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EL QUINTO PATIO Cadáveres en el armario
Los actos de corrupción se clasificaron como “secreto de Estado”
Por:
Carolina Vásquez Araya
La permisividad de las autori- dades en relación con las decisiones tomadas en el seno de la institución armada, creó durante décadas un muro de contención a prueba de denuncias, de rumores y de tímidas iniciativas de ley para transparentar las finanzas de la cartera de Defensa.
Pero debía llegar el momento en el cual los abusos cometidos por ciertos oficiales en el manejo del presupuesto de la institución rebasara los límites impuestos por el secreto militar, por la indiferencia o el miedo de los gobernantes y por la complicidad de civiles en puestos clave.
No cabe duda de que durante el gobierno del FRG y bajo la mirada complaciente de funcionarios de alta jerarquía, se cometieron atrocidades como la desaparición de miles de millones de quetzales no sólo en el Estado Mayor Presidencial, en el Instituto de Previsión Militar o en el Banco del Ejército, sino en todas y cada una de las entidades estatales.
Sin embargo, el Ejército tampoco antes fue suficientemente fiscalizado. Durante los gobiernos castrenses, porque Ejecutivo y Ejército eran prácticamente lo mismo.
Luego, durante los gobiernos civiles, porque los presidentes le tenían tanto miedo que ni siquiera intentaron meter la nariz en las cuentas confidenciales, mucho menos contarle las costillas al Ministerio de la Defensa.
Todo lo contrario, se limitaban a darle más dinero cada vez que lo exigía, sin hacer demasiadas preguntas, porque al fin y al cabo siempre conseguían algo a cambio.
Esto demuestra que en el proceso democrático ha existido una zona liberada, en la cual no han tenido cabida ni las leyes ni los reglamentos impuestos al resto de las instituciones.
En otras palabras, el país ha vivido institucionalmente bajo la sombra del miedo, un miedo tan palpable que ni siquiera se puede mencionar.
Archivos destruidos, amenazas, testigos desaparecidos o simplemente silenciados, ha sido una constante cada vez que alguien osa abrir puertas prohibidas.
Sin embargo, si lo que se pretende es construir una democracia participativa, sólida, capaz de sostener sus propias estructuras, es imprescindible revisar archivos, iniciar investigaciones y revelar públicamente los abusos cometidos por los malos elementos que han transformado a una de las instituciones más privilegiadas del país en una cueva de ladrones.
El secreto de Estado debe ser una figura controlada por el Estado, no por el Ejército ni por el Ministerio de la Defensa.
Es a las autoridades civiles a quienes corresponde tomar las decisiones de seguridad nacional, y éstas no tienen derecho a delegar en otros las obligaciones para las cuales fueron electas por el pueblo.
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