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EDITORIAL
Escasez de agua, crisis silenciosa
Intereses particulares inconfesables han logrado mantener en la congeladora del Congreso de la República, durante muchos años, una propuesta para normar el uso del agua en el país.
Mientras eso sucede, el aprovechamiento desordenado e ilegal del líquido y la falta de recarga hídrica incuban un problema que, cuando estalle, será de alcances y efectos imprevisibles.
Las deficiencias en el abastecimiento de agua ocupan el primer lugar en los reclamos de los residentes en las áreas urbanas, mientras que en el área rural son cada vez más frecuentes las quejas de comunidades privadas del vital líquido, por personas que literalmente se roban las fuentes de abastecimiento, entre éstas los ríos, para satisfacer los requerimientos en sus propiedades.
Aunque el malestar comunitario por el robo de las fuentes de agua es constante en todo el país, dos situaciones en Retalhuleu y Santa Rosa ejemplifican el problema de manera patética.
En el primer caso, finqueros del área represaron el caudal del río Ocosito y lo desviaron a sus plantaciones, sin importarles que dejaron sin el líquido a numerosas comunidades.
En el segundo, Abel Sandoval Martínez, ex alcalde de Oratorio, Santa Rosa, y ahora flamante diputado de la alianza Gana, se apropió del 50 por ciento del río Las Marías, con lo cual afectó a unas mil 200 familias, además de que causó severos daños a un puente público.
Los dos abusos son paradigmáticos para entender el grado de impunidad, pues respecto del río Ocosito, el Ministerio Público se ha hecho de la vista gorda para no accionar, mientras que pidió la clausura del proceso en contra de Sandoval, no obstante las evidencias de peculado, usurpación de aguas y abuso de autoridad.
Independientemente de la tipificación penal, hay una violación reiterada de los artículos 127, 128 y 130 de la Constitución de la República.
El primero declara a todas las aguas bienes de dominio público; el segundo indica que el aprovechamiento de las aguas de los lagos y de los ríos para fines agrícolas o de cualquier otra naturaleza, está al servicio de la comunidad y no de persona particular alguna. En cuanto al último artículo, prohíbe los monopolios y los privilegios.
El tráfico de influencias han colocado una venda en los ojos de los diputados para no ver la cercanía de una crisis que se atisba complicada, y una de cuyas manifestaciones puede derivar en medidas de hecho en contra de la propiedad privada por parte de los afectados por los abusos, a quienes se les está agotando la paciencia.
A escala mundial, se reconoce a la disputa del agua como el detonante de los conflictos del futuro.
A nivel nacional, los conflictos están a la vuelta de la esquina, por lo que resulta ineludible que así lo entiendan los jueces, la Fiscalía, el Ejecutivo y el Congreso.
La voluntad política debe prevalecer sobre el interés particular, para atender esta crisis antes de que sea tarde.
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Q 7.62134