dinero robado a los guatemaltecos.
Así, en lugar de aleccionador, el sistema judicial podría caer en el rol irónico de estimular la corrupción, por las penas cortas para delitos con dificultad para ser probados, cual es adicional al privilegio de habitar en una cárcel de lujo, en donde la vida es tan plácida como vivir en un hotel de cinco estrellas.
Ayer quedó demostrado que la justicia tiene mucho camino por delante antes de ser un instrumento idóneo y confiable de defensa del interés social.
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Q 7.62134